Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger a los usuarios, pymes y autónomos y garantizar el suministro de electricidad en período de excepcionalidad, colocan a las comercializadoras independientes en una clara posición de desventaja frente a las grandes eléctricas. La energía es un bien esencial, y asegurar un acceso ininterrumpido para todos, al margen de que los consumidores puedan o no asumir su coste, ha sido el objetivo del Gobierno. La cuestión es cómo se adoptan estas medidas y cómo afectan al mercado libre.
Aunque parte de las medidas urgentes incluidas en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, serán asumidas por el Estado, otra parte correrá a cargo del sector energético. Un “café para todos” que, es justo en un momento marcado por la emergencia del Covid-19 y todas las consecuencias económicas que se han derivado de esta pandemia, aunque convendría no olvidar quien paga la ronda. Algunas de estas medidas “aunque garantistas a priori, provocan una desestabilización del libre mercado en favor de las grandes eléctricas y en detrimento de los consumidores”, manifiestan desde la comercializadora Feníe Energía, en declaraciones a MERCA2.
En el mercado eléctrico cohabitan tres tipos de comercializadoras: las grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola o Naturgy-, con centenares de pequeñas comercializadoras, -algunas ligadas también a grandes compañías, como Repsol, Cepsa, El Corte Inglés o Telefónica-, así como cientos de pequeñas compañías independientes. Entre todas superan las 500, según información de la CNMC.
La energía es un bien esencial y, por tanto, su suministro debe estar garantizado. Esto es un hecho. Pero las medidas adoptadas por el Gobierno para “atenuar” los efectos de esta situación, “deben ser cuestionadas por su desmedida repercusión en determinados sectores”, siendo uno de ellos el energético y concretamente, “el conformado por las comercializadoras independientes que operan en el libre mercado”, aseguran desde Feníe Energía.
MERCADO LIBRE EN PELIGRO
El libre mercado brinda al consumidor la posibilidad de decidir con qué compañía contratar en función de varios criterios: por su calidad en el servicio, por los descuentos que aplica, porque contribuye con el medioambiente o “por la oferta de energía verde, como es el caso de Feníe Energía”, manifiestan desde la comercializadora. En conclusión, el mercado libre ofrece al consumidor alternativas y ventajas que el mercado regulado no proporciona.
Sin embargo, dentro de esas medidas, el Gobierno ha ampliado el ámbito subjetivo de la aplicación del bono social, pudiendo así beneficiarse de este descuento autónomos y pymes. Solo por tiempo limitado y siempre con la condición de que estén sujetos a PVPC, esto es, una tarifa regulada, del mercado regulado, donde solo operan las comercializadoras de referencia, que coinciden con las grandes eléctricas, “y donde el consumidor está supeditado a los precios variables y a las condiciones que estas compañías consideran al no encontrarse en un marco competitivo”, explican desde Feníe Energía.
En una primera lectura, la medida puede resultar atractiva, especialmente para todos aquellos que se han visto afectados por esta crisis, pero esconde un trasfondo “alarmante” según explican desde la comercializadora de energía verde, “pues esta decisión conlleva realmente un retroceso en el camino que ha supuesto la liberalización del sector energético, cuyo principal objetivo es garantizar al consumidor una amplia y atractiva oferta” en el mercado eléctrico.
Por otro lado, “el halo de legalidad dado al impago de los recibos de los suministros energéticos debilita el posicionamiento de las comercializadoras independientes en el mercado, pues a pesar de la disminución de la liquidez derivada de esa falta de pago, aquellas siguen obligadas a pagar a las distribuidoras y a soportar los impuestos”. Esta medida es, además, “completamente ineficaz”, pues finalizado el Estado de Alarma, “esos pagos debidos deberán ser regularizados sin haber previsto procedimiento alguno por parte del Gobierno, lo que puede derivar en un incremento de la litigiosidad ante semejante laguna legal”.
Hay otras medidas, como la flexibilización de las condiciones contractuales, permiten al beneficiario suspender de forma temporal el contrato, “cuando dicha figura no existe en los procedimientos establecidos por la CNMC”; o la posibilidad de que, también autónomos y pymes puedan solicitar la suspensión del pago de las facturas por servicios que sí se están prestando, “de nuevo sin haber definido un procedimiento para poder llevarlo a cabo”, que critican desde Feníe Energía.
La conclusión es incontestable: las comercializadoras independientes que operan en el libre mercado resultan muy mal paradas en este nuevo escenario, en comparación con las grandes eléctricas. Pese a todo, “hemos hecho un esfuerzo titánico para que desde el día 2 de abril, fecha en la que entraba en vigor el RDL 11/2020, todos nuestros procesos estuvieran adaptados, algunos casi por intuición, a lo que se establece en el mencionado texto legal”, afirman fuentes de la comercializadora verde que cuenta con más de 400.000 clientes, 2.500 agentes energéticos y 3.000 accionistas.
MENOS DEMANDA Y MÁS DEUDA
“Durante este periodo estamos analizando nuestra posición estratégica en esta situación y nuestro posicionamiento a nivel regulatorio con respecto a las diferentes medidas que se están desarrollando”, afirman desde Feníe Energía. En este contexto, “estamos monitorizando semanalmente, muy de cerca, determinados indicadores que nos permiten valorar el potencial efecto en la reducción de la demanda y el posible incremento de la deuda de clientes” y, de momento, la situación “entra dentro de unos parámetros asumibles en una contexto coyuntural de esta magnitud”.
Desde Feníe Energía “hemos intentado integrar a otros actores del sector en la acción conjunta para afrontar esta situación”. Por el momento, diferentes entidades bancarias han mostrado su disposición a colaborar, “aportando más seguridad al éxito de estas medidas”, aseguran. En los casos de solicitudes, por parte de pymes y autónomos, de un fraccionamiento o de una suspensión del suministro, “algunas distribuidoras permiten que se dejen de pagar los peajes correspondientes a estos suministros hasta que el cliente vuelva a iniciar el pago”. En este sentido, “se han establecido contactos y líneas de comunicación con proveedores y colaboradores desde la convicción de que la unidad de acción puede multiplicar los beneficios de las medidas adoptadas”, concluyen fuentes consultadas de Feníe Energía.
