El Gobierno de coalición pactado por el PSOE y Unidas Podemos se ha comprometido en su programa a frenar las «subidas abusivas del alquiler». Para ello, en las zonas más tensionadas, se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que puedan poner «techo» a las subidas mediante un índice de precios de acuerdo a una metodología «objetiva y sujeto a revisión fiscal».
Así figura en el documento de propuestas que han suscrito ambos partidos, bajo el título ‘Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España’ al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se indica que actualmente España está empezando a asistir a un incremento paulatino de los precios del alquiler, singularmente en determinadas zonas del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas para asegurar el acceso a la vivienda a precios razonables.
Así, se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha, y en el caso de los ayuntamientos que así lo consideren, podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento «abusivo y sostenido» de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
El objetivo de los índices de referencia, según el documento, es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en
alquiler.
Por ello, contempla la suscripción de «convenios bilaterales» con las ciudades donde se dan situaciones «de mercado tensionado» del precio del alquiler que permita hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda, y en dichos convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.
SACAR AL MERCADO VIVIENDA VACÍA
Asimismo, ambos partidos apuestan por establecer un marco legal que defina los conceptos de ‘vivienda vacía’ y ‘gran tenedor de vivienda’ y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico.
A su vez, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la Administración competente para poner a disposición del
mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.
SAREB Y ALQUILER SOCIAL
Con la misma finalidad, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos elaborará un plan de actuación de la Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
En materia de vivienda de protección pública se comprometen a elaborar una normativa que garantice su explotación «únicamente» para alquiler de personas vulnerables, «evitando que sean vendidas o explotadas por ‘fondos buitre'», al tiempo que se movilizará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler.
Junto con los convenios bilaterales en las ciudades con los precios de alquiler más altos, PSOE-Podemos reorientarán el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas. Para ello, se movilizará el suelo público que se encuentre disponible, se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas y se adoptarán medidas para agilizar los trámites en la concesión de licencias.
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS HIPOTECADAS
El programa de Gobierno en materia de vivienda también contempla medidas de protección a las personas hipotecadas, como la mejora de la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas, al tiempo que el procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la
normativa europea.
Igualmente, se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad, y se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.
Por último, ambos partidos se comprometen a poner en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.
El plan, que tendría una duración de cuatro años, tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas menos pobladas y de colectivos vulnerables. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de programas de apoyo financiero para la adopción de tecnologías más eficientes.
