Annus horribilis. Así se puede calificar 2019 para FCC. Por ejemplo, dos de las obras de enjundia a las que optaba acabaron en manos de otras compañías: una china, en el caso del metro de Bogotá, y otra coreana, en el caso del metro de Panamá. De esta manera se volatilizaron ambos contratos por unos 5.500 millones de euros.
Y 2020 se antoja, cuanto menos, inquietante para la compañía cuyo máximo accionista es Carlos Slim. Sobre todo, en el ámbito judicial. Entre otras razones, porque la Fiscalía de Panamá deberá concluir la investigación por supuestos sobornos y sobrecostes de FCC en diferentes obras por más de 100 millones de dólares.
Además, las autoridades políticas mexicanas reabrieron el procedimiento relacionado con el nuevo aeropuerto cuyas obras se pararon. Y lo hicieron en busca de pruebas. Andan la mosca detrás de la oreja. Así lo llegó a declarar el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las empresas participantes habrían obtenido los contratos a cambio de sobornos. Entre ellas, FCC.
Junto a Panamá y México, Perú es otro de los países en los que FCC tiene pendiente una disputa. En este caso, con el Estado peruano. Y no será un juzgado, sino un tribunal arbitral, quien le dé la razón o se la quite a FCC.
De lo que suceda en Panamá, México y Perú dependerá el devenir y la reputación de la compañía de Carlos Slim
La compañía de Carlos Slim junto a Impregilo, Sansaldo y Cosapi reclaman 615 millones de euros al Estado peruano por incumplimiento grave del contrato de concesión de la línea 2 del metro de Lima. Por su parte, la República de Perú reclama también dicha cantidad a todas esas empresas por los daños socioeconómicos y ambientales causados por los retrasos en la ejecución de la obra. Fue en 2017 cuando las constructoras solicitaron un arbitraje ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).
FCC Y ODEBRECHT
Que la justicia, en sus diferentes versiones, acabe dando o no la razón a FCC, será vital para el buen devenir de la compañía. En juego está la consecución de posibles nuevos contratos en Latinoamérica. Unos contratos que, en el pasado, estuvieron ligados en ocasiones a la firma brasileña Odebrecht.
Los casos de corrupción de Odebrecht abarcan diferentes contratos firmados en doce países de América Latina. Ocurrió entre 2001 y 2016, y el montante se acerca a los 800 millones de euros.
Volviendo a Panamá, entre 2009 y 2014, FCC firmó contratos en consorcio con la firma brasileña por casi 2.000 millones de euros. Según el periódico La Estrella de Panamá, la constructora española acabará declarándose culpable de un supuesto pago de comisiones ilegales en el país, así como de los delitos de corrupción de funcionarios públicos y contra la administración. La multa sería de unos 20 millones de dólares.
Otro caso tiene que ver con una investigación abierta en 2017, ya con Carlos Slim en la constructora. Y se investiga a FCC por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales por una serie de proyectos. Los proyectos son la Ciudad de la Salud, las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, la Cinta Costera III, la renovación del patrimonio histórico, el ensanchamiento de la Avenida Domingo Díaz, y la Vía Brasil tramo I y II. Además de otros proyectos que presuntamente generaron sobrecostes.
Ha sido el Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá quien ha acabado declarando “causa compleja” la investigación que se lleva a cabo en colaboración con la Fiscalía de España. Hay que recordar que el pasado 22 de noviembre, FCC declaró ante la Audiencia Nacional por el pago, a través de facturas simuladas, de 82 millones de dólares en comisiones para contratos públicos en Panamá.
En un comunicado público, la compañía comandada por Carlos Slim dijo que todas las obras adjudicadas entre 2015 y 2019 “lo fueron en licitaciones públicas, sin que FCC recibiera ni solicitara ningún trato de favor en las mismas”.
