El consejero de Administración Local y Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha concedido una entrevista a MERCA2 para analizar la situación de la vivienda en la región y mostrar las iniciativas planteadas para solventar este problema.
– ¿Qué objetivos se marcó el día que tomó posesión de su actual cargo en la Comunidad de Madrid?
Dos objetivos al tener una doble vertiente esta consejería. En Vivienda, poner en marcha un gran programa (Plan Vive) para colocar 25.000 viviendas en alquiler a mitad de su precio de mercado. Principalmente, para jóvenes. En el ámbito local, desplegar durante este mandato 1.600 millones de euros en inversiones de los cuales 700 millones ya están agendados para distintos municipios y el resto están en proceso de definición.
– ¿Cuándo llegará la aprobación definitiva de Distrito Castellana Norte?
El Ayuntamiento remite a la Comunidad de Madrid el proyecto el 1 de agosto. A partir de ahí hay tres meses responder. Detectamos una serie de carencias e informes pendientes y pedimos una serie de aclaraciones en un informe de unos 200 folios para solventar y completar el expediente. Esto hace que no se pueda aprobar en los tres meses que hubieran vencido ahora. Hemos realizado una ampliación de otros tres meses. Cuando transcurran veremos si han conseguido solventar las necesidades que se han demandado y si es así se procederá a su aprobación.
En resumen, hay una serie de carencias técnicas y jurídicas. La Comunidad de Madrid aprobará el proyecto cuando exista total seguridad jurídica y definición técnica del proyecto. Cabe que recordar que es un proceso complejo que llevaba años y años estancado. Tampoco es muy coherente que porque alguien tenga prisa se traslade una presión a la Comunidad para que apruebe en tres meses lo que otros no han conseguido sacar adelante en diez o quince años. No vamos a anteponer esas prisas a la seguridad jurídica de todos y del propio proyecto. Y en eso está trabajando la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Hay que tener en cuenta que son más de 50.000 folios de documentación que ha habido que analizar en un periodo muy corto de tiempo por parte de los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid y de una complejidad enorme. No obstante, existe un compromiso del Gobierno de una vez que tengamos toda esa información llevarla a la comisión de Urbanismo para su aprobación definitiva que es la responsabilidad de la Comunidad de Madrid.
Además, ese es el proyecto de dejó Manuela Carmena y tal cual se remitió a la Comunidad por parte del actual Ayuntamiento. Tenemos total confianza en el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Ninguna en el anterior.
– La Junta de Compensación de los desarrollos del Sureste también se ha quejado de la parálisis que sufrió el proyecto en la anterior legislatura. ¿Esperan ver grúas antes de que finalice la actual? ¿Cómo ha avanzado este asunto?
Esa esperanza está más que fundamentada en el hecho de que esos desarrollos ya están siendo desbloqueados. Además, me gustaría hacer un comentario sobre la responsabilidad social de la extrema izquierda que gobernó en el Ayuntamiento de Madrid y que aún no ha pedido disculpas por ello al paralizar los desarrollos del Sureste que significan 100.000 viviendas, de las cuales 50.000 eran protegidas (8.000 de titularidad de la Comunidad de Madrid).
Tanto hablaba de la vivienda y privó a 50.000 familias madrileñas de esas viviendas protegidas por una decisión ideológica que tiene que ver con los postulados del señor Mangada en los años 80. Se vio que eran absurdos. Otra consecuencia de esta decisión ha sido el encarecimiento de la vivienda. A menos oferta, mayor precio. Ese es el legado de la izquierda a la vivienda en Madrid.
– Los promotores se quejan de la falta de suelo en Madrid. ¿Tiene algún plan?
Eso es competencia de otra Consejería. ¿Qué puedo hacer yo? En la vivienda protegida estamos haciendo un reglamento para flexibilizar su construcción. Reduciendo la burocracia facilitaremos su promoción. En segundo lugar, hay el Plan Vive gracias al cual aprovechamos 1.200.000 metros cuadrados de suelo terrenos distribuidos por toda la Comunidad de Madrid y que se van a dedicar para construir viviendas.
Creemos que es necesaria una nueva Ley del Suelo. Había un proyecto de renovación que planteaba flexibilizar y facilitar el urbanismo. Las restricciones medioambientales tienen que respetarse siempre, pero hay otras muchas cargas, retrasos, trámites, informes, etc. que hacen que el valor del suelo se vaya encareciendo. El suelo no es un bien escaso en Madrid ni en España, lo hacemos nosotros escaso con unas legislaciones que dificultan tanto el urbanismo que acaban encareciendo las viviendas. Era una Ley del Suelo que estaba terminada, consensuada y a punto de ser aprobada la pasada legislatura. La paralizó Ciudadanos. Si se hubiera aprobado, muchos de los problemas que hay en este momento en la vivienda y el urbanismo se habría solucionado.
Una legislación que tiene casi 20 años (es de 2002) ha quedado absolutamente desfasada. No es hábil para una comunidad como Madrid, dinámica, económicamente potente, en desarrollo y con una importante demanda de un urbanismo mucho más flexible, ágil y con mayor colaboración público privada y menos impuestos. Son aspectos que es necesario modificar.
– ¿Dónde van a construir esas viviendas?
Tenemos 1.200.000 metros cuadrados distribuidos en 42 municipios de la Comunidad de Madrid. Es donde teníamos esos suelos demaniales.
Esta iniciativa también ayudará en el problema de la despoblación, tema que incide en la otra área de mi consejería. Tenemos un comisionado específico para este ámbito. En Madrid hay 78 pueblos que están por debajo de los 2.500 habitantes y en situación de despoblación. Se concentran en los tres vértices del triángulo que forma Madrid, principalmente en la sierra norte.
En el caso de esta zona, hay aproximadamente 40 municipios en esta situación de los cuales 10 están por debajo de 100 habitantes. Tenemos una estrategia para la revitalización de todos esos municipios. Dentro de ella, la vivienda ocupa un lugar preferente. Afrontaremos el problema por dos vías: construyendo casas directamente (hay ya 40 aprobadas) y mediante políticas de rehabilitación.
– ¿Qué papel tiene la sostenibilidad en esa obra nueva que están desarrollando?
Fundamental. De hecho, el pasado 6 de diciembre tuve el honor de participar en la zona Verde de COP25, dentro del calendario de actividades de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la mesa de debate “Hacia una Vivienda Sostenible”. Ahí hemos presentado un decálogo de medidas de carácter medioambiental, en materia de vivienda, que la Comunidad de Madrid hará suyas, adoptando para ello las medidas que sean necesarias para su cumplimiento.
La Comunidad de Madrid destinará durante los próximos cuatro años 100 millones de euros para rehabilitar hasta 40.000 viviendas en la región, como política efectiva en la lucha contra el cambio climático. Este modelo de regeneración urbana debe cumplir con una triple regla de sostenibilidad de carácter económico, social y medioambiental.
– ¿Cómo va a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda?
La principal respuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso es el Plan Vive Madrid. Fue su compromiso electoral poner en estos cuatro años 15.000 viviendas en alquiler a un precio aproximado de la mitad del precio de mercado. Se construirán mediante el sistema de concesión, es decir, las empresas que consigan esos contratos levantarán las viviendas y tendrán que alquilarlas a mitad de precio durante un periodo de tiempo y priorizar a un tipo de colectivos que definiremos (jóvenes, familias numerosas, mayores, cuerpos de seguridad, etc.).
También contamos con el Plan Alquila que ya ha beneficiado a 140.000 madrileños. Otorgamos una ayuda de 200 euros a cada beneficiario para rebajar el precio del alquiler que está pagando.
Por otro lado, nuestra gran aportación al alquiler es reforzar la seguridad jurídica del sector porque es la mayor barrera para que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler. Queremos aumentar la oferta tanto pública como privada. La pública, directamente porque es nuestra responsabilidad. La privada, con el refuerzo de la seguridad jurídica y mediante incentivos de todo tipo. Soy partidario de dar todos los incentivos y bonificaciones fiscales que sean necesarias para favorecer el acceso al alquiler.
– ¿Cree que regular el precio del alquiler es la solución?
No. Por supuesto que no. Son propuestas que vienen de la extrema izquierda y desde la izquierda socialista. Se han demostrado inválidas en otras ciudades europeas donde se han puesto en marcha, como por ejemplo Berlín y París. Topar el precio de la vivienda produce varios efectos: fomentar la economía sumergida, mucha gente ha retirado sus propiedades del mercado de alquiler (aproximadamente un 15%) con el consiguiente retroceso de oferta y muchas viviendas que estaban por debajo de ese tope establecido han subido su precio hasta ese límite.
Conclusión. Como toda medida intervencionista, ha tenido el resultado contrario. A pesar de todo, la izquierda y la extrema izquierda en España siguen postulando estas propuestas que ya se ha visto que no funcionan. Aparte de que son de difícil encaje constitucional. Si algo no funciona, es inconstitucional e intervencionista, ¿por qué lo proponen? Porque la izquierda en este país utiliza la vivienda como demagogia. En cambio, cuando toman medidas en este ámbito lo que hacen es agravar el problema. En Barcelona se ha producido una reducción drástica de la construcción de vivienda protegida porque Ada Colau ha establecido una nueva tasa.
– Muchos propietarios con una vivienda vacía tienen miedo a alquilar por si el inquilino deja de pagar, ya que cuesta mucho sacarlo de ahí. ¿Tiene algún plan?
Sí. Tenemos un plan y un recurso muy importante para luchar contra este problema. En primer lugar, creemos que hay que favorecer los mecanismos para que el propietario de la vivienda pueda actuar. De hecho, Pablo Casado llevaba en su programa medidas muy contundentes para ello.
Por otra parte, en la Comunidad de Madrid tenemos un Consejo de Arbitraje que ayuda a resolver ese tipo de conflictos. Vamos a extender su acción a todo el sector inmobiliario. La búsqueda de una solución mediada puede contribuir a reducir costes y plazos. Nos preocupa. De hecho, en el Plan Alquila garantizamos a ambas partes sus derechos. Nosotros ofrecemos esa seguridad y tutela jurídica al mismo tiempo que ayudamos con esos 200 euros.
– ¿Y si se llega al extremo de la okupación?
Estamos trabajando en el Gobierno de la Comunidad y tiene la determinación de luchar frontalmente contra la okupación. Hemos constituido una mesa de trabajo a ese efecto. Tenemos la dificultad de que no contamos con las suficientes competencias para ello. Por eso, hemos tenido reuniones con la Fiscalía, el decanato de los jueces, reclamado una reforma legislativa en el ámbito nacional y creado un protocolo para que los ayuntamientos sepan cómo actuar y ser más eficaces porque las primeras horas son determinantes. Partimos de que toda okupación debe ser desalojada porque se están vulnerando los derechos de alguien.
– Para terminar, ¿cuál le gustaría que fuera el saldo final de nuevas viviendas, ya sea en venta o alquiler, dentro de cuatro años?
Me gustaría que fueran 25.000 viviendas. Aquí entrarían 15.000 que tenemos asignadas por el Plan Vive Madrid, más 9.000 que me gustaría que se levantaran dentro de los desarrollos del Sureste, más 1.500 que vamos a hacer y algunas más en el norte por el tema de la despoblación.
