España tarde o temprano será un país plenamente renovable en materia energética. Pero el peaje no habrá salido barato, sobre todo por algunos pasos en falso que se han dado en materia política. Esta situación la intenta enmendar el Gobierno peleando algunos laudos dictados y cuya interpretación legal deja un resquicio para no seguir perdiendo dinero.
La situación se deriva del recorte a las primas renovables que se ejecutó por el gobierno popular en 2013. Tras esta situación, decenas empresas y fondos han reclamado ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Ante este contexto, España ha sido condenada en numerosos casos, y los costes ya superan los 1.000 M€. Aunque esto no es motivo para seguir peleando cada caso.
Según ha podido conocer MERCA2, España ha trasladado a un tribunal federal americano la disputa con los fondos Cube (Luxemburgo) y Demeter (Francia) de un laudo perdido por valor de 34 M€ más costes, aludiendo a que no se puede aplicar.
No sería la primera vez que España lleva a cabo esta acción: reclamar en las cortes de Estados Unidos la nulidad del laudo. Argumentan la inaplicabilidad de la sentencia en la Unión Europea y en precedentes ya conocidos. La moción, presentada el pasado mes de diciembre, reclama dejar sin efecto este laudo favorable a los fondos que, en un principio, pedían una cantidad cercana a los 70 M€.
Cube había reclamado por el impacto del cambio de la norma sobre tres plantas fotovoltaicas: las de Puente Génave, San Martín de Pusa y Écija, por lo que pedía una indemnización de 11,14 millones. A estos se le suman otros 62,94 millones que reclamaban en suma tanto este fondo como Demeter (49,83 millones el primero y 13,11 millones el segundo) por los efectos sobre sus intereses hidroeléctricos. Aunque esas cifras, como se ha señalado, finalmente no fueron aceptadas. Y ahora, lo que busca España, es ir más allá.
LOS ETERNOS LÍOS RENOVABLES
Los problemas del pasado tendrán su eco los próximos meses. Hace unos días se conoció que el Gobierno quiere bajar la factura de la luz un 13% en los próximos cinco años. Para ello sacará del recibo que pagan los ciudadanos las retribuciones que perciben, entre otras, las energías renovables. Dichos costes -de unos 7.000 M€/año- serán asumidos por el conjunto del sector energético, incluyendo empresas gasistas o petroleras. Aunque la medida tendría una puerta trasera: otros costes energéticos como los combustibles podrían subir de precio.
Esta medida presentada en forma de anteproyecto de ley por el equipo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pretende bajar la factura de la luz eliminando este coste que, ahora mismo, supone el 16% del recibo. El objetivo, o triple objetivo como señalan desde el Gobierno, es “evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía; y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años”. No obstante, todo indica que se trata de un gol preelectoral que quiere colar el Ejecutivo ante una legislatura que se mantiene complicada. Básicamente porque tocará negociar con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto, y por ahora en materia energética no siempre ha salido todo bien.
Así, la situación pretende equilibrar el entramado energético y que no sean solo los consumidores eléctricos quienes se hagan cargo de las retribuciones de las renovables, cogeneración y residuos. Aunque detrás de esta medida, también hay posturas encontradas con respecto a quiénes son los que más estaban aportando al proceso de descarbonización. Cabe recordar que esta medida afectará, sobre todo, a las grandes empresas eléctricas, como el caso de la propia Endesa e Iberdrola, pero que también enfoca de manera directa la caja de Naturgy, Repsol y Cepsa… y así un total de 500 empresas.
Parte del sector eléctrico entiende que desde hace años la electricidad se encuentra “penalizada”, ya que los consumidores eléctricos han de pagar en sus facturas el coste de desarrollo de las renovables y la cogeneración. “Se trata de unos costes que hay que pagar, pero que no deberían cargar exclusivamente sobre el consumidor de electricidad, pues obedecen a la necesidad de descarbonizar toda nuestra energía”. Y vuelta a empezar.
