El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fallado a favor de la Generalitat y ha forzado a Airbnb a retirar los pisos ilegales en Cataluña. De esta forma, la plataforma ‘homesharing’ dejará de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Catalunya.
La sentencia, consultada por Europa Press, especifica que Airbnb debe bloquear, suprimir o suspender definitivamente de su web o de cualquier otro portal que pueda utilizar «todo el contenido relativo a la publicidad de las empresas y de los establecimientos de alojamiento turístico localizados en Catalunya en el que no conste el número de inscripción en el Registro de Catalunya».
El TSJC da 15 días naturales a Airbnb para cumplir con la sentencia, a la vez que le exige que dentro de este plazo aporte pruebas de su cumplimiento.
Asimismo, le advierte de que, en caso contrario, se procederá a la imposición de multas coercitivas de 1.500 euros, que podrán reiterarse en períodos de un mes.
La sentencia del TSJC, que no es firme y ante la que se puede presentar un recurso de casación, también impone a Airbnb el pago de las costas causadas, con el límite de la cantidad de 2.000 euros para cada una.
AIRBNB DA SU VERSIÓN
Por su parte, un portavoz de Airbnb ha explicado a Europa Press que esta decisión se remonta a un antiguo caso en Catalunya y que recurrirán la sentencia.
Ha defendido que desde junio de 2018, la plataforma requiere que todos los nuevos anuncios que están regulados por la Ley de Turismo en Catalunya muestren el número de registro.
Fue entonces cuando Airbnb lanzó una nueva herramienta tecnológica para ayudar a los anfitriones a cumplir con la regulación turística en Barcelona y Catalunya, haciendo más fácil para las autoridades verificar que los anuncios cumplen con la ley y ayudando a reducir los potenciales malos actores.
«Airbnb ha sido pionera en Catalunya luchando contra los malos actores y ayudando a los anfitriones a cumplir con la regulación regional de turismo», ha añadido.
La plataforma ha aseverado que está comprometida con continuar colaborando con las administraciones, incluyendo la Generalitat, pero «Barcelona y Catalunya todavía no tienen reglas claras diseñadas para las familias que comparten sus hogares».
Según una encuesta anual realizada por Airbnb entre los usuarios de la plataforma en 2018, los viajeros y los anfitriones que utilizaron la plataforma generaron más de 1.600 millones de euros de impacto económico directo en la comunidad.
