La Comunidad de Madrid lo ha tenido claro: ha adjudicado por el procedimiento de emergencia el nuevo Instituto Anatómico Forense. Es decir, sin concurso. En euros, 4,3 millones. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha adjudicado los trabajos para desmontar el scalextric de Joaquín Costa después de haber detectado importantes daños en la estructura. Traducido a euros, nueve millones. En ambos casos, corría prisa acometer cuanto antes las obras. Y, en ambas ocasiones, el elegido ha sido Dragados.
La filial de ACS mantiene un particular idilio tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento cuando gobierna el Partido Popular (PP). Una relación que no es de ahora, sino que viene de lejos. Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ana Botella… han tenido siempre en sus oraciones a Dragados. Por ejemplo, participó en la construcción de la M-30 (junto a Ferrovial, FCC y Necso).
Sin embargo, con la llegada de Manuela Carmena al consistorio madrileño, la relación se volvió tormentosa. El consistorio quiso retirar la concesión a Dragados de la conservación de nueve túneles por deficiencias en el mantenimiento. Dichos túneles llegaron a ser cerrados para reabrir subsanadas las deficiencias.
Adjudicaciones que, en determinados casos, acabaron pasando por el filtro de la Justicia. Es el caso de los túneles anteriormente citados. También Dragados tuvo que aportar documentación sobre la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. Un campo que fue construido bajo el Gobierno de Ignacio González.
El gobierno de izquierdas del consistorio madrileño también llegó a la incoación de seis expedientes contra Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación M30). La misma estaba compuesta por Dragados, Ferrovial y API Conservación. Entonces, el ayuntamiento alegó supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales. La compañía presidida por Florentino Pérez acabó ganando.
DRAGADOS Y EL AYUNTAMIENTO
La adjudicación a Dragados de los trabajos para desmontar el scalextric de Joaquín Costa por el ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida tiene su lógica. Fue, a finales de 2013, cuando el consistorio sacó a concurso el Contrato de Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid.
A comienzos del año siguiente, y bajo el bastón de mando de Ana Botella, Dragados resultó adjudicataria. Un contrato de ocho años de duración, prorrogable otros dos años más. Desde entonces, ha habido sus más y sus menos, sobre todo, como ya ha quedado reseñado, durante el mandato de Manuela Carmena.
Se trata de un proyecto ambicioso, ya que el contrato comprende más de 300 estructuras entre puentes, pasarelas, túneles y pasos inferiores. El contrato comprende tres subcontratos o lotes, dependiendo del área geográfica de la ciudad.
Durante el estado de alarma, Dragados planteó un ERTE (192 trabajadores) y un despido temporal (57 empleados). La oposición de MásMadrid consideró injustificado el ERTE, al considerar que prestaba servicios esenciales. También preguntó si, debido a ello, el Ayuntamiento pagaría menos canon mensual a Dragados. El coste para el consistorio supera los 260 millones de euros anuales.
