La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha reconocido que la nueva ley hipotecaria, puesta en marcha en junio del año pasado, puede restringir el acceso a la vivienda en propiedad a algunos colectivos con rentas bajas debido a que obliga a cumplir con unos estrictos estándares en el análisis de la capacidad de pago de los clientes.
«Sin duda se debe ser especialmente cuidadoso en la concesión de nuevas operaciones, pero debemos asumir que, inevitablemente, la aplicación de unos estándares estrictos, como exige la Ley, puede restringir el acceso a la vivienda en propiedad a algunos colectivos con rentas bajas», ha indicado durante su intervención en unas jornadas sobre el mercado hipotecario post-Covid organizadas por Adicae.
La actual ley hipotecaria obliga a evaluar en profundidad la solvencia del potencial prestatario, fiador o garante antes de celebrar un contrato de préstamo. Delgado considera que «no se debe olvidar jamás» que el elemento fundamental que debe considerarse en la concesión de un préstamo no es el valor del colateral, sino la capacidad de pago del acreditado.
«La Ley deja muy claro que el valor de la garantía no debe ser el factor primordial a la hora de conceder la financiación», ha subrayado la subgobernadora del Banco de España. En su opinión, la última crisis financiera enseñó lo «doloroso» que puede llegar a ser el negocio de conceder una hipoteca a una persona que tiene pocas posibilidades de cumplir con las obligaciones de pago.
«Se trata de un pésimo negocio para la entidad, pero también para el cliente y la sociedad en su conjunto», ha subrayado Delgado, al tiempo que ha añadido que el crecimiento «desbocado» de los precios es también un factor que acaba limitando el acceso a la vivienda en propiedad.
En cualquier caso, considera que la sociedad ha evolucionado y, con ella, el nivel de exigencia en cuanto a transparencia, diligencia, rigurosidad y honestidad que se espera de la banca. «Creo que el sector está respondiendo a este reto, que implica lograr un importante cambio cultural en el modo en que se relaciona con su clientela», ha señalado.
En opinión de Delgado, resulta evidente que, en términos económicos, el coste de la litigiosidad y su terrible efecto en la reputación de todo el sector sobrepasa «con creces» cualquier hipotético beneficio que entidades individuales hubieran podido obtener a través de prácticas cuestionables.
Por otro lado, Delgado ha reconocido que es prematuro analizar los resultados que la Ley pueda estar teniendo sobre la mejora de la seguridad jurídica, pero sí que ha afirmado que se ha podido constatar algún cambio en la evolución de las reclamaciones recibidas en el Banco de España.
En los últimos años, los problemas relacionados con las hipotecas han determinado la evolución del número de reclamaciones recibidas en el Banco de España, particularmente por cláusulas suelo y por los gastos de formalización en los préstamos hipotecarios, que determinaron que en el año 2017 se alcanzase el récord histórico de reclamaciones recibidas.
Sin embargo, las reclamaciones realizadas en relación a la financiación hipotecaria descendieron en 2019 hasta niveles de hace una década. «Esperemos que esta tendencia continúe, pero por encima de cambios puntuales en la serie histórica, quiero resaltar el hecho de que la problemática detrás de estas reclamaciones proviene de operaciones firmadas con anterioridad a la Ley», ha precisado.
En definitiva, Delgado espera que la Ley de crédito inmobiliario, junto a la nueva cultura bancaria de relación con la clientela, proporcione un marco adecuado para el desarrollo del mercado hipotecario, dejando por fin atrás la inseguridad jurídica que ha venido arrastrando.
