El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, ha manifestado su «satisfacción» por el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la ampliación del plazo de declaración de determinados impuestos, pero ha pedido que se haga efectiva una suspensión «inmediata y generalizada» del calendario fiscal.
Santiago solicita al Gobierno que concrete esta medida «lo antes posible» para que sea efectiva y aplicable, ya que las domiciliaciones de las declaraciones de los impuestos deben realizarse el día 15 de abril.
Para no generar atascos en una gestión que debe completarse «en solo unos días», Santiago considera que el aplazamiento debe ser generalizado y no estar sujeto a condicionantes individuales que «podrían suponer que la medida quede en papel mojado y no se acabe percibiendo el alivio en las pymes y los autónomos, que es muy necesario por la delicada situación en la que se encuentran».
El colectivo de gestores administrativos solicitó al Gobierno la suspensión del calendario y fiscal en un escrito al Gobierno enviado el pasado 13 de marzo, antes incluso de la declaración del estado de alarma.
Esta petición ha sido reiterada en varias ocasiones durante las últimas semanas a través de documentos remitidos a la directora general de Tributos, al Defensor del Pueblo y a la Oficina Económica del presidente.
En este sentido, Santiago ha indicado que el colectivo lleva reclamando desde antes de decretarse el estado de alarma la moratoria fiscal de 30 días para todas las obligaciones tributarias y la prórroga del IRPF porque «sabe de primera mano que los ciudadanos y los negocios no están actualmente en las condiciones para hacerles frente».
Además de una «dificultad económica», se ha referido al trasiego de papeles y personas necesario para llevarla a cabo, lo que supone «un gran riesgo para la salud de los profesionales y de la ciudadanía en general».
El presidente de los gestores administrativos apostilla que el aplazamiento es necesario porque, además del alivio, «permitiría a empresas y colaboradores concentrarse en resolver la caótica situación que se está produciendo en la tramitación de los ERTE o el cese de la actividad de los autónomos, unas complicaciones que está agravando la situación económica y psicológica de muchos autónomos y pymes que ven cómo el sustento de sus familias y las de sus empleados corre peligro».
