La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha cuestionado este jueves la técnica de la contrarreforma del impuesto sobre el patrimonio recogida en la enmienda presentada por parte de ERC, apoyada también por Unidas Podemos, para la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio en la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
En un comunicado, los asesores fiscales han explicado que la referida enmienda configura una reforma en profundidad «no únicamente del impuesto sobre el patrimonio, sino de todo el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas».
Según Aedaf, la finalidad de la enmienda no es otra que «armonizar» el Impuesto sobre el Patrimonio. «Esto se pretende llevar acabo a través de la creación de un nuevo impuesto, dentro del propio impuesto, por medio de la instauración de la «cuota estatal», ha indicado la asociación, que ha apostillado que esto solo afectaría a los contribuyentes sujetos por obligación personal, y no a los residentes.
La asociación ha señalado que la consecuencia de ello es que el contribuyente deberá pagar, en todo caso, esta nueva cuota de impuesto, de la que podrá deducirse la cuota a ingresar que le corresponda a la Comunidad Autónoma, lo que implicará el pago de un impuesto mínimo armonizado en España.
Por otro lado, la enmienda establece que las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión corresponderán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin perjuicio de las que pudieran tener las CCAA.
Aedaf ha apuntado que parece «imprescindible que la reforma se lleve a cabo mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA, que es el órgano competente para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las CCAA y de la Hacienda del Estado».
Así, ha agregado que el apartado dos, letra h, de dicho artículo establece que el Consejo entenderá, entre otras materias, de «todo aspecto de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada».
INCONSTITUCIONALIDAD
Además, los asesores fiscales han subrayado que por medio de una Ley de Presupuestos se está, no solo generando un nuevo impuesto, a través de una «cuota estatal», sino que se está vulnerando la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las CCAA.
Nuestros tribunales ya han mantenido en diferentes sentencias que no es posible crear, a través de leyes de presupuestos, nuevas figuras impositivas, puesto que, de hacerlo, se vulnera el artículo 134.7 de nuestra Constitución», han explicado los asesores.
En concreto, han indicado si bien es cierto que no se está instaurando un nuevo impuesto ‘ex novo’, el cambio propuesto sí supone una recreación del impuesto actual, a través de una modificación sustancial de la naturaleza del propio tributo.
Por ello, la situación podría llevar a que, si la propuesta es finalmente aprobada por el Congreso, podría llegar a ser declarada inconstitucional, según Aedaf.
MODIFICACIÓN DE LOFCA
Por su parte, la asociación ha resaltado que con esta enmienda se está, «no solo modificando una Ley Orgánica (Lofca), sino que se está atacando el principio de corresponsabilidad fiscal de las CCAA y el propio sistema de financiación autonómico».
Esta anotación la hace con base en que La Lofca, en sus artículos 11, 17 y 19, establece que a las Comunidades Autónomas se les cederá íntegramente, entre otros impuestos, el de Patrimonio, con competencias en ciertas materias normativas, como en gestión, inspección y recaudación del tributo.
Además, ha señalado que la ley que desarrolla dicha norma, la 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA, el aumento de la autonomía y la corresponsabilidad y la mejora de la dinámica y la estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos cede el Impuesto sobre el Patrimonio a las CCAA de régimen común, no solo en cuanto a su recaudación, sino en cuanto a la gestión y las materias que pueden normar.
«Estas últimas se cedieron para permitirles adecuarse a la realidad económica y social de cada Comunidad Autónoma lo que comporta, inevitablemente, que haya una diferenciación normativa entre comunidades, sin que ello suponga un principio de discriminación entre ciudadanos del Estado», ha recogido Aedaf.
A esto, los asesores fiscales han resaltado que el sistema de financiación autonómica se ha basado en el principio de autonomía financiera como fundamento de la autonomía política de las comunidades, y en el de la corresponsabilidad fiscal con el Estado.
Con todo ello, Aedaf ha advertido de que si el legislador quiere modificar el Impuesto sobre el Patrimonio, en la línea propuesta por la enmienda analizada, deberá acudir a una modificación de la Lofca y sus leyes complementarias, para que se ajuste a la normativa vigente.
