El Gobierno estima en unos 5.000 millones de euros el gasto de las medidas adicionales al paquete de medidas aprobado este martes para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus, como consecuencia del mayor gasto público derivado de medidas como las de acompañamiento de los ERTEs, y la previsión de una merca en la recaudación.
Así lo han señalado fuentes del Ejecutivo después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes otro real decreto-ley para paliar el impacto económico del coronavirus, que contempla la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros, de los que unos 83.000 millones de euros procederán del sector privado.
Desde el Gobierno estiman en unos 5.000 millones de gasto la puesta a disposición para medidas adicionales a esos 100.000 millones para paliar el coronavirus, si bien insisten en que se trata de una estimación y dependerá de cómo se comporte el mercado laboral y del número de empresas que recurran a los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) y la cifra de trabajadores afectados.
El Ejecutivo asume que la caída de la actividad económica como consecuencia del Covid-19 producirá una caída de los ingresos de las administraciones públicas, que por ahora no está en condiciones de calibrar, como tampoco de estimar el impacto en materia de déficit, si bien irá monitorizando la situación.
En todo caso, no contempla aprobar durante el Estado de alarma las subidas de impuestos y la creación de nuevas figuras tributarias que planeaba antes de la crisis sanitaria. Las medidas aprobadas en el real decreto-ley contemplan una duración de un mes, si bien podrán prorrogarse en función de la prolongación del Estado de alarma. En cuanto a la retroactividad, en principio se ligará a la declaración del Estado de alarma, el sábado pasado.
El gasto fluctuará en función del número de compañías que se acojan a los incentivos aprobados este martes para flexibilizar los ERTEs y al desembolso de los avales públicos de 100.000 millones previstos, que por ahora no tendrán impacto presupuestario pero sí podría tenerlo conforme a las empresas que se acojan a los mismos y posteriormente cierren.
El real decreto-ley de este martes también recoge líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Desde el Gobierno han explicado que los avales públicos se articularán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que cubrirán las necesidades de refinanciación, nuevo crédito y financiación para todo tipo de empresas, pequeñas y grandes, y para todo tipo de gasto empresarial, como financiación circulante o facturas.
EL SEPE ASUMIRÁ PRESTACIONES POR ERTES Y SE ARTICULARÁ UN INSTRUMENTO
Para mantener el empleo, la norma fija que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. Así, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.
A su vez, fija que se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los ERTEs, y que los expedientes causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.
En caso de ERTEs, también se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social. Para el colectivo de autónomos se flexibilizar el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
Desde Moncloa han explicado que a corto plazo asumirá el gasto derivado de estas medidas el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), dependiente de la Seguridad Social y, por tanto con cargo a los Presupuestos del Estado, que se ocupará de abordar la cobertura de los trabajadores afectados por los ERTEs.
No obstante, el Gobierno ya trabaja en la creación de un fondo y las opciones de dotación de la forma más sólida posible a nivel financiero para contar con un instrumento más estructural que pueda a ser de utilidad incluso de cara al futuro.
250 MILLONES PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA TELETRABAJO
Por otra parte, el Gobierno prevé poner en marcha de forma inminente del programa ‘Acelera pyme’ de Red.es y una línea del ICO para proporcionar ayudas y crédito a la pequeña y mediana empresa con el fin de adquirir material necesario para el equipamiento a distancia de cara al teletrabajo.
Para ello, se han redirigido fondos del programa y se ofrecerá información detallada en los próximos días para proporcionar ayuda financiera y que las empresas cuenten con una ayuda adicional para facilitar el teletrabajo.
Este conjunto de iniciativas para potenciar el teletrabajo y propiciar la adaptación y las reducciones de las jornadas laborales justifican la no aprobación de la prestación para ayudar a padres al cuidado de sus hijos tras el cierre de los colegios, anunciada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
No obstante, fuentes de Moncloa explican que se monitorizarán las necesidades de la mano de las entidades locales, y que la medida podría ver la luz en función de las necesidades y de la duración del Estado de alarma, por lo que no está descartada del todo.
En todo caso, estas flexibilidades laborales en los ERTEs y las jornadas, junto a la prohibición del corte de suministros (agua, luz, gas y telecomunicaciones) a colectivos vulnerables, han motivado la no aprobación de una moratoria en el pago de alquileres, ya que el Ejecutivo considera que las medidas pueden garantizar el pago de los recibos de los ciudadanos y confían en la «solidaridad» de los propietarios y los acuerdos que puedan alcanzar con los inquilinos.
En cambio, el Gobierno sí ha aprobado una moratoria para el pago de hipotecas para colectivos vulnerables que se vean afectados por la merma de ingresos por el coronavirus, en principio para un mes, aunque podría ampliarse, como el resto de medidas, si se prolonga el Estado de alarma más allá de ese plazo.
PAGO A PROVEEDORES
Tras la primera fase de contención, el Gobierno señala que se entra en una fase de contención reforzada, en la que priman las medidas de liquidez y de flexibilidad laboral para evitar el cierre de empresas y los despidos, por lo que consideran que no caben medidas de estímulo aún, como la suspensión de todas las cuotas de los autónomos reclamada por el colectivo, ya que ese tipo de medidas se contemplarán para la fase de recuperación y reactivación de la economía española una vez pase la crisis sanitaria.
Hasta que eso llegue, el Ministerio de Hacienda prevé garantizar el pago a proveedores evitando un aumento en los plazos de las administraciones, si bien se primará el abono a las empresas sanitarias y los centros hospitalarios.
