La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido este lunes de que limitar el precio del alquiler reducirá la oferta de vivienda disponible y puede dar lugar a trasvases de vivienda de alquiler a propiedad.
En concreto, el autor del informe y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Miguel Ángel López ha explicado que los trasvases de vivienda se pueden provocar porque los propietarios se cansen de ver los alquileres congelados y decidan venderla. Todo lo contrario a la intención del Govern.
Además, ha avisado de que también podría frenar la movilidad del trabajo, generar desajustes o fomentar pagos sin declarar. Del estudio se desprende que no existe un patrón estándar de regulaciones en lo que a control del alquiler se refiere, sino que hay una variedad de legislaciones concretas.
Así, el autor ha remarcado que existen tres controles de alquileres. De primera generación, en los que los precios estarían totalmente congelados. De segunda generación, donde habría cierto grado de flexibilidad. De tercera generación, que están controlados durante la tenencia del inmueble por un inquilino, pero que pueden variar entre inquilinos una vez se formalice un nuevo contrato con un arrendatario diferente.
En líneas generales, el autor considera que el control del alquiler apuntará también a un deterioro progresivo de la calidad de las viviendas ya construidas. También cree que es de esperar que los controles de alquileres reduzcan los incentivos a invertir en nuevas viviendas destinadas al alquiler.
«Resulta difícil idear una política más eficaz para reducir, e incluso eliminar, la cantidad de vivienda privada de alquiler que el control de alquileres», ha resaltado el profesor en el estudio de Fedea.
Desde su punto de vista, el control del alquiler transfiere renta de los propietarios a los inquilinos, a corto plazo, y proporciona incentivos para reconvertir las viviendas en alquiler y así dirigirlas al mercado en propiedad. Sin embargo, a largo plazo, elimina los incentivos a construir nueva vivienda de alquiler al mantener los precios y los beneficios se situarían por debajo de los niveles de mercado.
También apunta que la inexistencia de un mercado de seguros en el que protegerse contra este tipo de problemas se manifestará en primas y cree que esto dará lugar a precios incrementados y reducciones adicionales en la cantidad de vivienda en alquiler.
Además, remarca que «los controles constituyen un mecanismo de redistribución sumamente inequitativo«, puesto que «tratar de influenciar la distribución de la renta mediante el control de alquileres constituye un procedimiento bastante tosco, ya que las ganancias de renta se distribuirán de forma aleatoria entre personas pertenecientes a distintos grupos de renta».
Por otro lado, señala que las políticas basadas en la oferta son «un desastre total». También ha destacado que la vivienda de protección oficial (VPO) es un ejemplo de política bien intencionada, pero ha asegurado que es «muy difícil de diseñar».
Además, ha apostillado que los ‘booms’ inmobiliarios generan una transferencia «masiva» de los jóvenes a los mayores. «Todo el ‘stock’ de vivienda se concentra en los estratos de mayor edad y este grupo estará encantado de ver que el precio de sus activos inmobiliarios aumenta, mientras que los jóvenes tendrán que pagar más para tener una vivienda y eso les dejará menos dinero para otras cosas», ha señalado durante la presentación del informe.
Así, el autor del estudio ha señalado que la política pública es una palanca para revertir esta situación y que los incentivos a la inversión en vivienda son probablemente «una de las pocas maneras» con las que se pueden crear transferencias de las generaciones más mayores a las más jóvenes.
