El actual Gobierno en funciones ha redefinido un nuevo marco tributario que, en caso de poder sacar adelante su programa electoral, afectaría a tres bloques económicos: las grandes empresas españolas; los agentes del mercado financiero organizado; y los gigantes tecnológicos internacionales. Para cada uno de estos colectivos de contribuyentes se ha diseñado una estrategia de aumento de la presión fiscal, a través de diversas vías.
Según los economistas Javier Santacruz y Álvaro Martín, autores del informe «El coste de los nuevos impuestos», promovido por las organizaciones Civismo y Acción Liberal, «no se han calibrado correctamente los efectos de primera y segunda ronda que esto pueda tener sobre la estructura productiva, la inversión y los flujos de capital».
Así, para las grandes compañías, se ha ideado un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15%, vía restricción de la deducción por dividendos y doble imposición. En la práctica, supone que una empresa con negocios fuera de España tenga que tributar varias veces por el mismo resultado. Además, establecer un tipo mínimo efectivo al Impuesto de Sociedades implica una pérdida de competitividad adicional para nuestras empresas, que ya pagan en impuestos, en el caso de las de mayor tamaño, el 61,57% de su beneficio bruto, la quinta factura fiscal corporativa más abultada de la Unión Europea.
Para el caso del mercado financiero, se ha creado un nuevo impuesto denominado de “Transacciones Financieras”, que grava las operaciones de compraventa de acciones en Bolsa. Esta ‘tasa Tobin’ perjudica especialmente al pequeño inversor, por el desproporcionado aumento de costes de operación en los mercados. Además, eleva de manera automática la exigencia de rentabilidad por parte de los inversores hacia las entidades financieras que inviertan en activos españoles.
Tampoco se puede obviar el efecto dominó que esto tendría sobre el incremento de los costes de financiación empresarial, con impactos colaterales como el crecimiento de la inflación subyacente o la reducción del empleo. Para probar lo lesivo de esta tasa, el estudio se remite a las experiencias de Suecia o Francia. Cuando el primero de estos países la introdujo, el volumen de transacciones de los activos de renta fija llegó a contraerse un 85%, y no se recuperó hasta su eliminación.
En cuanto a las grandes tecnológicas, se podrían ver afectadas por la concepción de una nueva figura llamada “Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales”, popularmente conocida como ‘tasa Google’. Su aplicación implicaría la reducción en dos puntos porcentuales del margen bruto sobre importe neto de la cifra de negocios de estas compañías, lo que se traduciría en 178 millones de euros anuales menos. Para el usuario final de servicios digitales, la proyectada tasa del 3% traería consigo un sobrecoste de 0,47 euros por cada acto de compra. Sumando las consiguientes variaciones en oferta y demanda, el PIB de España sufriría una pérdida neta de 302 millones de euros en el primer año de implementación del impuesto.
