Muy al contrario de lo que pudiera parecer a priori, la pobreza energética –circunscrita al uso de la energía en el hogar- es altamente contaminante, se está feminizando, con una incidencia creciente en hogares ‘monomarentales’ y aumenta en el ámbito rural. Pero si algo preocupa sobremanera a los expertos es el auge de la ‘pobreza oculta’, esa que se esconde por vergüenza. Se trata de un problema complejo pero que, por suerte, se puede combatir. Precisa de detección, diagnóstico, medidas a corto plazo (paliativas), estructurales (eficiencia energética), y de una adecuada información para los consumidores. La corresponsabilidad de todos los agentes implicados se antoja como el factor clave e ineludible, porque hablamos de una realidad que afecta al conjunto de la sociedad.
El gasto energético de un hogar medio se reparte en un 49% en climatización, 26% en agua caliente, 12% en electrodomésticos y 10% en otros usos. La pobreza energética plantea uno de los grandes desafíos de la transición a un cambio de modelo. MERCA2 ha abordado este fenómeno con representantes de los agentes involucrados en la identificación y búsqueda de soluciones a un mal que aqueja a colectivos que habitan en países desarrollados, con acceso a la energía y que, sin embargo, no pueden permitírsela. La responsable de Acción Social e Internacional de la Fundación Naturgy, Ester Sevilla; el director de Formación y Medio Ambiente de Cruz Roja, Pablo Navajo; la catedrática emérita de la UPM, Margarita de Luxán; la directora de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Belén García, y la consultora independiente en temas sociales, Esther Lillo, afrontan este problema económico y social, desde diferentes ámbitos y en toda su extensión.
“Los servicios energéticos son fundamentales para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos de la Unión. La calefacción, la climatización y la iluminación adecuadas, así como la energía para hacer funcionar los aparatos, son servicios esenciales para garantizar un nivel de vida digno y la salud de los ciudadanos”. Así lo recoge la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, aprobada por el Gobierno el pasado mes de abril. El acceso a la energía fomenta el desarrollo del potencial del individuo y la inclusión social, no hay duda. No es un tema menor. De hecho, se trata de una cuestión transversal que requiere adoptar medidas en diferentes planos: paliativo y estructural, con actuaciones a corto, medio y largo plazo.
4CORRESPONSABILIDAD: UN PROBLEMA DE TODOS
Las Administraciones en todos sus ámbitos (local, regional y nacional), medioambientales, económicas y sanitarias, las eléctricas, fundaciones, ONGs…todos los agentes implicados en la detección y solución deben remar en un mismo sentido. Pero la corresponsabilidad invita a dar un paso más. La consultora Esther Lillo incide en esta necesidad al explicar que “la pobreza energética es altamente contaminante”, por eso, es un problema de todos. En muchos hogares marginales, en las periferias de las ciudades, la falta de acceso a suministros energéticos se suple con “la quema de cualquier residuo capaz de generar calor”, por poner un ejemplo. Estos tipos de materiales –maderas barnizadas, con pinturas, restos de tableros, aglomerados con pegamentos- no están preparados para la combustión para usos térmicos y contaminan en exceso.
Otro ejemplo lo encontramos en los viejos edificios sin reformar del centro de las ciudades, con pisos grandes, antiguos, poco eficientes y difíciles de calefactar. En estas viviendas, en las que generalmente habitan personas mayores, se registra un uso ineficiente de energía, por exceso de consumo, sin correspondencia en el nivel de confort. Un derroche de calefacción que se escapa por cierres y aislamientos obsoletos. “¿Por qué no cruzamos entonces el descansillo y hablamos con esa vecina para ayudarla a que se informe?”, pregunta Lillo, que apuesta decididamente por una implicación de todos los ciudadanos, empezando por la concienciación en las escuelas.
La corresponsabilidad ciudadana es la primera de las conclusiones en las que coinciden todos los invitados al debate organizado por MERCA2, pero hay más. Sevilla, Navajo, De Luxán, García y Lillo convienen también en insistir en la necesaria coordinación entre organismos para compartir información y actuaciones en beneficio de los usuarios afectados. Se trataría de “coordinar acciones, probarlas y, si funcionan, escalarlas”, sintetiza Lillo. Y aunque reconocen que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 se aprobó “en tiempo récord”, no podrá ejecutarse sin un adecuado desarrollo y sin interrelación y colaboración entre Ministerios. La situación de pobreza energética es precisamente eso, una situación, de la que se debería poder salir.
