El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (‘tasa Google’) y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (‘tasa Tobin’), sin introducirse cambios, por lo que previsiblemente entrarán en vigor a partir de enero de 2021.
En concreto, el Pleno del Senado ha aprobado con 134 votos a favor, 101 en contra y 28 abstenciones el nuevo impuesto digital, así como el nuevo gravamen a las transacciones financieras, con un mayor respaldo, al obtener 155 ‘síes’, frente a 98 ‘noes’ y 8 abstenciones.
La tasa ‘Google’ recibió dos vetos y 91 enmiendas en su primera fase en el Senado, mientras que la tasa ‘Tobin’ recibió igualmente dos vetos y un total de 64 enmiendas, si bien se han rechazado tanto los vetos del PP y Vox como las enmiendas de los distintos grupos, quedando ambos proyectos aprobados definitivamente en las Cortes Generales.
ENTRARÁN EN VIGOR EN ENERO
El pasado 30 de julio, la Comisión de Hacienda del Congreso ratificó las ponencias y validó sendos proyectos de ley, remitiéndolos directamente al Senado y contemplando autoliquidaciones mensuales y su entrada en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE, de forma que previsiblemente verán la luz en enero de 2021.
La denominada ‘tasa Google’ recibió entonces 19 votos a favor, 14 votos en contra y 3 abstenciones, y se incluyó en ella una enmienda transaccional, mientras que la ‘tasa Tobin’ obtuvo un respaldo mayor, con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención, con dos enmiendas transaccionales introducidas.
Se trata de las dos primeras modificaciones fiscales contempladas en el plan fiscal del Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.
La intención del Gobierno es que los nuevos impuestos entren en vigor el próximo 1 de enero y la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto.
Con la ‘tasa Tobin’, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Por su parte, la ‘Tasa Google’ gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la norma tendrá «carácter transitorio» hasta que se apruebe una normativa mundial o europea y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.
La tramitación de este nuevo impuesto se ha producido en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa ‘Google’ en el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional este año, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.
RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
Durante el debate en el pleno de la Cámara Alta, el senador socialista Cosme Bonet Bonet, ha defendido que el nuevo tributo grava a grandes multinacionales y no a las familias, y aportará 900 millones a las arcas públicas procedentes de grandes empresas multinacionales que tributarán donde generan beneficios, ante la falta de acuerdo en la OCDE, pero con un proyecto basado en la propuesta de la UE. No obstante, ha indicado que el tributo español es «temporal» y se adaptará a la norma tributaria de ámbito europeo o internacional.
Además, ha afeado al PP su rechazo al impuesto cuando el Gobierno de Mariano Rajoy lo impulsó en 2018 y ha defendido que el Ejecutivo actual defiende una fiscalidad «justa y progresiva», por lo que ha opinado que es una jornada «histórica».
Por su parte, la senadora del PP Elena Muñoz Fonteriz ha criticado que la tramitación se haya hecho «con prisas» y «ajustando plazos al máximo» para no admitir cambios, y ha tildado de «profundo error» la implantación unilateral porque generará un «agravio comparativo» con otros países y no procede crear y subir impuestos con nuevo tributo que es «el primer plato del aperitivo del sablazo fiscal» que prepara el Ejecutivo, tras el nuevo cuadro ‘macro’ que empeora las previsiones.
Fonteriz ha apuntado que el PP no está en contra de la naturaleza del impuesto, pero sí de su adopción en solitario, al margen de los países de la OCDE y la UE que trabajan en esta fiscalidad para antes de final de año, por lo que cree que se producirá un «perjuicio» a empresas y consumidores y no se conseguirá la recaudación prevista y que pronto será «papel mojado». Ha cifrado el impacto del impuesto en 600 millones por el retraso de la digitalización, con una economía «menos productiva, innovadora y competitiva.
Jacobo González-Robatto Perote, senador de Vox, ha denunciado la «mala fe» del Gobierno al proponerse «llevar a España a la ruina» y reconocer incluso que hace falta una respuesta global a la imposición de la actividad digital, en vez de unilateral, con unos objetivos de recaudación «completamente irreales». Perote ha augurado «represalias» de EE.UU. a empresas y mayores costes de bienes y servicios a los españoles, así como un «retraso» en la digitalización.
Al igual que el PP, Ruth Goñi (Cs) no se ha opuesto a un gravamen coordinado internacionalmente, pero también ha rechazado la unilateralidad del impuesto al ser «más restrictivo» que el comunitario, lo que afectará a la competitividad, creará distorsiones en el mercado, tendrá efectos en la recaudación y se cargará a los consumidores.
La oposición también ha rechazado el nuevo gravamen a las transacciones financieras han aludido al coste de su implementación que será repercutido en el cliente y han incidido en que supone una subida de impuestos porque gravará las transacciones que también están vinculadas a los fondos de pensiones.
