El PSOE ha reconocido la existencia de retrasos a la hora de resolver litigios con las compañías aéreas y cree necesario acreditar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que sus resoluciones sean de aceptación obligatoria y vinculantes para estas empresas.
Para ello, la formación de Gobierno ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que apuesta por regular un procedimiento de resolución alternativa de litigios para la protección de las personas usuarias del transporte aéreo ante la AESA.
Para ello, plantean que este organismo debe ser reconocido como entidad de resolución alternativa en el ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo, conforme a la trasposición europea de 2017 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
Y es que, tal y como recalcan en su iniciativa desde esta formación, el sector aéreo es uno de los que más reclamaciones acumula por parte de consumidores. Concretamente, las de compensaciones por denegación de embarque, cancelación o gran retraso de vuelos son tramitadas ante la AESA.
Esta agencia ha recibido hasta el pasado 30 de septiembre 30.565 reclamaciones por falta de reembolso relativas a incidentes durante el estado de alarma –entre el 15 de marzo y el 21 de junio– lo que está provocando «importantes retrasos en la resolución de las mismas», reconoce el PSOE.
A 30 de septiembre, el plazo medio de resolución de una reclamación desde su recepción es de 119 días, pero hay que añadir el plazo de un mes adicional del que dispone la compañía para acreditar el pago en caso de que se requiera. Eso supera en la mayoría de los casos el plazo máximo de 90 días, ampliables a 120, indicados en la Carta de Servicios de AESA.
Pero es que además se trata de un procedimiento meramente informativo y no vinculante, por lo que aun contando con una respuesta favorable, el consumidor debe iniciar un procedimiento judicial para hacer efectivos sus derechos. Una situación que, argumenta el PSOE, dilata el procedimiento, sobrecarga los juzgados, y obstaculiza la función de la AESA para proteger y defender los intereses de los usuarios e transporte.
«El retraso en la resolución de las reclamaciones, así como su avocación a la vía judicial para ver protegidos sus derechos, retrasando aún más la satisfacción de sus intereses, obliga a los poderes públicos a reformular el procedimiento de reclamación de los usuarios del transporte aéreo», concluye el PSOE.
