La solicitud de cautelar con la que los trabajadores de la fábrica de Cervo (Lugo) pretenden paralizar temporalmente el expediente de regulación de empleo (ERE) de Alcoa ha sido presentada este viernes en el registro del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El comité de empresa informa de esta decisión, anunciada en cuanto la multinacional avanzó su intención de aplicar el despido colectivo para 524 empleados, en un comunicado con el logo de los tres sindicatos (CC.OO., CIG y UGT).
La cautelar, en concreto, pide la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y «subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme».
El ERE al que se oponen los trabajadores, en huelga indefinida desde hace días, llega después de un proceso de negociación fallido para la venta de la fábrica de A Mariña de Lugo a Liberty House.
En un último momento fue el Gobierno, a través de la SEPI, el que intentó adquirirla, pero la empresa también rechazó la oferta, entre acusaciones de ambas administraciones (la central y la gallega) de actuar «con mala fe» y para evitar tener un competidor en el mercado del aluminio.