La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha precisado hoy que hay que fijar el criterio de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que anunció el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes autonómicos. En la conferencia de presidentes de hoy se han puesto de manifiesto las diferencias que hay en los criterios que propone cada presidente regional.
Sin embargo, el domingo pasado, la Portavoz del Gobierno explicó que el fondo se dividiría en tres tramos, estableció unos criterios de reparto para cada uno de ellos, y avanzó que se distribuiría entre las comunidades autónomas en función de «parámetros objetivos basados en los gastos ocasionados por el Covid-19» conforme a la información que hayan remitido las comunidades autónomas.
En concreto, precisó que habría un tramo de 10.000 millones que se destinaría a cubrir gastos sanitarios distribuidos en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia, y otros 1.000 millones para gasto social que se repartirán por criterios poblacionales.
En cuanto al tercer tramo, de 5.000 millones, dijo que se destinarían a paliar la reducción de recursos propios de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica y que se distribuirían en función de los datos de caída de la recaudación.
Pero la ministra de Hacienda ha señalado hoy que aún hay que fijar los criterios, tras escuchar las peticiones de los presidentes de las comunidades autónomas, que han expuesto propuestas muy distintas, desde tener en cuenta la población, el envejecimiento de la misma, o el gasto sanitario empleado en la crisis del coronavirus.
EL GOBIERNO DICE QUE ES «RECEPTIVO»
«Hay que hacer un decreto ley para poder constituir el fondo y hay que determinar los criterios de reparto del fondo. Por eso estamos recibiendo las aportaciones y haremos la propuesta que mejor se ajuste a que los territorios realmente puedan ser compensados por parte de esos gastos que se han motivado por la pandemia», ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras la reunión de Sánchez con los líderes autonómicos.
De este modo, Montero ha afirmado que no será posible saber la cantidad que recibirá cada región «hasta que los parámetros por los que se distribuyen los fondos no estén perfectamente terminados de fijar».
«Estamos recibiendo con receptividad todas las comunicaciones que las Comunidades Autónomas nos hacen llegar respecto a cómo consideran que tienen que ponderar el peso de la población de las PCR, o de las personas hospitalizadas, y además tenemos que recabar la opinión de los partidos en el Congreso», ha apostillado.
Así lo ha asegurado, después de que varios presidentes autonómicos hayan cuestionado los criterios establecidos por el Gobierno la semana pasada, y propuesto diferentes vías para repartir esos fondos, según el territorio.
DESACUERDO EN LAS COMUNIDADES
Por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha demandado al jefe del Ejecutivo que la población tenga mayor peso del que se ha planteado a la hora de distribuir el dinero entre las regiones. En concreto, Moreno ha criticado que el Gobierno haya cambiado el criterio para repartir 10.000 millones del fondo, y se vaya a primar al 80 por ciento la incidencia del coronavirus en los territorios y sólo al 20 por ciento el número de habitantes.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, también es partidario de que el criterio de población tenga más peso. El presidente valenciano ya defendió la semana pasada que «la medida más clave son las personas», porque «el gasto sanitario está vinculado a las personas, a los enfermos».
Asimismo, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado que el criterio de reparto no haya tenido en cuenta la población y «penalice la buena gestión de la pandemia».
Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado a Sánchez este domingo que considera adecuado el criterio de las UCI, debido a su alto coste, pero no comparte que se utilice también un cálculo en función del número de pacientes hospitalizados.
En cuanto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que sí se tengan en cuenta el número de hospitalizados, así como el número de contagios en cada región y la cantidad de pacientes que han pasado por camas de Unidad de Cuidados Intensivos.
Según ha dicho, hay comunidades que comparten esta postura en tanto que han ido tomando decisiones que les perjudicarían en este reparto, referentes al aislamiento de pacientes en otros espacios fuera de los hospitales, o por la contratación de personal sanitario destinado a las residencias de mayores.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que «no tiene muy buenas impresiones» sobre el sistema de reparto, «aún no cerrado», de ese fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones del Estado, y ha reclamado que los criterios sean los mismos que articulan el actual sistema de financiación autonómico.
Igualmente, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya pidió el pasado domingo que no se ensayara con este fondo «un nuevo sistema de financiación», y criticó los criterios de reparto. Este domingo ha vuelto la rechazar que se «aparte» del sistema de financiación autonómica y de los criterios pactados hace semanas con el Ministerio de Sanidad.
Además, Galicia ha pedido junto a Asturias, Cantabria y Castilla y León que los fondos de compensación tengan en cuenta cuestiones como el envejecimiento o la dispersión de población, además de las pruebas PCR realizadas –no solo las positivas– y la inversión realizada en Sanidad en los ejercicios anteriores.
Por su parte, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha puesto de manifiesto que se debería tener más en cuenta «la caída de los ingresos en cada uno de los territorios», y ha lamentado que «se obvien parámetros como que Baleares ha invertido mucho más en sanidad pública, atención primaria o residencias que otras CCAA.
El que sí se ha mostrado de acuerdo con los criterios que se fijaron inicialmente ha sido el presidente de Cataluña, Quim Torra, quien ha manifestado que espera que el Gobierno no los cambie ahora ante las quejas de algunos territorios. «Ese reparto nos pareció que tenía un sentido, y hoy hemos oído a otras comunidades autónomas quejarse: no sabemos qué actitud tomará el Gobierno pero esperamos que sea la que ya se nos comunicó», ha afirmado.
