La mayoría de periodistas económicos alguna vez han hablado con Rubén Sánchez en la última década. Y es que el portavoz de la organización de consumidores Facua es una de las caras visibles de este país en materia de consumo. Ahora, además, su voz tendrá resonancia hasta en el mismísimo Consejo de Ministros con el esperado nuevo ministro del ramo, Alberto Garzón.
Pese a que todavía no es oficial, nadie quiere confirmar nada hasta que no haya Gobierno, ya se descuenta que el máximo responsable de Izquierda Unida (IU) será uno de los ministros que ha conseguido sacar Pablo Iglesias al PSOE en la formación del futuro Ejecutivo.
Las primeras reacciones por parte de los adversarios políticos y mediáticos han sido de manual. Revisión de la cuenta de Twitter de Alberto Garzón para sacar algún tipo de contradicción a alguien que nunca ha ocultado ser comunista y, precisamente, usar eso como arma arrojadiza. Aunque más de uno, puestos a mezclar aunque sean solo letras, ha tirado de comunista a consumista y consumo… y poco o nada que ver tienen unas cosas con otras.
De hecho, tal y como se esgrimía en el acuerdo programático que suscribieron ambas formaciones, una de las claves que deberá afrontar el nuevo Ministerio de Consumo tiene que ver con el juego y las apuestas de azar. Así, esa competencia que estaba en manos de Hacienda pasará a estar bajo la tutela de Alberto Garzón que, a su vez, recibe competencias que estaban depositadas en el Ministerio de Sanidad… sí, una remezcla de asunciones para dar una cartera al millón de votos de IU que en su día heredó Unidas Podemos.
¿UNA CARTERA PARA EL JUEGO?
Las miradas se han centrado en el juego y las casas de apuestas. ¿Tanto reconocimiento ejecutivo necesitan? Un estudio de la Universidad de Valencia entre más de 7.000 estudiantes certifica que el 2,1% de los alumnos de 15 a 17 años sufre problemas con el juego. Una forma de ocio que se ha normalizado, pero que no solo escandaliza sino que está generando un reguero de jóvenes adictos. Todo ello empujado por una publicidad también normalizada y unas casas de apuestas que decoran las principales ciudades como si se tratara de ultramarinos.
Así, entre las principales tareas que tendrá que asumir el esperable ministro de Consumo está aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco. Asimismo, introducirán medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar en el marco regulador de los juegos de azar y apuesta en línea. Del mismo modo, impulsarán criterios homogéneos con las comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir antes de las 22.00h y que limiten su proximidad a centros escolares.
ALBERTO GARZÓN Y EL CONSUMO, NO CONSUMISTA
En ese barrido de tuits -lógicamente-, lo primero que han salido, ¡oh, sorpresa!, son referencias a Cuba. Pero aquí es donde se mezcla consumismo con consumo. Lo cierto es que las materias son las heredadas de la Dirección General de Consumo que pendían de Sanidad. Materias que entroncan con esa función que precisamente le ha costado tanto sudor a Rubén Sánchez en Facua. Y es que, al margen del juego y las apuestas, el grueso de las funciones irán en materia de derechos del consumidor y alimentación. Cuestiones que, como se pudieron percibir en la última crisis de la carne mechada, no siempre se atiende bien.
Por no hablar de los siempre problemáticos operadores de telefonía que, pese a sus guerras del fútbol y la televisión, siempre suponen un quebradero de cabeza. Lo mismo que las compañías eléctricas, que año tras año siguen copando las quejas de los consumidores por la dificultad en la relación con ellas.
Bajo este contexto, los temas que tratarán de resolver con urgencia en el Ministerio de Alberto Garzón tienen que ver con una modificación de la Ley de seguridad alimentaria para adecuarla a las exigencias contemporáneas de protección a las personas consumidoras y transparencia en su acción; del mismo modo que tratarán de reducir el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares. Además, se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.
Por último, y aquí siempre encontrará el apoyo de Facua, se mejorarán los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos y el conjunto de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las sanciones sean proporcionales al perjuicio causado a las personas consumidoras.
