Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (en nombre de los gobiernos europeos) han acercado sus posturas sobre el mecanismo que vinculará el desembolso de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, pero siguen manteniendo importantes diferencias con respecto al presupuesto comunitario de los próximos siete años.
Los equipos de ambas instituciones se han reunido a lo largo de esta semana para avanzar en los dos asuntos. Aunque se han constatado avances en cuanto al sistema que vinculará las ayudas europeas a que no se adopten medidas a nivel nacional que pongan en peligro los intereses financieros de la UE, persiste el bloqueo en las conversaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027.
«Atmósfera constructiva y ORIENTADA A conseguir resultados en la reunión de hoy sobre el Estado de derecho. Un acuerdo está al caer», ha celebrado en Twitter el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, que representa a la Comisión Europea en estas negociaciones.
Un portavoz del Gobierno alemán, que lidera las negociaciones en nombre de las capitales europeas como presidencia de turno de la UE, ha calificado la última reunión de este jueves sobre el Estado de derecho como «muy constructiva y productiva. Las posiciones están «bastante cerca», ha dicho un alto funcionario europeo.
A su vez, fuentes parlamentarias reconocen todavía «les faltan algunos metros para llegar a la meta,» aunque «parece que lo conseguirán». En un comunicado, el Parlamento Europeo ha señalado que «todo está todavía por cerrar», así como que sus representantes se sentarán de nuevo en la mesa de negociación en noviembre una vez haya mantenido «debates internos».
En lo que sí coinciden ambas partes es en el hecho de que los últimos contactos sobre el presupuesto comunitario se han saldado con «ningún avance». «Las negociaciones siguen siendo muy complicadas, sigue habiendo lagunas importantes», ha dicho el portavoz del Gobierno alemán sobre este asunto.
La Eurocámara, por su parte, ha acusado a los gobiernos de rechazar «ciegamente» una nueva propuesta sobre cómo introducir los casi 13.000 millones de euros en costes en intereses derivados del plan de recuperación en el presupuesto de los próximos siete años.
En concreto, los eurodiputados apostaban por mantener este dinero fuera del MFF pero «sin distribuirlo entre programas europeos emblemáticos» con el objetivo de «dejar un margen significativo que sería muy bienvenido para financiar necesidades imprevistas».
Las negociaciones de estos dos asuntos son clave para poner en marcha el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, cuya entrada en vigor se retrasará al menos hasta mediados de febrero en el mejor de los escenarios.
Para que la Comisión Europea pueda emitir deuda, necesita el visto bueno unánime de todos los gobiernos de la UE. Hungría y Polonia ya han avanzado que están en contra de cualquier mecanismo que ligue los fondos europeos al Estado de derecho, por lo que podrían utilizar su desacuerdo para bloquear el plan de relanzamiento.
Además, aunque Varsovia y Budapest se dieran por vencidas y aceptasen el acuerdo que salga de este tema con el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales tienen que ratificar la decisión sobre el techo de recursos propios de la UE (que en la práctica es lo que permite a Bruselas captar fondos en los mercados) en un proceso que se prolongaría entre dos o tres meses.
