España espera que este mismo mes de septiembre el Consejo Europeo alcance un acuerdo este mismo mes en torno a la propuesta de la Comisión Europea para el Fondo SURE, y poder recibir este mismo año un primer tramo de los 21.325 millones de euros que, en principio, recibirá el país para financiar las políticas de empleo para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Así lo ha manifestado en el Congreso la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia en Comisión, en la que ha señalado que el Consejo Europeo podría modificar la propuesta sobre estos fondos.
Aún está pendiente por cerrar, por ejemplo, la discusión sobre el plazo de amortización de estos fondos que, según lo que ha dicho la vicepresidenta, se repartirá en diferentes tramos a lo largo del próximo año, a excepción de un primer tramo previsto para 2020.
Estos fondos, ha dicho Calviño, permitirán financiar el coste de los ERTE, las contribuciones realizadas por la Seguridad Social para este sistema de protección al empleo impulsado en esta crisis, prestaciones extraordinarias como las aprobadas para autónomos, o los trabajadores fijos discontinuos, bajas por enfermedad consecuencia de la pandemia o medidas especiales para el turismo.
El montante aprobado por la Comisión, 21.325 millones de euros, pendiente aún de ser ratificado, se corresponde con la solicitud que realizó el Gobierno español, en base a la previsión de gasto hasta el próximo 30 de septiembre, tal y como ha informado Calviño a la Comisión.
La vicepresidenta ha dejado claro que este préstamo «no estará sujeto a condicionalidad ni supervisión adicional» por parte de la Comisión Europea y espera que sea el primer paso para un mecanismo permanente de reaseguro por desempleo. «Tras años de crear redes de seguridad para los bancos, ha llegado el momento de redes de seguridad para las personas», ha defendido.
En caso de aprobar el Consejo Europeo la propuesta de la Comisión para los fondos SURE, cada país deberá firmar un acuerdo de préstamo bilateral con el Ejecutivo comunitario y, antes de solicitar formalmente el desembolso de los fondos, verificar por parte de los servicios jurídicos que se han cumplido todos los procedimientos acordes con la legislación nacional.
NO DESCARTA ACUDIR AL MEDE
Durante su intervención, la vicepresidenta también ha destacado la necesidad de realizar «una gestión muy eficiente de la tesorería» con el fin de «minimizar las necesidades de emisión de deuda» y así no cargar las cuentas públicas de más intereses.
A la hora de definir la búsqueda de más recursos, algunos de los cuales ya se han acordado por parte de la Comisión Europea para poner a disposición a los países con dificultades por la crisis del coronavirus, Calviño no ha descartado que el Gobierno acuda al fondo de rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
«Tendremos que ver cuáles son las previsiones de flujo. Puede ser el SURE, el MEDE o el Next Generation», ha explicado, aludiendo en este último lugar al fondo de 750.000 millones de euros del presupuesto comunitario entre los años 2021 y 2024.
SIN MEDIDAS, EL PIB SE HABRÍA DESPLOMADO UN 25%
Durante su intervención, la titular de Asuntos Económicos ha incidido en el «importante coste fiscal» que tendrá para el país estos fondos, al igual que el resto de medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis: un 5% del PIB de recursos aportados y un 15% del PIB en medidas de liquidez.
Un «esfuerzo» sin el cual, ha asegurado la vicepresidenta, habría desplomado el PIB hasta más del 25%, y hubiera aumentado el total de personas desempleadas en otras 3,5 millones.
Para afrontar las medidas, el Tesoro ha programado emisiones por valor de 100.000 millones de euros adicionales, «con su consecuente carga financiera», ha apostillado, si bien ha destacado las buenas condiciones con las que, a su juicio, afronta ahora el país sus salidas a los mercados de deuda.
Es el caso de la subasta realizada este mismo jueves, ha dicho, con «resultados muy favorables», donde la demanda fue, ha dicho, 2,3 veces la oferta, el nivel de compradores no residentes superó el 80% de los compradores, y las condiciones financieras fueron «más favorables para el Tesoro que en anteriores subastas».
