El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha publicado el primer análisis sobre el ‘Estado del mercado de los agregadores de movilidad compartida en España’ y concluye que se pueden estar dando condiciones de uso fraudulento de fondos públicos para el desarrollo de estas plataformas al no cumplir con las exigencias de la normativa.
En el documento se describe el estado actual de las empresas españolas que actúan como agregadores de oferta de vehículos eléctricos de uso compartido (bicicletas, motosharing y patinetes) y se hace un análisis sobre las características de los mismos.
El trabajo del grupo de análisis sobre nuevas formas de movilidad urbana de la entidad, además de comparar a los actuales agregadores con sus competidores en Reino Unido o Francia, pone en tela de juicio su capacidad para poder competir con otras empresas más innovadoras como la londinense Citymapper o la española Meep, una plataforma lanzada en Madrid que ha captado más de 2 millones de euros y que ya trabaja con más de 35 operadores, como la EMT de Málaga o Valencia, Malta Public Transport, Alsa o Radio Teléfono Taxi.
Según el análisis del Instituto, los operadores más relevantes en España son Cooltra, Yego y Acciona, y tienen una cuota de mercado prácticamente monopolística en las principales ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia o Madrid.
El análisis estudia una por una estas compañías, y destaca la falta de componente innovador al demostrar que han externalizado prácticamente toda la tecnología que utilizan a empresas ajenas, como Scutum, fabricante de Silence, motos utilizadas por Acciona y SEAT; la catalana Rayvolt, que fabrica las bicicletas de Yego o Invers, el principal sistema tecnológico que utiliza eCooltra.
Estas empresas tienen la consideración de start-up y se unen, expone el análisis del Instituto Coordenadas, «a la burbuja de empresas tecnológicas, habiendo obtenido financiación de fondos de inversión, como Yego, que recientemente cerró una ronda de financiación de 7,5 millones de euros liderada por Ponooc, fondo de origen holandés.
Por otro lado, relata que Cooltra se ha capitalizado con más de 50 millones de euros por parte del ‘family office’ alemán HS3, que son los dueños de más del 85% de la empresa, y el año pasado encargó la venta de su compañía al banco GP Bullhound, «sin éxito».
Por su parte, añade, Acciona Mobility ha sido capitalizada con más de 14 millones de euros por parte de su empresa madre. «Todas ellas carecen de tecnología propia, lo cual posiciona a las empresas españolas por debajo de empresas como la alemana Tier o la francesa Pony», afirma el trabajo.
FINANCIACIÓN PÚBLICA
Según este análisis, algunas de estas empresas podrían haber estado «engañando a la administración pública al obtener financiación de entidades públicas como Enisa, a la vez que externalizan toda su innovación, como es el caso de Cooltra con la suiza Electric Feel, casualmente la misma empresa que utiliza otra empresa de motosharing de Barcelona llamada Gecco, que tiene las mismas motos que la anterior y carece de página web, o Invers, utilizada por ambas».
En el análisis se critica la falta de presupuesto en tecnología y el foco de estas empresas por capturar el mercado de la forma más rápida posible, llegando a invertir muchos millones de euros en marketing, «sin haber demostrado ser rentables. En este sentido, el Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto, se vería involucrado por el presunto uso fraudulento de fondos, ya que se podría estar malversando el dinero del contribuyente».
Los analistas del Instituto recogen la reciente protesta de los «nuevos operadores de motosharing de Barcelona por el imcumplimiento flagrante de operadores ya instalados como Acciona y Cooltra al superar con creces el número de licencias adjudicadas, comportamiento que no ha sido penalizado todavía por el consistorio de Ada Colau, pese a que las empresas lo han admitido en declaraciones públicas».
En este sentido, se incluye el dato de que la Oficina Antifraude de Cataluña ha anunciado la apertura de una investigación al equipo de movilidad de Colau por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 1,2 millones de euros.
Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas señala que “es necesario invertir en la creación de empresas y convenios universitarios para fomentar la innovación y la creación de plataformas de integración de diversos modos de movilidad que aporten valor al usuario, desarrollando tecnologías que integren realmente todo el proceso, aportando valor a la cadena productiva y al usuario, algo imprescindible si realmente se quiere trabajar en una nueva movilidad”.
