Las condiciones de un eventual ajuste de empleo tras la fusión entre CaixaBank y Bankia podrían resultar menos atractivas para la plantilla que en procedimientos anteriores si se topan con los planes del Gobierno para desincentivar las prejubilaciones, en línea de lo que propuso el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo.
Bankia y CaixaBank se encuentran negociando una posible operación de fusión para elevar su rentabilidad en el actual contexto de crisis del coronavirus y tipos de interés negativos. Distintas firmas de análisis han coincidido en que la operación tiene sentido estratégico y permitirá a ambas entidades ahorrar costes, dando por sentado que implicará un importante ajuste de oficinas que previsiblemente afectará al empleo.
Fuentes sindicales consultadas abogan por la prudencia a la hora de calcular el posible excedente de plantilla, pues todavía ambas entidades están inmersas en el proceso de ‘due diligence’, que les permitirá disponer de todos los datos para decidir si continúan adelante con la fusión -que es lo más previsible- y en qué términos, y además prevén que una fusión de tal tamaño tarde «dos o tres años» en digerirse.
Los representantes de los trabajadores todavía no se han reunido con la dirección de CaixaBank o Bankia, y tampoco esperan hacerlo hasta que se apruebe la operación, primero por los consejos de administración y después por las juntas extraordinarias de accionistas, que teniendo en cuenta los plazos legales no se reunirán, como mínimo, hasta mediados de octubre.
Desde los sindicatos aseguran que se volcarán en preservar el empleo y que solicitarán medidas no traumáticas para las plantillas de ambos bancos. De hecho, apuestan por aprovechar la operación para dotar de más plantilla a las oficinas que se mantengan para mejorar el servicio a la clientela.
Los últimos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) del sector bancario español registraron más solicitudes de adhesión por parte de los empleados que las salidas que se habían pactado. En el caso concreto de CaixaBank, las peticiones excedieron en un 33% las más de 2.000 bajas previstas, lo que llevaría a pensar que un nuevo ajuste también sería bien acogido por la plantilla.
Sin embargo, fuentes sindicales advierten de que todo dependerá de que las condiciones de un nuevo ajuste sean similares, con buenas condiciones de salida y prejubilaciones.
En este sentido, las plantillas podrían toparse con los planes del Gobierno para desincentivar las prejubilaciones, como propuso el ministro José Luis Escrivá durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
Escrivá instó a extender la edad efectiva de jubilación, que actualmente se sitúa en 64,6 años, con decisiones orientadas a quitar incentivos para las prejubilaciones o a bonificar el retraso voluntario de la jubilación.
Si el Gobierno endurece las normas de prejubilación, será más difícil aplicar un ERE voluntario», ha indicado a Europa Press un representante sindical.
