El secretario general de la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec, Antoni Cañete, ha afirmado que sería un «problema muy grave de dimensiones incalculables» si el Gobierno contemplara una subida del IVA hasta el 21% en los Prespuestos Generales del Estado (PGE) a la sanidad y la educación privadas, como recogen algunos medios.
Cañete ha asegurado que subir la presión fiscal en las actuales circunstancias de la pandemia es «como meterse en una autopista en dirección contraria» porque considera que complicaría la situación a muchas empresas que ya están sufriendo.
«No somos conscientes de la situación real que tenemos por un cierto dopaje de los créditos ICO», ha afirmado Cañete, y ha añadido que cuando estas medidas se retiren se verá la magnitud de la crisis, y que una subida de impuestos la empeorará.
También ha destacado que las pymes calculan que deberán destinar el 90% de sus recursos al retorno de los créditos que han contraído durante la pandemia para mantener la actividad, y que serán «más difícil si se aumenta la presión fiscal».
Cañete ha explicado que no han tenido conocimiento oficial de estas medidas, pero que durante todo este viernes han recibido una gran cantidad de llamadas de asociados relacionados con los sectores preocupados por las publicaciones en la prensa.
La subida del IVA es una de las opciones que baraja el equipo encargado de elaborar el borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2021, formado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, que debaten la posibilidad de eliminar determinadas exenciones en el pago del tributo, como ocurre actualmente con la educación y la sanidad privadas.
La medida se recogía en una de las recomendaciones que la Autoridad Fiscal (AIReF) ha propuesto para las cuentas del próximo año.
Fuentes del Ejecutivo señalan que se han debatido y analizado «todas las medidas» del documento de la AIReF, que calculaba que el coste fiscal para de la exención del IVA a la educación y a la sanidad privadas era de 1.694 y 1.763 millones de euros, respectivamente.
De eliminarse finalmente esos beneficios fiscales a la educación y la sanidad privada, podrían verse afectados por la aplicación del IVA al 21% actividades privadas como las clínicas de salud, los colegios privados, los laboratorios, las autoescuelas, los centros de formación y otras actividades similares.
