El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que acaba con la etapa de austeridad no ha estado exenta de polémica. El Gobierno ya ha anunciado que antes de marzo fijarán los precios del alquiler. Una decisión que no ha sentado nada bien en el sector del arrendamiento y advierten de que caerá la oferta y subirá el precio, pero también provocará la fuga de socimis y la aparición de guetos con listas de espera para acceder a un piso regulado.
El anuncio por parte del Gobierno de una futura Ley de Vivienda en cuatro meses ha levantado ampollas entre los players del sector. En declaraciones a MERCA2, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, critica que “esto no es una regulación, es una intervención del mercado en toda regla, una medida puramente ideológica”, y añade que “es contraria al libre mercado de alquiler”.
Además, insiste en que no es comprensible intervenir la renta de los alquileres “justo cuando el mercado de alquiler experimenta una bajada considerable de las rentas, situándose a niveles de 2018 y con la previsión que a finales de año las rentas bajen incluso mucho más”.
En este sentido, Zurdo alerta de que adoptar medidas tan restrictivas para los arrendadores como la intervención de los precios, puede generar que los propietarios no se conformen y acudan a la economía sumergida para compensar las diferencias económicas, lo cual generaría la creación de una bolsa de dinero negro, además de pagarse menos impuestos.
PROBLEMA ESTRUCTURAL EN ESPAÑA
Para la directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), Beatriz Toribio, la puesta en marcha de una regulación de los precios del alquiler residencial “no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible”.
Además, lamenta que esta regulación supone incrementar aún más la inseguridad jurídica existente en el mercado, cuando una medida eficaz sería establecer un paquete de ayudas directas con una dotación de unos 700 millones de euros para reducir la tasa de esfuerzo en el pago del alquiler de los colectivos con menores ingresos.
Por otro lado, Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguro evidencia que “la intervención de los precios del alquiler a nivel nacional va a traer consigo daños irreparables para el mercado, pues tal y como hemos comprobado con la experiencia en Cataluña, esta irá ligada estrechamente con una fuerte retracción de la oferta y por tanto provocará la subida de los precios y un grave aumento de la economía sumergida”.
De hecho, denuncia que “estas medidas se toman en el peor de los momentos, en plena pandemia, en la que nos encontramos en una situación excepcional en todos los ámbitos, incluido el alquiler” y añade que “el mercado del alquiler se ha ido adaptando y ajustando al momento que estamos viviendo al tratarse de un mercado sano y maduro que se autorregula.”
De hecho, desde Alquiler Seguro lamentan que, con la entrada en vigor de la limitación de los precios del alquiler, “el Gobierno continúa desanimando y atemorizando a los pequeños propietarios, que son los que realmente tienen en sus manos las viviendas y no los grandes tenedores”.
Así, los expertos del sector coinciden en que deberían aparcar este tipo de regulaciones y ofrecer a los propietarios las garantías suficientes para que pongan sus viviendas en alquiler, lo que aumentaría la oferta y la contención de los precios al ser más sencillo el acceso a la vivienda”.
CASTIGO A LAS SOCIMIS
Por otro lado, el proyecto de Presupuestos de 2021 incluye que las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria tendrán una tributación mínima del 15%. Sin duda, un varapalo ya que hasta ahora gozaban de un régimen fiscal muy ventajoso, con un tipo del 0%.
Una tributación mínima, que aplicará sobre los beneficios no distribuidos, por ley están obligadas a distribuir, al menos, el 80% del beneficio generado en España, y que supone un duro revés para las socimis.
