El Gobierno estima que los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España podrán multiplicar su efecto por cuatro movilizando un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado, al tiempo que prevé el establecimiento «inmediatamente» de un grupo de expertos para la reforma fiscal, con nuevos impuestos ‘verdes’, revisión del algunas figuras existentes y de los beneficios fiscales.
Así figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé una inversión de 72.000 millones de euros en transferencias procedentes de los fondos europeos, de ellos 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entre 2021 y 2023 y los otros 12.436 millones del Programa ‘REACT-EU’ en 2021, lo que aumentará el crecimiento potencial de la economía por encima del 2% y creará 800.000 empleos en los tres primeros años.
Las necesidades de inversión pública en España en los próximos tres años se estiman en un 6% del PIB al año, para alinear el país a las ratios de los países más avanzados de la OCDE, según el Plan, que señala que la inversión pública española se sitúa ahora en el 2% del PIB.
El documento subraya que la colaboración público-privada constituye un principio director «indispensable» para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y movilizar empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo y supone un grado de apalancamiento privado en línea con la experiencia internacional en este tipo de proyectos, de 4 euros privados invertidos por cada euro público.
Así, estima que los 140.000 millones de origen público que recibirá España entre 2021 y 2026 podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado.
De la inversión de 72.000 millones en los tres primeros años, estima que la vinculada a la transición ecológica supondrá el 37% del total y la digital el 33% y que recoge que los Presupuestos de 2021 incorporarán un monto de 27.000 millones de euros con cargo a las transferencias previstas del presupuesto de la UE.
La asignación de los fondos para las políticas palanca en los próximos tres años, adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa por la agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura (16% del total), infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2%); transición energética justa e inclusiva (8,9%); modernización de la Administración (5%) y la modernización y digitalización del tejido industrial y productivo y de la pyme, recuperación del Turismo e impulso a una España nación emprendedora (17,1%).
El resto son el Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo al Sistema Nacional de Salud (16,5%); Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (17,6%); economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7%); impulso de la industria de la Cultura y el Deporte (1,1%) y modernización del sistema fiscal.
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESDE ENERO CON LOS PGE
Fuentes gubernamentales han explicado que la previsión es que los fondos europeos comiencen a llegar a mediados de 2021, si bien con el adelanto de 27.000 millones en los PGE se busca adelantar la ejecución de proyectos a enero de 2021, cuando se espera que vean la luz los nuevos Presupuestos.
En caso de no haber nuevas cuentas públicas, avisan de que se generaría una dificultad elevada para la ejecución de los proyectos y, en ese supuesto, se trataría de dotar los créditos necesarios para asegurar los proyectos.
En todo caso, la idea del Gobierno es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, con la intención de ejecutar el 70% en los dos primeros años, e ir analizando las necesidades crediticias para dar paso en la segunda parte (2023-2026) a la solicitud de créditos con el montante restante (unos 58.700 millones en créditos).
Para la realización de los proyectos no habrá una ventanilla única, sino que va inyectado en los Presupuestos en las distintas partidas presupuestarias de los departamentos ministeriales en los que se reflejarán los 27.000 millones adelantados e incluidos en el aumento del ‘techo de gasto’, de forma que cada Ministerio tendrá distintas formas de vehicular el dinero a los proyectos, a través de subvenciones, convocatorias, convenios, financiación, préstamos o consorcios, entre otras formas habituales de licitaciones.
Además, no se va a priorizar exclusivamente los proyectos en función de su contenido, sino con una lógica de territorializacion en busca de la capilaridad y el reparto equilibrado entre todas las comunidades autónomas, a las que se les transferirá también fondos con reglas y flexibilidad para que sean partícipes todas las administraciones en la ejecución de los fondos.
DECRETO PARA ELIMINAR TRABAS, EN ENERO
Para facilitar la ejecución de los fondos, se aprobará un real decreto-ley que reducirá las principales barreras y «cuellos de botella» legales de la administración para una gestión «ágil y eficiente», con respeto a las directivas europeas y a los principios de «integridad, transparencia y rendición de cuentas».
En el Ejecutivo estiman que verá la luz a principios de enero, en paralelo a la aprobación definitiva de los PGE, momento en el que se podrán empezar a ejecutar los proyectos.
Respecto a la posibilidad de crear una agencia independiente que canalice los fondos, tal y como proponía el presidente del PP, Pablo Casado, las mismas fuentes explican que se ha analizado pero se ha descartado porque su creación llevaría mucho tiempo y no se acabarían ejecutando los proyectos, como tampoco con una ya existente porque requiere procedimientos y cambios de estatutos.
GRUPO DE EXPERTOS PARA REFORMA FISCAL
En materia fiscal, el Plan de Recuperación señala que la modernización del sistema fiscal requiere de un «análisis profundo» de las distintas figuras impositivas, de las bonificaciones y de las mejores prácticas internacionales, por lo que «con el fin de analizar las distintas opciones y elevar propuestas de reforma, se establecerá inmediatamente un grupo de expertos para la reforma fiscal».
En tanto se desarrolla este trabajo, se abordarán acciones de corto plazo orientadas a ir adaptando el sistema fiscal «a la realidad del siglo XXI, aumentando su progresividad y su carácter redistributivo», como son la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal para aflorar la economía sumergida y reforzar la capacidad de recaudación del sistema impositivo y la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
Junto a las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, se pondrán en marcha distintos proyectos para la mejora de la imposición medioambiental, así como ajustes en los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, eliminar algunas disfunciones y adaptar los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo.
También se mejorará la eficacia del gasto público, impulsando las evaluaciones de gasto (spending reviews) en todas las administraciones y se implementarán las recomendaciones de la AIReF sobre deducciones fiscales.
Por último, para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aboga por el consenso y apela al Pacto de Toledo, donde se plantean medidas como incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas, revisión del sistema de previsión social complementario fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas o la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos.
