Las políticas de cambio climático y transición energética pivotan sobre el concepto general de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este sentido, la principal de las vías de actuación en que las políticas públicas hacen hincapié es en la bajada de las emisiones brutas por parte de los sectores económicos, principalmente la agricultura, la industria (incluyendo la producción de energía) y el transporte. Sin embargo, pocas veces se coloca al mismo nivel de importancia la extensión y cuidado de los denominados “sumideros naturales de carbono” que son los bosques.
Para España, debería ser una de las vías más importantes dada la estructura del territorio y las ventajas competitivas que el país tiene con respecto a sus socios europeos. Así, voces como las del presidente de Repsol Antonio Brufau, piden que los esfuerzos se racionalicen y equilibren tomando en consideración no sólo la reducción de emisiones agrícolas o industriales sino también con un plan ambicioso de extensión de la superficie forestal, donde hay todavía cierto margen. España es el tercer país de Europa con mayor volumen de masa forestal, sólo por detrás de Suecia y Finlandia. Concretamente, 7.500 millones de árboles y 18,41 millones de hectáreas, donde su masa forestal crece a un ritmo anual del 2,19% (media europea de 0,51%), según datos de Eurostat recogidos por el Anuario Estadístico de España 2017.
Esto supone que más de la mitad del territorio español es forestal (54,8%), y donde la mayor parte se divide entre monte bajo (matorral) y bosque. En este sentido, el margen de mejora está, sobre todo, en el aprovechamiento de los bosques, donde sí existe un déficit claro con respecto a los países europeos. Con datos de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, nuestro país es el octavo en aprovechamiento de la madera: cada año se quedan en el monte del orden de 30 a 40 millones de m3/año de madera y biomasa. Además, en comparación con países de bosques semejantes como Francia o Italia, España aprovecha poco la madera como uso energético.
De entre los múltiples factores que intervienen en la problemática forestal española, el primero a destacar es la estructura de la propiedad. Así, los datos que proporciona el Ministerio de Agricultura del cierre de 2018 con respecto a 2017 son evidentes: las regiones que tienen un porcentaje de monte de titularidad comunal y desconocida por encima de la media, son las que concentran la mayor parte de la superficie quemada en España. En este análisis hay casos particulares de regiones donde las entidades locales gestionan de una mejor forma las propiedades comunales limpiando los montes y explotando el potencial turístico que tiene en pleno auge del turismo rural.
Así, la Comunidad Valenciana y Cantabria son las CC.AA con mayor incremento en puntos porcentuales de la superficie afectada por incendios y a la vez con un porcentaje elevado de propiedad en manos comunales (entidades locales sobre todo y en manos desconocidas) superior en media al 50%. Por el contrario, Galicia, Castilla y León y el Principado de Asturias son las que han registrado menos superficie quemada entre 2018 y 2017 y posee una estructura de propiedad comunal y desconocida por debajo de la media (en torno al 30%).
En segundo lugar, la despoblación de las zonas rurales afecta especialmente al sector forestal en términos de abandono de explotaciones sin que éstas pasen a otras manos que lo puedan gestionar correctamente. En la mayor parte de los casos está relacionado con el abandono de explotaciones ganaderas, de las cuales el monte es parte esencial para su alimento.
La correlación, en opinión del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, entre despoblación y riesgo de incendios es directa y alta. Las provincias donde el fenómeno de despoblación es más avanzado, es donde la superficie forestal es más importante en relación con el conjunto del territorio provincial y, por ende, con un elevado riesgo de incendios.
Por último, la escasa penetración de la biomasa en el mix de generación eléctrico resta atractivo a la explotación del bosque. Debido a las medidas urgentes tomadas por el Gobierno en 2012 para atajar el déficit de tarifa en el sector eléctrico, se suprimieron los incentivos a la instalación de nueva capacidad de cogeneración, lo cual paralizó las inversiones en equipamientos de generación a partir de biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios.
Teniendo en cuenta esta problemática, los avances realizados en los últimos años invitan al optimismo de un reforzamiento del sector forestal como clave fundamental para conseguir los objetivos de reducción de emisiones netas, tal como se establece en los acuerdos europeos y, en especial, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). También por el lado público, puesto que España es líder a nivel europeo en Parques Nacionales y Espacios Protegidos, lo que supone más del 50% del total europeo y el 5% del total mundial, según la Sociedad Española de Ciencias Forestales.
Estos éxitos pasados y los hitos futuros, pasan para el Institut Agrícola por una política, tanto nacional como autonómica, donde haya un equilibrio entre agricultura e industria como emisores de CO2 cada vez más eficientes, y un reforzamiento del sector forestal basado en una sólida estructura de propiedad, con una regulación que favorezca el aprovechamiento de los bosques y evitar la penalización que supone una excesiva regulación medioambiental.
