La disparatada situación del sistema eléctrico español renovable parece encauzarse poco a poco. Hasta el momento, se estaba viviendo (todavía prosigue) una auténtica burbuja especulativa por conseguir lo que se conoce como permisos de acceso y conexión, esto son puntos para conectar una nueva instalación de generación, demanda o distribución a la red. Pero ahora, Red Eléctrica de España (REE) ha decidido ponerle coto y ha cancelado hasta 30,8 GW de dichas solicitudes a distintos proyectos eólicos y solares que se habían pedido. Además, todavía quedan por validar otros 106 GW que, por el momento, no han recibido la aprobación necesaria para su desarrollo.
El nuevo boom de las renovables, ya hubo otro una década atrás cuando surgían huertos solares como setas, alentado por las ambiciosas proyecciones del Gobierno ha atraído a la especulación. A través de los denominados ‘Piratas de la Conexión’, cuyo modus operandi es ciertamente sencillo: abrían una empresa, solicitaban dichos puntos de conexión que sacaba Red Eléctrica (no cuesta dinero solicitarlos) y después esperaban a que los agentes que lo necesitaban pagasen grandes sumas de dinero por ello, que en alguno de los casos se han llegado a pagar hasta 100.000 euros. La operativa se extendió tanto que el año pasado se pidieron 147 GW que suponen hasta cinco veces la capacidad eólica y solar instalada en toda España.
El anterior escenario eléctrico ha llevado a que REE haya tenido que intervenir de tal manera que muchos, hasta el 31 de julio van uno de cada cinco, de los permisos que se han solicitado se han denegado. En total, se trata de 5,8 GW de energía eólica y 25 GW de energía solar. Además, la evolución de las solicitudes denegadas se ha acumulado en los últimos meses, de hecho, en abril de 2019 todavía ninguno de ellos contaba con el sello de denegado.
Por su parte, desde el mismo mes la evolución de peticiones sin respuesta ha pasado de los 92,1 GW a los 67,3 GW, mientras que aquellos permisos que si las han recibido (aunque todavía no pueden funcionar) apenas han pasado de 47 GW a 66,4 GW en dicho periodo. Entre ellas las renovables, destacan los permisos para solar fotovoltaica que suponen cerca de un 70% del total frente a la eólica. Asimismo, los que ya están en funcionamiento han crecido muy exiguamente en 0,5 GW hasta los 28,7 GW, de los cuales 23,6 GW corresponder a la energía del viento y 5,1 GW a la solar.
En cuanto al desglose de peticiones denegadas por Comunidad Autónoma destaca Castilla y León, ya que es la primera en eólica por delante de Aragón y Navarra, segunda y tercera respectivamente. Mientras que es la segunda en solar fotovoltaica, con 4,5 GW no admitidos, por detrás de Andalucía, con 9,5 GW rechazados, y por delante de Extremadura, con 3,8 GW denegados. En cuanto al servicio ya activo, de nuevo es la comunidad castellanoleonesa la que lleva la voz cantante en cuanto a la energía producida por el viento, por su parte la producida por el sol la lideran Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura.
MAL DISEÑO Y REGULACIÓN DE ACCESOS A RENOVABLES
Aunque eso sí, no en todos los casos se debe culpar a los especuladores, ya que una parte importante de los mismos nacieron mal diseñados como reconocen los estudios de los expertos que pese a que alertan de que «el sector está sobrecalentado» explican que «en gran parte es debido a procesos de permisos mal diseñados, pero también por las restricciones físicas actuales en partes de la red eléctrica». Asimismo, los analistas alertan de que existen «nodos en partes del país con altos niveles de capacidad eólica y solar desplegada y varios de ellos físicamente saturados (…) el aumento en las solicitudes de acceso a la red es en gran parte el resultado de una regulación mal diseñada y bajos obstáculos para la entrada».
Para desarrollar dichos proyectos se debe abonar una garantía de 40.000 euros por MW para comenzar con el proceso de permisos, según dicta el marco actual (el RDL1955 / 2000 revisado). Una vez que los desarrolladores cumplen los primeros dos pasos (con ello sirve el acceso y la conexión), tienen hasta cinco años para asegurar la llamada «autorización para las operaciones», que es necesaria para comenzar los trabajos de construcción. Aunque, los permisos de conexión a la red son solo uno de los permisos que los desarrolladores deben obtener, ya que según explica un informe de Bloomberg es necesario también una evaluación de impacto ambiental y la autorización final para las operaciones.
Las anteriores deficiencias amenazan con agravarse debido a la pugna entre la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y las empresas españolas destinadas a la distribución de electricidad, en este caso REE (también están Naturgy o Enagas para el caso del gas), por el hachazo a la retribución de las redes que amenaza las inversiones futuras. Un gasto que, además, en gran parte está destinado a mejorar el sistema actual de transporte de energías renovables y que la firma semipública estima en más de 6.000 millones de euros.
