El sector financiero nunca ha estado libre de polémica y este 2020 no será una excepción. Los banqueros y exbanqueros hacen frente a la recta final del año envueltos en distintos litigios. Muchos van a pasar por el banquillo estos días, entre ellos Ana Botín o Isidro Fainé. Otros, como Rodrigo Rato (expresidente de Bankia), esperan desde prisión una sentencia histórica.
La sentencia del Caso Bankia está al caer y debe aclarar el estado de las cuentas de la entidad antes de salir a Bolsa. El mayor perjudicado (Rato) la espera desde hace más de un año desde la cárcel, donde ya cumple condena (de cuatro años y medio) por apropiación indebida por el caso de las tarjetas black. Ahora se enfrenta a otros ocho años y medio de prisión por presuntos delitos de falsedad en las cuentas del banco entre 2010 y 2011, además de estafa a inversores. Y esto ocurre en un momento clave para la entidad, pues acaba de anunciar su fusión con CaixaBank.
Precisamente las primeras filas del banco catalán también se enfrentarán a la justicia la próxima semana. En concreto, el presidente de la Fundación La Caixa y de Criteria Caixa, Isidro Fainé, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que tienen que declarar en calidad de investigados ante la Audiencia Nacional por la compra de BPI los días 28 y 29 de septiembre, respectivamente.
CAIXABANK TIENE LÍOS CON PORTUGAL
Dos accionistas presentaron una querella contra Fainé, CriteriaCaixa y CaixaBank, por operaciones presuntamente irregulares en la adquisición del banco portugués (una compra que finalizó en 2018). En concreto se les acusa de una serie de operaciones en torno al contrato de permuta de CaixaBank con su accionista Criteria cuyo fin último era la compra de BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.
En el auto de admisión de la querella, el magistrado consideraba que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios.
Entre estos delitos está la falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas.
Y SANTANDER CON ITALIA
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, también testificará en dos semanas en la Audiencia Nacional ante las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. Y esto, mientras trata de poner solución a su problema con el italiano Andrea Orcell.
Los dos banqueros se vieron las caras el pasado 14 de septiembre en una vista previa al juicio que acabó sin acuerdo y que ha llevado al Juzgado a fijar el próximo 10 de marzo como fecha de inicio del juicio civil. En este caso se juzga el fichaje frustrado del banquero procedente de UBS.
Estaba previsto que en enero de 2019 (tal y como anunció el Banco Santander en septiembre de 2018) Andrea Orcel entrara en el banco como consejero delegado. Un fichaje de 50 millones de euros que nunca se formalizó y que acabó con una demanda del italiano al Santander, en la que Orcel reclamaba que se cumpliera el contrato o, en caso contrario, daños y perjuicios por 112 millones de euros, incluyendo el sueldo que dejó de cobrar en UBS y el que podría haber percibido en Santander.
El Banco Santander defiende que el contrato nunca se formalizó porque no se dieron las condiciones al que estaba supeditado, y que solo se trató de una carta con las condiciones de la oferta. Botín, decidió no seguir adelante con el fichaje casi cuatro meses después de anunciarlo al considerar inasumible tener que hacer frente en su totalidad al bonus que se había comprometido.
La celebración de la vista previa al juicio se había fijado para el 13 de abril. Pero se retrasó (como todo) por el coronavirus hasta el pasado 14 de septiembre.
SIN OLVIDAR EL POPULAR
Ana Botín también tiene que pasar por el banquillo el próximo 8 de octubre para testificar por el caso del Banco Popular. Estaba previsto que lo hiciera el pasado 4 de junio, pero el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, suspendió la declaración de todos los testigos a consecuencia del confinamiento.
La instrucción del caso del Banco Popular había entrado en la fase de testificales cuando entró en vigor el estado de alarma por la pandemia. Así, justo un día antes de que se aprobara el decreto, y ante las alertas sanitarias sobre el covid-19, Calama suspendió sin nueva fecha las declaraciones.
Entre ellas, las del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella (que finalmente testificó el pasado 17 de septiembre), la del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos (que hará lo propio el próximo día 30), o del que fuera presidente de Banco Santander España, Rodrigo Echenique. Que tiene que testificar el 15 de octubre.
El juez Calama investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables de 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017. Si la pandemia lo permite y esta segunda ola de contagios no obliga a un confinamiento estricto, a final de año se podría conocer la fecha de apertura de juicio oral.
