Camino de cumplirse los cuatro años desde la inauguración del Canal de Panamá (26 de junio de 2016), el desacuerdo entre las partes implicadas sigue latente. Por una parte, Grupo Unidos por el Canal (GUPC). Un consorcio encabezado por Sacyr (41,5%), además de la italiana Salini Impregilo (el socio que ha impugnado la autopista Roma-Latina que había ganado la enseña presidida por Manuel Manrique), la holandesa Jan de Nul, y la panameña Cusa. Por otro lado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)… y el propio Estado de Panamá.
Porque, aparte de los reclamos que la GUPC presentó contra ACP por supuestos sobrecostes en la construcción de las esclusas, Sacyr presentó otro. Y el destinatario fue el Estado de Panamá. Por tanto, dos arbitrajes distintos ante dos instituciones diferentes.
En el caso del arbitraje con el Estado de Panamá, Sacyr presentó la demanda en 2018 bajo el reglamento de arbitraje de la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El motivo no fue otro que supuestas violaciones del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (AAPRI) que, en 1998, firmaron España y Panamá.
El contrato del Estado de Panamá con la firma de EEUU Foley Hoag todavía no ha sido firmado pese a que trabajan juntos desde 2018
Una vez iniciada la demanda, la república de Panamá contrató al bufete estadounidense Foley Hoag ese mismo año. Sin embargo, el contrato entre ambos no ha sido firmado todavía. Debe ser aprobado por el Consejo de Gabinete, y ratificado por la Contraloría General de la República. El montante de dicho contrato es de 4,9 millones de dólares.
EL RECLAMO DE SACYR
Al contrario que los otros arbitrajes que tiene abiertos Sacyr, en concreto en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (con sede en Miami), la constructora española no establece el monto del reclamo al Estado de Panamá. Lo que alega es que la república panameña no protegió su inversión en base a lo recogido en el APPRI, y que el Estado presentó estudios erróneos o deficientes, entre otros aspectos, y que acabaron teniendo influencia en las obras del Canal de Panamá.
Esos otros arbitrajes en Miami van demasiado lentos, lo que perjudica los intereses de las empresas que conforman GUPC. En el pasado verano de 2019 debería haber estado solucionado uno de ellos, el conocido como el arbitraje del basalto. Será a mediados de este año cuando, previsiblemente, se sepa la decisión.
Una decisión que influirá en los otros cuatro arbitrajes que siguen pendientes. La resolución de los mismos ya será para 2022 o 2023. Lo que reclama Sacyr y sus socios ante la corte de arbitraje de Miami son unos 3.500 millones de euros fruto de los retrasos en las obras. Dichos retrasos se debieron a diferentes factores, como cambios en la normativa aplicada, la aparición de fallas no previstas, o la calidad de la roca basáltica, peor de lo estipulado en un inicio. Esto último obligó a buscar otra cantera.
Fue en 2014, cuando la Autoridad del Canal de Panamá y el grupo constructor encabezado por Sacyr llegaron a un acuerdo para finalizar las obras. Lo harían a partes iguales. Eso sí, se ponían en manos del arbitraje. Cada uno de ellos recuperaría la parte en la que tuviera razón. De momento, y desde Miami, sólo ha habido una resolución. Y cayó a favor de la ACP.
