Desde hace varios años se cuentan las bondades de la tecnología de conectividad móvil 5G. Pero faltaban aplicaciones prácticas. Ahora eso ha quedado atrás, y las empresas de telecomunicaciones implicadas desarrollan proyectos que transformarán el futuro de manera inmediata. No solo en lo que afecta a las personas, sino también a las ciudades.
Y es que ya está aquí. Se prevé que el 5G se empezará a desarrollar comercialmente a lo largo del año 2020 y tendrá una adopción mayoritaria y capilar en el período 2022-2025. Para abordar todos estos retos, el Institut Cerdá en colaboración con Cellnex Telecom, ha elaborado el informe ‘Densificación y racionalización de las redes móviles 5G en el territorio’. El estudio trata de descifrar las claves sobre el desarrollo del 5G, motivado principalmente por el incremento del tráfico de datos móviles, el número de dispositivos conectados en los últimos años -que se prevé sostenido en el futuro-, y su incidencia en el tiempo de respuesta.
La idea es confrontar los retos de la nueva tecnología con la visión de más de 30 agentes del ecosistema del 5G, abordando las incertidumbres más allá del ámbito tecnológico y centrándose en el encaje de la nueva red móvil en el territorio. Los actores entrevistados han mostrado su preocupación, entre otros temas, por la densificación de la red, la definición de un modelo de despliegue que abogue por la compartición, además de la necesaria racionalización, integración y mimetización de las nuevas antenas con el entorno.
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Sobre los asuntos que aborda el informe, cabe destacar los aspectos de la racionalización en la ocupación del espacio público y privado. Es decir, el despliegue provocará un cambio en la fisonomía de las ciudades para garantizar las funcionalidades del 5G. Resultará necesario minimizar los posibles impactos de los nuevos componentes del 5G, realizando una buena planificación, compartiendo infraestructuras y haciendo partícipes a todos los agentes implicados en el proceso.
Por otro lado, y como eje fundamental del estudio, el informe se centra en fomentar la coinversión y garantizar la libre competencia. Especialmente teniendo en cuenta los altos costes de inversión iniciales en infraestructura, con cifras por encima de los 300.000 millones de euros, que asumirán los operadores.
Asimismo, se señala en el informe que para asegurar el éxito del despliegue de la tecnología 5G, será necesaria una gestión eficiente e inteligente de las infraestructuras, sobre todo en los entornos urbanos. Los operadores independientes -también llamados operadores neutros- de infraestructuras apuestan por un modelo de gestión y compartición de infraestructuras.
Entre los criterios fundamentales para llevar a cabo un despliegue sostenible del 5G y con el objetivo de favorecer un modelo racional, el informe subraya la importancia de la I+D para potenciar el uso de la tecnología. En este sentido, es imprescindible la implicación de los principales actores tecnológicos, tales como fabricantes, operadores o proveedores de servicios, en el desarrollo e implementación de nuevas aplicaciones, así como fomentar e impulsar la colaboración entre empresas y la administración para llevar a cabo pruebas piloto en situaciones reales.
Además, es esencial que los organismos públicos promuevan la inversión procedente de las distintas partes implicadas en el ecosistema 5G para garantizar el desarrollo en los distintos sectores económicos. Factores como las complejidades administrativas, las limitaciones del espectro y ciertas inquietudes respecto a la seguridad y la privacidad de los datos son elementos que podría actuar como frenos en la implementación del 5G, según destaca el estudio.
