Bruselas ha advertido a España de que puede incumplir los objetivos de reducción de déficit y deuda en 2020. El borrador de presupuesto enviado por el Gobierno español a la Comisión Europea a mediados de octubre «corre el riesgo de incumplir» los compromisos de reducción de déficit y de deuda públicos, según consta en el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria. En este sentido, Bruselas solicita a España un presupuesto «actualizado» con ajustes por valor de 9.600 millones de euros.
Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año a 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador «puede resultar en un desvío significativo» con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la UE.
También reprende a España por el «insuficiente» ritmo de reducción de deuda pública. En particular, acusa al país de no tener en cuenta «lo suficiente» el «alto nivel histórico» de este indicador y de no «aprovechar» los menores costes por intereses de la deuda para reducirla.
Así, el documento europeo calcula que la deuda pública española se situará al cierre de 2020 en un 96,6%, un porcentaje superior al 94,6% que estima el Gobierno en su plan presupuestario prorrogado.
Por eso, pide al futuro Ejecutivo español que remita un presupuesto «actualizado» con «medidas adicionales» para «corregir» este riesgo de incumplimiento tan pronto como se haya formado un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.
AJUSTE DE 9.600 M€ EN EL PRESUPUESTO
Bruselas estima que el desfase entre ingresos y gastos públicos cerrará este año en un 2,3% del PIB y en un 2,2% en 2020, frente a los cálculos del Gobierno que prevén un desvío del 2% y del 1,7%, respectivamente.
Pero, una vez abandonado el brazo correctivo, las autoridades comunitarias ponen el foco en el saldo estructural, que no tiene en cuenta el ciclo económico. En este caso, la Comisión no se cree la mejora del 0,1% del déficit estructural que calcula el Gobierno, y de hecho, los servicios económicos del Ejecutivo comunitario señalan que se deteriorará algo más de una décima.
La senda pactada con la UE exige a España un esfuerzo estructural equivalente al 0,65% del PIB en 2020, por lo que la brecha actual, con el presupuesto prorrogado, asciende al 0,8%. Esto significa que el futuro Gobierno tendrá que adoptar ajustes por valor de 9.600 millones de euros, ya sea subiendo los ingresos o recortando los gastos, para cumplir con las normas fiscales.
Sin embargo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento da a los países del euro la posibilidad de recurrir a cierta flexibilidad, lo que supone que el ajuste final podría ser menor y, aun así, estar dentro de los parámetros que permiten las reglas.
España no es el único país que se encuentra en la situación de riesgo de incumplimiento, puesto que la Comisión Europea ha adoptado opiniones similares para Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. El informe de las autoridades europeas, sin embargo, sube el tono en el caso de España y los otros tres primeros países, que tampoco cumplen con los objetivos de reducción de deuda pública.
Por contra, Bruselas ha aprobado los planes presupuestarios de Alemania, Irlanda, Grecia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Austria, mientras que cree que los de Estonia y Letonia cumplen «en términos generales» con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
