La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha acordado continuar con la tramitación del procedimiento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA), que había sido suspendida por la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma establece la suspensión de términos e interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, pero reconoce la posibilidad de exceptuar, mediante resolución motivada, tal suspensión en determinados supuestos.
En concreto, permite acordar la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o sean imprescindibles para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
En este sentido, la Secretaría argumenta que la protección del interés general justifica la continuación del procedimiento de la convocatoria de 2020 de ayudas del PEBA-NGA, que tiene como objetivo dar cobertura al último 10% de la población que reside en zonas en las que no existe esa cobertura ni está previsto el despliegue de redes de muy alta velocidad en los próximos tres años por parte de ningún operador.
Así, señala que la «importancia estratégica» de dotar de cobertura a esa parte de la población, que generalmente se localiza en las poblaciones más rurales y dispersas del país, en su mayoría pertenecientes a lo que se ha venido conociendo como la España vaciada, ya era reconocida universalmente por todos los agentes sociales y económicos con anterioridad a la nueva situación creada por el Covid-19.
Con la aparición de esta nueva situación, se ha podido comprobar que las nuevas infraestructuras de conectividad de banda ancha de nueva generación desarrolladas en los últimos años han facilitado la continuidad de la actividad económica y social de muchas empresas y entidades, al tiempo que han aliviado la situación de confinamiento de los ciudadanos durante la presente crisis sanitaria de la COVID-19.
De hecho, remarca que en los primeros días de vigencia del estado de alerta, las redes de telecomunicaciones vieron incrementado su tráfico en aproximadamente un 80%, sin producirse situaciones de colapso de las redes fijas ni de las móviles de los distintos operadores.
Sin embargo, añade que, «lamentablemente», las ventajas derivadas de la disponibilidad de una cobertura de redes de banda ancha de muy alta velocidad no han podido estar al alcance de ese citado 10% de la población ubicado en las zonas más rurales y dispersas.
IMPULSAR EL DESPLIEGUE
Por ello, considera que las medidas que se han tenido que adoptar para mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus han puesto «bien patente» la importancia de continuar con esta política pública en favor de impulsar la extensión de la cobertura de las redes públicas de banda ancha de nueva generación, de muy alta velocidad.
En este sentido, la Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, resalta que reviste una «especial significación en aras de lograr una mayor vertebración social y territorial y poder hacer frente y responder con más instrumentos al reto demográfico».
«Es necesario que el apoyo financiero que las ayudas PEBA-NGA va a suponer y que resulta imprescindible para que los operadores de telecomunicaciones puedan afrontar con garantías el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en zona cada vez más aisladas y lejanas, que proporcionan una menor rentabilidad, debe llegar cuanto antes a dichos operadores si se quiere materializar y dar continuidad a la política pública de extender la cobertura de redes de muy alta velocidad», incide.
