Ha pasado casi un mes desde que se celebraron las elecciones generales y se anunciara un principio de acuerdo entre PSOE y Podemos. Este jueves tendrá lugar la primera negociación entre el PSOE y ERC para intentar buscar un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha insistido en que su votación será un «no». Y con ello, la posibilidad de unas nuevas elecciones vuelve a estar sobre la mesa. En lo que al sector financiero se refiere, la incertidumbre se mantiene en torno al futuro de Bankia. Que fue una de las entidades que más ayuda recibió en la crisis.
De hecho, el Estado posee a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) un 61% de la entidad. En teoría esto se debería haber vendido y la fecha límite era diciembre de 2017. Pero después el plazo se amplió a diciembre de 2019 y finalmente a diciembre de 2021.
Entre tanto, los partidos de izquierda (Unidas Podemos es el que más se ha manifestado sobre el asunto) piden desde hace años que Bankia se convierta en una banca pública. Su idea es reconvertir ese 61% que posee el Estado en una gran banca pública junto a otras entidades como el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Por ello, en medio de esta inestabilidad política, la entidad observa lo que ha pasado con otros bancos en otros países europeos que han vivido o viven situaciones parecidas.
¿CÓMO EMPEZÓ TODO?
Todo empezó en mayo de 2012. Los bancos pasaban por un mal momento y aunque Bankia (en España) no era el que estaba en la peor situación, centraba la atención por su tamaño. El Gobierno forzó la salida de Rodrigo Rato de la dirección de la entidad y José Ignacio Goirigolzarri se convirtió en su sustituto.
El segundo paso fue dotarle de todo el dinero que pidió Goirigolzarri para quitarle cualquier deuda que pudiera haber en su balance. Pero a cambio de esto, el Estado expropió la entidad y una vez convertida en pública inyectó 22.429 millones de euros. Sin embargo, aunque su mayor accionista sea el Estado, desde entonces se ha regido por criterios privados.
En estos siete años, las arcas públicas han recuperado parte del dinero invertido en Bankia mediante dos ventas (del 7,5% en 2014 y del 7% en 2017). Con esto ingresó más de 2.100 millones de euros. Pero además están los pagos de dividendos, una operación que se repite desde 2015 y que eleva la cifra a los 3.000 millones.
¿QUÉ PASA EN OTROS PAÍSES?
La crisis azotó con ganas a todos los bancos. Algunos de ellos siguen sin resolver sus problemas y tienen, al igual que España, un gobierno inestable que no se lo pone nada fácil, como Italia. El último en caer fue Banca Carige. El décimo banco de Italia tuvo que ser intervenido nada más arrancar 2019.
El Ejecutivo italiano aprobó el rescate a pesar de que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte habían prometido poner fin a la recapitalización de bancos con fondos públicos. El BCE destituyó a sus gestores y nombró a tres administradores. Y con ello se abrió un nuevo capítulo en la profunda reestructuración del sistema italiano.
Antes, en 2016, el Gobierno de Roma tuvo que salir al rescate del Monte dei Paschi di Siena (MPS) con 20.000 millones de euros por sus graves problemas financieros. Por ello, cuenta con un 68,2% de sus acciones. Al igual que Bankia, MPS pasó a ser propiedad del Estado hasta 2021, fecha en la que está prevista su venta.
También en el país trasalpino, la Junta Única de Resolución europea (JUR) ordenó liquidar Banca Popolare de Vincenza y Veneto Banca después de que el BCE declarara que eran inviables.
MÁS DE 60 BANCOS EN APUROS
En los últimos 10 años han sido intervenidos o nacionalizados más de 60 bancos en Europa. Uno de los países más perjudicado fue Irlanda, que tuvo que invertir más de 64.000 millones de euros para ayudar a Bank of Ireland, Allied Irish Banks, Anglo Irish Bank, Irish Life & Permanent, Irish Nationwide Building Society y Educational Building Society.
Alemania hizo lo propio con Commerzbank, Hypo Real Estate, Aareal Bank y HSH Nordbank (con 28.500 millones). Y Francia, por ejemplo inyectó más de 7.000 millones entre Dexia, que lo hizo a medias con Bélgica y Credit Immobilier.
La inestabilidad política de Grecia y Portugal, unida a la fatal situación financiera también llevó a sus respectivos Gobiernos a entrar en el capital de los grandes bancos del país. En Grecia, el mayor accionista de National Bank of Greece, Piraeus y Alpha Bank es el Gobierno y para ello necesitó más de 40.000 millones.
Los mismo ocurre con el Banco Português de Negócios, el Banco Espírito Santo (BES), Caixa Geral de Depósitos y Banif, donde el Gobierno luso destinó más de 15.000 millones de euros.
En el caso del Banco Português de Negócios, en un primer momento fue nacionalizado por el Gobierno portugués (2008) pero finalmente, en 2012 fue vendido al Banco BIC de Angola por 40 millones de euros.
Pero con BES la situación fue diferente. En agosto de 2014, el Banco de Portugal anunció su rescate por 4.900 millones de euros y la entidad se dividió en dos: los activos tóxicos pasaron a un banco malo y a su vez que se creó una nueva institución, Novo Banco, para quedarse con la clientela, depósitos y créditos de calidad del grupo.
EL FUTURO DE BANKIA
Tras el susto inicial, con desplome bursátil incluido (las acciones de Bankia perdieron un 6% en cuatro sesiones tras el principio de acuerdo PSOE-Podemos) la calma ha vuelto. De hecho, el balance del mes de noviembre para la entidad es positivo en la Bolsa española (+7%).
Los inversores se temieron lo peor nada más conocer la noticia, pero ahora la entidad puede respirar tranquila porque las cosas no van tan rápido como se pensaba y de momento. Aunque la intención del PSOE es conseguir la investidura para la segunda semana de diciembre.
Con todo, la decisión de convertir a Bankia definitivamente en una entidad pública ya se intentó sin éxito en octubre de 2018, cuando el Congreso rechazó la propuesta de Unidos Podemos. Igualmente, el de Bankia no es un caso aislado. Hay muchos bancos nacionalizados en Europa a raíz de la crisis que actualmente siguen sin ser privatizados. Otros han decidido fusionarse y también están los que han sido vendidos. Una opción con la que el Gobierno cuenta hasta dentro de dos años.
