Desde julio de 2013, cuando Ibercaja adquirió Caja3 (CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz) los ERE han sido la mecánica favorita del banco. Cada año, entre 2013 y 2015, hubo un expediente de regulación de empleo y en total, la entidad aragonesa prescindió de casi 800 trabajadores.
Estas salidas fueron “voluntarias” y con buenas condiciones, ya que muchos trabajadores estaban en edades cercanas a la jubilación, explica Miguel Ángel Villalva, representante de CCOO del banco a MERCA2. Solo en 2016, la entidad utilizó la reforma laboral “sin negociar” con los sindicatos. “Entendieron que podían hacerlo, cerraron oficinas y hubo alguna salida involuntaria”, añade.
Poco después, en mayo de 2017, la Dirección del banco y los representantes de los empleados, dentro de un nuevo expediente de regulación de empleo, llegaron a un acuerdo que contemplaba un plan de “bajas incentivadas voluntarias” para 590 empleados que por razones de edad o cierre del centro laboral, decidieran rescindir su contrato, además del cierre de 140 oficinas hasta junio de 2018.
LA VERDADERA RAZÓN
Las explicaciones de Ibercaja volvían a ser las mismas, estos ajustes se producen por razones “económicas, productivas y organizativas”. Sin embargo, en marzo de ese ejercicio, el banco ya había devuelto toda la ayuda pública que recibió al quedarse Caja 3, que ascendía a 407 millones de euros.
Hay muchas razones por las que la entidad que preside José Luis Aguirre recurre a los ERE. Pero la que más peso tiene es que están en cuenta atrás para salir a Bolsa y necesita mejorar sus números.
Paralelamente, el crecimiento del uso de los canales digitales en todo el sector pone en tela de juicio la necesidad de que haya tantas oficinas abiertas, sobre todo en un banco como este que al absorber Caja3 tenía que prescindir si o si de algunas sucursales.
A VUELTAS
Así las cosas, en febrero de este año, Ibercaja volvía a hacer de las suyas y anunciaba un nuevo ERE que implica la salida de 550 trabajadores y el cierre de 160 oficinas. El periodo formal de consultas empezó en marzo, pero ante la crisis del coronavirus se decidió aplazar.
Dos meses después y debido a la incertidumbre sobre el económico que la crisis sanitaria puede tener, el Consejo de Administración de Ibercaja decidía cerrar la mesa de negociación. El banco volverá a plantearlo cuando se haga balance de la pandemia.
Sin embargo, la decisión no era desinteresada, poco antes el Gobierno prolongaba un año más el plazo de las fundaciones bancarias que tenían previsto salir a Bolsa para dotar su fondo de reserva. La medida beneficiaba de lleno a la Fundación Ibercaja, que es el principal accionista con el 87,8% del capital y debería reducir su participación por debajo del 50% antes de que acabara 2020 para cumplir con la ley de Cajas.
LA EDAD PESA
A Ibercaja le pesa la edad de sus trabajadores, según el informe anual del banco, a cierre de 2019 el Grupo disponía de 5.304 personas en plantilla, de las que 5.053 desarrollan su trabajo en la matriz. Pero la media de edad es de 46 años y la antigüedad se sitúa en 20 años.
En concreto, más del 35% son mayores de 51 años, pues 1.755 empleados tienen entre 51 y 70 años. Por eso los últimos ajustes se cubrieron íntegramente a través de prejubilaciones, con empleados de 58 años o más, con una antigüedad mínima de diez años. Si quieren rejuvenecer la plantilla, Ibercaja volverá a repetir operación varias veces.
Otro tema son las oficinas. A cierre del año pasado contaban con 1.084 sucursales y su intención en echar el cierre a unas cuantas. Pero durante el confinamiento, Ibercaja ha sido el único banco que ha mantenido el 97% de las sucursales abiertas “solo se han cerrado donde era sencillo recolocar en sitios cercanos, o si ha habido algún contagio” apunta Villalva.
Entonces surge la gran duda por parte de los trabajadores, si al plantear el ERE se habló del cierre de oficinas, pero el covid-19 ha dejado claro que son necesarias porque solo se han cerrado un 3% ¿se va a mantener esta decisión?
INQUIETUD
“Estamos inquietos”, aclara. En verano se cierran algunas sucursales temporalmente para favorecer las vacaciones (algo que valoran), pero están pendientes de que la entidad les garantice que no va a haber cierre de oficinas después
“No somos la misma entidad que éramos en enero cuando se planteó el ERE, ni la que seremos cuando veamos una vía de salida”, comenta el del CCOO. En su opinión, un ERE en sí mismo no tiene porque ser perjudicial “pero si las condiciones”.
Hasta antes de la crisis, las relaciones laborales habían sido ejemplares, pero el coronavirus “ha afectado negativamente” porque el comité de continuidad “ha sido demasiado absolutista” y la representación de los trabajadores está molesto.
Esperan que no repita lo que ocurrió en 2016, cuando no se negoció. “Ahora es la duda, hay que evitar que se haga de manera no regulada”. La premisa del sindicato es que haya máxima voluntariedad, para que los que no quiera irse no se vayan. Pero sabe que el sector lleva años en reconversión y hay presiones de las autoridades para que se sigan produciendo interacciones de entidades.