Estamos acostumbrados a ver cómo los políticos dan el salto a la empresa privada cuando dejan de ejercer su cargo público. Desde empresas de la Bolsa española a despachos de abogados, pasando también por consultoras o agencias de comunicación. “Puertas giratorias” le llaman. Una moda que crece como la espuma y que siempre ha generado mucha polémica.
Siempre se ha dicho que los ministros y presidentes pueden dejar de ejercer sus cargos sin preocupación, pues les espera una pensión vitalicia. Pero esto no es del todo así, o al menos no en todos los casos, pues solo algunos políticos tienen derecho a esta paga. Por ejemplo, los expresidentes del Gobierno, ya sean estatales o regionales. Aunque en el caso de los segundos, han sido las propias comunidades autónomas las que han ido derogando este privilegio.
Los primeros, se rigen por el Estatuto de los Expresidentes del Gobierno que creó Felipe González en 1992. El decreto ley da derecho a un salario vitalicio para los expresidentes que van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, varían cada año, pero ronda los 80.000 euros cada ejercicio. Sin embargo, estos pueden elegir entre esta pensión o un puesto permanente en el Consejo de Estado, una decisión que se tomó en 2004. Pero también pueden percibir otro salario desde el ámbito privado.
¿QUÉ HAN HECHO NUESTRO EXPRESIDENTES?
José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy rechazaron la pensión. El primero entró a formar parte del Consejo de Estado, el segundo optó por volver a su trabajo anterior como registrador.
Felipe González y José María Aznar si optaron por la pensión vitalicia, aunque el del PP también se dedica a dar conferencias y el del PSOE ha fundado varias empresas. Pero estos dos expresidentes tienen otra cosa en común: decidieron dar el paso a la empresa privada. González fichó en 2010 como consejero independiente en Gas Natural Fenos;, un año más tarde, Aznar pasó a formar parte de Endesa como asesor externo.
Dese entonces, y hasta ahora, el baile de políticos por las sillas de los consejos de administración de las empresas ha sido constante. Pero, ¿puede un exministro o un exvicepresidente del Gobierno hacer lo mismo? Si, pero con limitaciones, pues ellos también tienen una norma que regula estos movimientos.
CONFLICTO DE INTERÉS
La Ley 3/2015, de 30 de marzo, del alto cargo de la Administración General del Estado, establece en su artículo 15 que los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no pueden prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.
Es decir, siempre que no genere un conflicto de interés. Pues parece “poco ético” que un exministro empiece a trabajar en una empresa relacionada con su anterior ocupación nada más dejar el cargo. Sin embargo, pasado ese tiempo hay libertad absoluta. Pese a esto, se han dado casos que han generado controversia. Como el fichaje de la exministra de Economía, Elena Salgado como consejera de la filial chilena de Endesa, solo unos meses después de dejar su cargo. O el de su antecesor en Economía, Pedro Solbes, como consejero de Enel, la matriz de Endesa. Salgado también fue nombrada vocal de uno de los tres consejos asesores de Abertis y entró en el consejo de administración Nueva Pescanova.
Líos aparte. La ley también está del lado de los ministros y vicepresidentes una vez abandonen su puesto, pues tienen derecho a percibir una paga del 80% de su sueldo por el mismo tiempo que han ejercido el cargo, pero con un máximo de dos años.
El tiempo apremia, pues cobrar un 20% menos no es gusto de nadie, y entonces aquí es cuando empiezan a funcionar las puertas giratorias. Según datos recogidos por Europa Press, desde que Mariano Rajoy dejó la presidencia del Gobierno tras la moción de censura en junio de 2018, unos 80 altos cargos han pasado a trabajar al sector privado. Aunque eso sí, todos con autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses, que vigila el paso del de un sector a otro durante los dos años mencionados.
LA ÉLITE APUESTA POR LA COMUNICACIÓN
Esta misma semana, Dircomfidencial se hacía eco de cómo las consultoras de comunicación son de las empresas que más apuestan por los expolíticos. Llorente & Cuenca (LLYC) es de las más activas con estos fichajes, y además fue de las primeras. Entre ellos, el exministro de Trabajo, Manuel Pimentel o el exministro de Economía, Román Escolano, que se incorporó en 2018.
Precisamente este último ha decidido hace unos días volver al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ha cedido su puesto al exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El socialista, por cierto, fue presidente de Red Eléctrica (REE), un cargo que dejó a principio de este año por las discrepancias con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. También este 2020, Sevilla entró al consejo de Duro Felguera. Ahora, vuelve a LLYC, donde ya trabajó entre 2016 y 2018.
Kreab es otra de las consultoras que tiene en nómina a algunos ex cargos públicos. Como el exministro de Justicia, Rafael Catalá; El exsecretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Eduardo Madina, o el exsecretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. En la misma línea, el exministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos, ha pasado a ser asalariado de Atrevia.
EL IBEX, UN CARAMELO
Las empresas del Ibex 35, o en general, de la Bolsa española, también son un caramelo para nuestros expolíticos, que entrar como asesores o consejeros. Además de las ya citadas Endesa, Abertis, Duro Felguera, la vieja Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy) o Nueva Pescanova, aparecen en la lista otras muchas otras empresas.
Un caso claro es el de Rodrigo Rato, que ha pasado por Bankia (donde fue presidente), pero también por el Banco Santander, Telefónica y La Caixa. Antes fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía. El Santander también ha contado con la exministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino; la antigua directora general del Tesoro, Belén Romana; o el exsecretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.
Pero uno de los sectores donde más movimiento hay es el energético, e Iberdrola es un ejemplo. En 2012 fichó como consejero a Ángel Acebes, exministro del PP. Pero también a Manuel Marín, expresidente del Congreso de los Diputados y exvicepresidente de la Comisión Europea. Además de Juan María Atutxa, exconsejero del Interior del País Vasco; Manuel Amigo Mateos, exconsejero de Presidencia, de Economía y de Industria en la Junta de Extremadura; o Juan Pedro Hernández Moltó, exconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y presidente de Caja Castilla-La Mancha. Y así un largo etcétera.
Con Naturgy, también han firmado la exministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el exministro de Defensa y exvicepresidente del Gobierno, Narcís Serra; o Manuel Marín, expresidente del Congreso de los Diputados. Y con Enagás, José Montilla y José Blanco.
Abengoa también es muy activa. Por la empresa han pasado como consejeros el exministro Josep Piqué, Josep Borrell o el exsecretario de Estado, Ricardo Martínez Rico. En Telefónica la lista es infinita y no solo han sido políticos, también la Casa Real o personalidades del ámbito público en general. Es el caso de Eduardo Zaplana, Narcís Serra, Alfredo Timmermans, Adolfo Suárez, Fernando Almansa o incluso Iñaki Urdangarin.
DESPACHOS Y AUDITORAS
Los políticos también pasan del Congreso de los Diputados a los mejores despachos de abogados del país, además de grandes consultoras y auditoras que tienen representación en España, como Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG y Ernst & Young (EY).
Así, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fichó por el bufete de abogados Cuatrecasas y Ramón Hermosilla se asoció con Adolfo Suárez Illana. También el exministro Jordi Sevilla pasó por PwC, Juan Costa abandonó la política y se fue a EY, Manuel Pimentel acabó en Baker & Mckenzie, al igual que Manuel Pizarro.
Las “puertas giratorias” han sido la espinita clavada de Unidas Podemos desde 2014. El partido de Pablo Iglesias se ha mostrado siempre crítico con que los altos cargos del Gobierno acaben trabajando en los consejos de administración de grandes empresas, y ha intentado acabar con ello. Su solución pasa por cambiar la Ley.
También Pedro Sánchez pidió expresamente que “se cerraran” las puertas giratorias en una entrevista de televisión cuando era líder de la oposición. Pero no se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto. La realidad es que cientos de políticos del Partido Popular y del Partido Socialista han cambiado de silla tras dejar su cargo y lo seguirán haciendo mientras las leyes estén de su parte.
