Nace la primera asociación de arrendadores españoles, y unen fuerza frente al Covid-19

Aunque ya llevaba un año forjándose la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, Asval, ha sido en plena crisis sanitaria cuando han hecho pública esta unión, con Joan Clos, ex ministro de Industria, a la cabeza.

Esta asociación de propietarios particulares y profesionales que se dedican al alquiler de inmuebles cuenta con una cartera de 30.000 viviendas en régimen de arrendamiento repartidas por todo el territorio español.

Joan Clos, que también es ex alcalde de Barcelona y ex director de Housing (vivienda) en la ONU, lleva la batuta de Asval, que cuenta con socios de la talla de la inmobiliaria catalana La Llave de Oro, Tectum, el fondo Ares Managment, Testa Homes (que incluye a la socimi Fidere), Albirana y la promotora Aedas Homes, además de pequeños propietarios.

Según informa El Confidencial, la crisis sanitaria y los efectos el Estado de Alarma han apresurado su exposición pública, ya que su hoja de ruta contemplaba haber trabajado unos meses más en la discreción. Pero se han visto obligados a salir en defensa de los pequeños propietarios (tenedores del 96% del parque de viviendas en alquiler en España).

Asval cuenta también con Beatriz Toribio, una reconocida analista inmobiliaria, como directora general de la asociación. Tras su paso como jefa de estudios de Fotocasa, Toribio desembarca en este nuevo proyecto: «No tiene sentido que una parte importante de la oferta de vivienda no tuviera representatividad», afirma.

Su objetivo es potenciar el alquiler en España, y pasar del 22-23% de población en alquiler hasta el 30%. De este modo, se igualaría a la que registran otros países europeos como Reino Unido o Alemania.

Por otro lado, Asval, además de su apuesta por el desarrollo del alquiler social como del alquiler de vivienda libre, pretende avanzar en la colaboración público-privada, con el objetivo de promover vivienda asequible.

Entre las fórmulas que baraja se encuentra el desarrollo de pisos en suelo público por parte de una empresa privada que tenga la concesión de la gestión de los alquileres durante un determinado periodo de tiempo (50-70-90 años).

La asociación, apunta Toribio en declaraciones para Expansión, «aspira a ser el principal interlocutor con el Gobierno, proponiendo medidas para defender derechos del propietario particular y conseguir estabilidad regulatoria que permita desarrollar la oferta en alquiler con soluciones consensuadas» y añade que «queremos unirnos a más particulares.