La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, ha mostrado su rechazo frente a los «requisitos adicionales» que el Gobierno prevé introducir en las sociedades de inversión de capital variable (sicav), como una participación mínima de 2.500 euros por accionista, porque considera que «penalizarán a la industria de inversión colectiva local».
«La regulación de las sicav españolas ya contempla requisitos adicionales a los que presentan las sicav comunitarias europeas, que se comercializan en el país con pasaporte y tienen el mismo régimen fiscal», ha señalado el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama.
El Gobierno tiene previsto establecer «requisitos adicionales» para disfrutar de los «beneficios fiscales» de las ‘sicav’, que tributan por sus beneficios al 1% y cuentan con un diferimiento fiscal que les permite no declararlos hasta que no se produzca la venta de las acciones. Esta medida no está incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, sino que se recogerá en otra normativa.
La patronal sostiene que estas nuevas condiciones irán en perjuicio de la industria de inversión colectiva local y sus empleos asociados, ya que las sicavs invierten casi un 30% de su patrimonio en acciones domésticas, frente al 1,5% de media de las instituciones extranjeras. «Cuantos más requisitos se impongan, menor desarrollo tendrán las sicavs frente a las de otros países», ha argumentado Martínez Aldama.
Asimismo, según avanzó ayer la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el Gobierno quiere otorgar más competencias a la Agencia Tributaria sobre estas instituciones de inversión colectiva, que gestionan más de 27.090 millones de euros a cierre de septiembre.
En este sentido, Inverco ha señalado que «darle a Hacienda esta nueva competencia», ahora bajo tutela de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es algo que «no ocurre tampoco en ningún país de la Unión Europea y supone establecer una diferencia más», según el presidente de la patronal.
La patronal ha reclamado al Gobierno que «cierre la incertidumbre sobre este producto de ahorro», que según las últimas estadísticas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aglutina a unos 397.481 accionistas en unas 2.541 sicav registradas en España, a cierre del primer trimestre. De estas, 1.955 tienen menos de 150 accionistas.
Las sociedades de inversión de capital variable exigen un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes. Esta condición del mínimo de accionistas solo está vigente en Portugal, además de España, donde además deben proporcionar información sobre los accionistas significativos, que no es pública en otros países.
Este tipo de sociedades son el instrumento utilizado por algunas grandes fortunas para invertir su patrimonio, como es el caso de las sicav Soandres de Activos, de Sandra Ortega –la mujer más rica de España– o Morinvest, vinculada con Alicia Koplowitz. No obstante, su uso también canaliza el ahorro hacia los mercados financieros y pueden acceder a estos vehículos los pequeños ahorradores.
