El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera «muy difícil» que la economía española pueda crecer un 6,8% en 2021, tal y como estima el Gobierno en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, pues implicaría un ritmo de recuperación «muy cercano al de caída».
«Nuestra experiencia en crisis como ésta, que afectan fuertemente al tejido empresarial, nos señalan que si bien las caídas suelen ser bruscas y rápidas, las recuperaciones son siempre más lentas y moderadas», defiende Garamendi en una entrevista con Europa Press.
El líder de la CEOE subraya que, del análisis del Plan de Estabilidad, puede concluirse que el déficit público será «algo mayor» al previsto por el Gobierno para este año (10,3% del PIB), ya que ve «difícil» que, estimándose una contracción de la economía española del 9,2%, los ingresos públicos sólo se vayan a reducir un 5%.
Garamendi advierte de que si el déficit público se desvía, la deuda pública en relación al PIB probablemente superaría el 115% estimado por el Gobierno. Las previsiones difundidas por CEOE hace unas semanas apuntaban a un déficit del 11% y a una deuda pública de entre el 115% y el 120% del PIB para este año.
«A nosotros, lo que más nos preocupa no es tanto el déficit o a la deuda en un año como éste, que también, sino el déficit estructural, ya que es el que más incide a largo plazo para valorar la sostenibilidad de las finanzas públicas», afirma el dirigente empresarial, para quien es necesario acometer «de una vez por todas» un plan integral de mejora de la eficiencia del gasto público.
«CIERRE MASIVO» DE EMPRESAS SI SE LAS EXIGE MANTENER PLANTILLA
Garamendi ve «bastante complicado» que, estando la economía como está, se vayan a poder «aguantar» todas las plantillas incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y advierte de un «cierre masivo» de empresas y de más paro si el Gobierno se niega a alargar estos procedimientos y a eliminar la obligación de las empresas de conservar los puestos de trabajo durante seis meses.
En su entrevista con Europa Press, el líder empresarial ha insistido en que se necesita flexibilizar los ERTE y ha explicado que, para la CEOE, eso implica prolongarlos más allá del estado de alarma, mantener la exoneración de cotizaciones a las empresas que los hayan puesto en marcha, y suprimir la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a estos procedimientos.
Sobre este último punto, dice que aunque no sabe si el Gobierno está dispuesto o no a abrir la mano, mantener esta cláusula provocará que más empresas echen el cierre. «Este tema nos lo impusieron. Partiendo de la base de que nadie quiere despedir, pensar que, estando la economía al ritmo que está, se van a aguantar todas las plantillas, es bastante complicado. Quien no quiera verlo, allá él», avisa.
El dirigente empresarial subraya que los ERTE «son la clave de la recuperación en caso de que se quiera que ésta se produzca», y hace hincapié en que las empresas que se han acogido a estos procedimientos temporales no lo han hecho porque les fuera mal el negocio o porque fuera mal la economía, sino porque el Gobierno ha ordenado su cierre por la pandemia del coronavirus. «Son ERTE por orden administrativa», ha enfatizado.
Garamendi subraya que, cuando finalice el estado de alarma, habrá sectores económicos, como el turismo, el transporte de viajeros, la automoción y la hostelería, que van a tener que seguir con ERTE. De lo contrario, advierte, habrá una «crisis masiva, un cierre masivo de empresas y un montón de gente que se irá a la calle.
«O la gente confía y cree de verdad en que la iniciativa privada es la que realmente da solidez a un Estado moderno o realmente tenemos un problema», opina el dirigente empresarial, que añade que «no se trata de que estos ERTE duren toda la vida», sino de que el personal pueda ir incorporándose de manera progresiva.
«EL ESTADO TIENE QUE HACER FRENTE AL DAÑO DE LA DESESCALADA»
Sobre el plan de transición hacia la normalidad del Gobierno, el dirigente empresarial asegura que las empresas siempre atenderán las recomendaciones preventivas de Sanidad, pero ha advertido de que si el Ejecutivo toma las decisiones para la desescalada, debe tener claro que «el Estado tiene que hacer frente al daño que provocan» dichas decisiones.
«Los aviones no tienen la culpa de que las fronteras estén cerradas. Los bares no tienen la culpa de que les hayan dado una orden de que tienen que cerrar a cal y canto o de que ahora sólo pueden abrir un 50% las terrazas. El Estado tiene que ser consciente de esto y la única forma de que el empleo pueda recuperarse es que se cuide a las empresas», subraya.
Además, considera que la gestión de la desescalada se debe realizar teniendo en cuenta especialmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son los que conocen la realidad de sus territorios. «(Ellos) saben qué locales están alejados de las ciudades o los que tienen más metros cuadrados y por tanto pueden abrir antes. Ese conocimiento permite adaptar mejor la desescalada», argumenta..
Para Garamendi, cuidar a las empresas implica apoyarlas para que puedan sobrevivir a la crisis y eso supone, además de flexibilizar ERTE, proporcionarles liquidez. En este sentido, pide al Gobierno que ponga en marcha ya todos los créditos avalados por el ICO que anunció en su día. De momento, se han liberado 40.000 millones de euros de los 100.000 millones comprometidos, y el Gobierno ha anunciado que en el Consejo de Ministros del próximo martes habilitará otro tramo de 20.000 millones. Aún así, quedarían otros 40.000 millones por liberar.
NO APROVECHAR LA CRISIS PARA CAMBIAR LA LEGISLACIÓN LABORAL
En cuanto a si es partidario de nacionalizar empresas, Garamendi considera que «hablar de nacionalizaciones en pleno siglo XXI es antediluviano». «Son fórmulas fracasadas (…) y lo que me preocupa es que algunos quieren aprovechar la crisis sanitaria, no para poner en marcha el país de nuevo, sino para crear un nuevo país. Ahí no nos van a encontrar», avisa.
El líder de la CEOE ha advertido además que tampoco aceptará que se quiera aprovechar la crisis sanitaria para hacer cambios en la legislación laboral, en referencia a la demanda de los sindicatos de llevar a la legislación ordinaria las restricciones al despido objetivo instauradas durante la crisis del coronavirus. «No nos gusta ni nos va a gustar que, aprovechando una crisis sanitaria, se quiera hacer un cambio en la legislación, en la reforma laboral. Que lo hagan cuando pase este tema, pero que se haga en pleno estado de alarma, tiene su aquel», sostiene.
Sobre la renta mínima vital que quiere poner en marcha el Gobierno en la segunda mitad de mayo, Garamendi cree que «todo el mundo» entendería que en las circunstancias actuales se instaurara una renta de carácter coyuntural, pero no comparte que se quiera implantar una renta estructural «en pleno estado de alarma», ya que una medida así requiere hacerse con más calma. En todo caso, se ha mostrado partidario de que se vincule a la empleabilidad o la formación a fin de que sus perceptores «se integren en la dinámica económica».
Por otro lado, preguntado por los planes del Gobierno de seguir adelante con las subidas de impuestos a Sociedades y rentas altas, Garamendi advierte de que no es verdad que la presión fiscal sea menor en España que en Europa y que el problema en España es que existe un 24% de economía sumergida, frente al 13% de la UE. «Lo otro es decir: voy a cobrar más al que ya paga, y lo único que haces con eso es desmotivarle o que se deslocalice, como puede pasar con grandes empresas y multinacionales. Y España depende muchísimo de la inversión extranjera, por eso hay que cuidarla», subraya.
