Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior en funciones, si finalmente acaba dejando la cartera (suena para Justicia), no lo hará precisamente entre loas de los funcionarios de prisiones. “Marlaska empezó muy bien. Nos recibió en el Congreso. Nos ilusionó. Pero lo único que ha hecho ha sido enquistar la situación”, señala Elena Getino, portavoz de la asociación asindical ‘Tu abandono me puede matar’. Palabras que son corroboradas por José María López, responsable de Negociación Colectiva de CCOO Prisiones: “Marlaska es el peor ministro de Interior. Su salida será positiva”.
De los candidatos que suenan para sustituirle, Ana María Botella, la actual Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. “No sabemos si será continuista o no. Hasta ahora ha cumplido instrucciones. Pero si acaba siendo ministra, acabará teniendo su propio proyecto. Aplicará su propia personalidad a la hora de trabajar”, señala José María López.
La socialista Ana María Botella, Secretaria de Estado de Seguridad, se perfila para sustituir a Fernando Grande-Marlaska
Por su parte, Elena Getino hace hincapié en que, en diferentes declaraciones, Ana Botella ha respetado su trabajo. “Acepta que tenemos falta de medios. La savia nueva nos puede venir bien y frenaría la tensión. Hay que restablecer los lazos rotos”. Y le pone deberes: “Fue a hablar con los policías heridos en Cataluña. Ese gesto podía ser extensivo a cuando nos agreden. Sufrimos dos agresiones, de media, al día”. En total, más de 500 al año.
A las puertas de crear un nuevo gobierno, calificado como progresista, tanto el sindicato como el movimiento asambleario ponen el énfasis en que el cambio será positivo. Y apelan a la necesidad imperiosa de contar con un nuevo interlocutor. Porque, las reivindicaciones, son muchas, y no son nuevas.
Entre otras, mejora de las condiciones salariales (llevan diez años con el sueldo congelado), una formación adecuada y continua (el preso de ahora no es como el de hace una década), la dotación suficiente de personal (hay 3.500 vacantes y una plantilla envejecida con una media de edad de 50 años) y el reconocimiento social de los funcionarios (no son considerados agentes de la autoridad como un maestro o un conductor de autobús).
INVOLUCIÓN CATASTRÓFICA
Promesas, todas. Hechos, cero. “Ningún grupo político cuestiona nuestras reivindicaciones, pero ninguna las materializa”, señala José María López. Un campo que abarca tanto a PP como a PSOE. “Unidas Podemos siempre se ha mantenido receptivo a nuestra posición. Tenemos afinidad en la gestión pública de las cosas. Lo que hemos conseguido ha sido con la izquierda. Necesitamos un estatuto propio”, recalca Elena Getino.
Una situación enquistada, la de los funcionarios de prisiones, que podría ir todavía más allá si no se acaba formando gobierno. “Si nos vamos a unas elecciones eternas sería muy malo para instituciones penitenciarias en general”, añade Getino. Y José María López concreta: “Sería muy peligroso. Es dar posibilidades a que la extrema derecha se fortalezca. Y con la extrema derecha vamos a conseguir menos servicio público y menos reinserción. Su modelo penitenciario es de castigo, en las antípodas de las reglas de la ONU. Sería una involución catastrófica”.
FUNCIONARIOS DE PRISIONES Y PRESUPUESTOS
A principios de año, el gobierno socialista de Pedro Sánchez presentó unos presupuestos con un récord de gasto: 325.000 millones de euros, un 5,3% más. Finalmente, no se aprobaron. En el caso del Ministerio del Interior, el incremento era del 8,6%, pasando de los 7.684 millones de euros de 2018 a los 8.342 millones en 2019 (658 millones más). De esa cantidad, se destinaban 250 millones de euros para avanzar en la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales y autonómicos, y 154 millones de euros para inversiones. Los funcionarios de prisiones quedaban discriminados.
Porque los presupuestos, en el apartado concreto de Instituciones Penitenciarias, dejaba clara una doble vara de medir con el colectivo. Incrementaba el gasto de personal de los altos cargos de prisiones un 90,38% (de 66,05 millones de euros a 125,78), mientras que ese porcentaje para los funcionarios sólo se inflaba un 4,01%.
“Esos presupuestos no nos valen porque no nos contemplaban. Queremos que se amplíen las partidas para los trabajadores, no para los altos cargos”, reclama Elena Getino. Según José María López, “habría que corregirlo porque no se puede sostener una función pública con una pirámide invertida”.
Una discriminación con los funcionarios de prisiones que también se dio con la conocida como ‘bufanda’. El complemento de productividad fue sólo para los cargos directivos de las cárceles y el personal sanitario. “Tenemos ganadas dos sentencias al respecto. Lo poco o mucho que haya de excedente debe repartirse entre todos”, concluye Elena Getino.
