El cierre de los centros educativos desde el pasado 11 de marzo ha generado incertidumbre entre los padres, que aún no saben si sus hijos podrán volver a las aulas este curso. Pero los centros concertados privados han girado la cuota “voluntaria” de abril.
Las restricciones de movilidad decretadas por el Estado de alarma para evitar una mayor propagación de la pandemia del coronavirus, han obligado a los estudiantes a seguir sus clases de forma online. ¿Pero, y los gastos se paralizan en el caso de la educación concertada?
En este punto surgen las dudas. Porque la enseñanza pública es universal y gratuita, mientras que la privada conlleva un contrato con permanencia del curso escolar y supone un pago mensual.
Pero la cuestión es qué sucede con este pago voluntario que mensualmente los padres abonan en el caso de la educación concertada. Los centros anualmente les envían a los padres un boletín informativo informando de esta “aportación voluntaria de carácter no lucrativa”, que suele rondar entre los 100 y 200 euros, bajo el amparo de ofrecer una oferta educativa de calidad.
El asunto genera polémica y acumula quejas, tanto de padres como de asociaciones de alumnos, ya que este pago deja de ser voluntario, para convertirse en “obligatorio”, en muchos casos.
DEVOLVER EL RECIBO
Pues bien, en declaraciones a MERCA2, Camilo Jené, presidente de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Fapa) Francisco Giner de los Ríos, denuncia que este pago “deja de ser voluntario y sirve para presionar a las familias”.
Desde Fapa aconsejan a las familias que comuniquen a su banco la devolución del recibo, ya que la ley ampara que este pago es voluntario, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: “En ningún caso podrán los centros públicos o concertados privados percibir cantidades de las familias por recibir enseñanza de carácter gratuito, […] ni establecer servicios obligatorios, asociados a la enseñanza, que requieran aportación por parte de la familia”.
Para Jené, este pago es voluntario durante todos los meses, es decir, se puede pagar unos meses y dejar de hacerlo en otros, sin que conlleve alguna consecuencia en las actividades del estudiante. “Si existe represalias hacia el alumno, los padres deben denunciar”.
Además, desde Fapa recuerdan que el concierto cubre los gastos tanto de los docentes, como del funcionamiento y mantenimiento del centro. Así, aunque los centros continúen con las clases de forma digital, los padres no están obligados a pagar la mensualidad, ya que estas horas se las paga al centro la Administración educativa pertinente.
ALTERNATIVAS DE PAGO “VOLUNTARIO”
De este modo, tras la paralización de las clases presenciales decretada por el Ejecutivo, los centros concertados privados han buscado diferentes métodos para llegar a un acuerdo con las familias.
Según han explicado a este medio fuentes del sector, la mayoría de centros concertados han dejado en manos de los padres la libertad de abonar la mensualidad, o no, aunque les han enviado una circular para recordarles que este pago les “vendría bien” para el buen funcionamiento del grupo.
Pero también hay centros que han pactado una reducción en la cuota. Así, los padres siguen aportando su “granito de arena”, y el centro continúa obteniendo beneficios, pese a que los alumnos no hacen uso de las instalaciones o servicios que supuestamente incluye esta cuota.
Por último, según han informado a MERCA2, existe una tercera posibilidad: que el centro, de forma unilateral, decida seguir cobrando esta cuota alegando que los estudiantes continúan con el plan de estudios, y que la única diferencia es que es online en vez de presencial.
Esto ha ocurrido en varios centros concertados privados de la Comunidad de Madrid y los padres les han plantado cara, ya que esta cuota voluntaria no es para cubrir el plan de estudios, que queda cubierta por la Administración educativa.
Desde estos centros aseguran que “un cambio de financiación provocaría un cambio de servicios”. Y no barajan la posibilidad de reducir la cuota voluntaria, ya que es un pago que los padres de un año a otro asumen, y los centros “necesitamos estabilidad económica para ofrecer un buen funcionamiento”.
Ante esta postura, desde Facua han asegurado a este medio que si las aportaciones voluntarias «son imposiciones de determinados centros concertados, implicaría un claro fraude«, e invita a las familias a que reclamen ante las administraciones para que investiguen.
