Oxfam Intermón propone medidas fiscales urgentes para su inclusión en los Presupuestos de 2021, y otras a medio plazo, para sostener los servicios públicos y paliar el impacto socioeconómico de la pandemia en España, dirigidas a gravar la riqueza, el capital y a las grandes empresas con el fin de recaudar unos 10.000 millones de euros más al año, como un nuevo impuesto excepcional y limitado para las empresas que hayan aumentado beneficios de manera extraordinaria durante la pandemia.
Así figura en el informe ‘Una nueva fiscalidad para que nadie quede atrás’, en el que la organización considera «vital» corregir «lo antes posible» la «precaria» situación fiscal e impositiva que presenta España para poder hacer frente a las consecuencias socioeconómicas y a la recuperación de un sistema público «empobrecido y deteriorado desde la crisis de 2008».
En relación al PIB, España recauda 4 puntos porcentuales menos que la media de la Unión Europea, según explica el autor del informe y coordinador de investigaciones de Oxfam Intermón, Íñigo Macías, que añade que no se hace de forma justa, puesto que el peso de la recaudación (83%) recae sobre las familias, mientras que las empresas sólo contribuyen con el 11%.
Por ello, propone una serie de medidas para que, en situación de normalidad económica, se puedan recaudar unos 10.000 millones de euros más cada año, unos recursos «suficientes para tapar, casi en su totalidad, la brecha de 12.000 millones de euros que separa el gasto en protección social en España de la media europea».
«España tiene ante sí un amplio recorrido para conseguir que el gasto público sea una herramienta efectiva en la lucha contra la desigualdad y la pobreza», subraya Macías.
IMPUESTO A LOS BENEFICIADOS DE LA PANADEMIA
Entre las medidas urgentes que la ONG pide que sean contempladas en los próximos Presupuestos está la creación de un «impuesto excepcional de duración limitada» para las empresas que han visto aumentar su facturación y sus beneficios de manera extraordinaria.
En detalle, se trataría de un recargo extraordinario sobre el tipo nominal del Impuesto de Sociedades (25% actualmente), de duración limitada y aplicable sobre aquella parte de los beneficios considerados extraordinarios.
Estos beneficios extraordinarios serían aquellos que excediesen una rentabilidad superior al 1,2% calculados en relación al capital (fondos propios) de la empresa. A partir de este límite, se podrían establecer diferentes recargos de manera escalonada y progresiva en función del volumen de beneficios extraordinarios.
Además, apoya la adopción de un impuesto sobre los servicios digitales y un impuesto a las transacciones financieras, incluyendo productos derivados, que recaería sobre los operadores financieros sin apenas impacto sobre la ciudadanía o sobre la economía real.
Oxfam Intermón alerta que, en el corto plazo, la caída de la actividad económica supondrá una importante bajada de los ingresos tributarios y, por tanto, el Estado tendrá menor capacidad para reducir el impacto social y económico provocado por la pandemia, por lo que insta a pedir un mayor esfuerzo fiscal a quienes menos han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, y a quienes se han visto beneficiados por las circunstancias.
En paralelo, considera que las empresas que reciban recursos públicos durante este periodo deben comprometerse a tener un comportamiento fiscal responsable.
MEDIDAS A MEDIO PLAZO: SOCIEDADES, PATRIMONIO E IRPF
De igual forma Oxfam Intermón propone medidas a medio plazo, cuando se retome el crecimiento económico, que permitan resolver algunas de las deficiencias del sistema tributario y sostener un Estado del bienestar «debilitado desde la crisis de 2008», después de que el gasto sanitario se redujera en un 11,2% entre 2009 y 2018, según el informe.
Para ello, propone una serie de ajustes en el Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta que por esa vía llegaban en el año 2007 unos 22 de cada 100 euros de ingresos tributarios, mientras que ahora son sólo 11.
También pide ajustes que eviten ventajas para las multinacionales de matriz española, un ajuste por doble imposición interna e internacional, las exenciones por doble imposición, eliminación de la reducción por intangibles («patent box») y la eliminación del régimen para entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE).
Entre los ajustes externos se pretende poner coto a la fiscalidad empresarial que, por razones fiscales y no por motivos económicos, acaba en países de baja tributación. Las medidas supondrían un aumento en la recaudación cercano a los 1.136,4 millones de euros.
En este sentido, subraya que, en 2016, 134 multinacionales españolas con una facturación anual de más de 750 millones de euros pagaron el 12,6% de su beneficio neto global en impuestos, más de 12 puntos por debajo de lo que por ley les corresponde.
También pide reformar el Impuesto de Patrimonio para recaudar más de 2.700 millones más, al considerar que las exenciones, las bonificaciones autonómicas, la evasión derivada de tener la riqueza en determinados países y también la valoración de los bienes muy por debajo del precio de mercado son aspectos a corregir para que este impuesto «pueda ayudar a paliar el sacrificio colectivo que demandará la recuperación».
El informe también pide que se ajuste el IRPF aplicado sobre las rentas del capital, que tributa «muy por debajo» del de los trabajadores, ya que apunta que las rentas del trabajo tienen un tipo efectivo medio del 12,8%, y las del capital apenas un 8%.
Los cambios propuestos en el IRPF pretenden una cierta aproximación de los tipos marginales, aumentando aquellos que se aplican sobre la tarifa del ahorro de manera que el tipo marginal del primer tramo (hasta 6.000 euros) pase del 19% al 23%, el segundo (entre 6.000 y 50.000 euros) del 21% al 27% y el tercero (superior a los 50.000 euros) del 23% al 31%, lo que en conjunto aportaría un aumento en la recaudación cercano a los 1.136,4 millones de euros.
