Los funcionarios de prisiones demandan diálogo al nuevo Gobierno, en general, y a su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en particular. Tienden la mano a un nuevo ejecutivo que se excusó frente a sus reivindicaciones alegando que estaba en funciones y que no contaba con un presupuesto.
“Queremos entender que empezarán a trabajar en unos nuevos presupuestos que serán negociados partida a partida. Presupuesto que esperamos recojan la subida salarial de unos 400 euros para que se cumpla el principio de la Unión Europea de que, para un mismo trabajo, un mismo salario”, señala Elena Getino, portavoz de la asociación asindical ‘Tu abandono me puede matar’. “Estamos en otra etapa. Hay que ser optimista por naturaleza”, añade José María López, responsable de prisiones de Comisiones Obreras.
De momento, el ministro Marlaska ha comenzado por cambiar a su número dos. Ha reemplazado a Ana María Botella por Rafael Pérez. Pero mantiene al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, con quien el diálogo no fue lo que se dice fructífero con los funcionarios de prisiones.
Es la promesa que hizo el anterior Gobierno y que no fructificó ante la falta de presupuestos
“En el anterior Gobierno, Ángel Luis Ortiz nos hizo una promesa de subida que suponía unos 123 millones de euros para el periodo 2019-2021 que no fructificó. Es un buen punto desde donde empezar volver a negociar”, recalca Elena Getino. Y es que los principios, en el anterior Gobierno, fueron ilusionantes. Hasta Marlaska se acordó de ellos en su primera comparecencia parlamentaria. La debilidad del gabinete fue la excusa para no ir más allá.
LOS CAMBIOS DE MARLASKA
En su toma de posesión, Fernando Grande-Marlaska señaló que “cuando las cosas van bien, no hay que hacer grandes cambios en el equipo”. Lo cual no significa que nos los haya, como así ha sucedido. “No compartimos ese análisis de que las cosas van bien. Ha habido un profundo retroceso en todos los ámbitos”, resalta José María López.
Ámbitos que abarcan aspectos como un servicio público ineficiente, casi 2.000 plazas sin cubrir, condiciones laborales diferentes entre categorías idénticas… sin olvidar el problema de las agresiones (de media, dos al día). “Es necesario un cambio de dinámica”, añade el representante de CCOO.
“En el ministerio son conscientes de que el problema existe y que hay que arreglarlo. De nada nos sirve encallar la situación”, apunta Elena Getino. Y demanda un estatuto propio para Instituciones Penitenciarias, entre otras cuestiones, así como el reconocimiento como agentes de la autoridad.
Antes de la toma de posesión de Fernando Grande-Marlaska, El País publicó una noticia en la que los ministerios de Interior y Defensa estudiaban la posibilidad de que el personal de tropa y marinería tuviera acceso preferente a una plaza de funcionario de prisiones. La condición sería que lo hicieran tras cumplir 45 años, y tener por tanto que abandonar las fuerzas armadas por ley.
“Consideramos que es un profundo retroceso y generaría un sinfín de problemas. El trabajo es muy especializado, las oposiciones son intensas y extensas, y el Gobierno tendrá que buscarles otra salida ya que no es el destino más idóneo”, indica José María López.
“Carecemos de información real sobre en qué va a consistir ese cupo, si serán como ayudantes, o como vigilancia externa, porque nadie lo ha explicado. No podemos entrar a valorarlo pero si va a suponer un agravio comparativo, si confronta con los derechos de opositores y funcionarios, nos pondremos de frente”, advierte Elena Getino.
