Ni uno ni dos. Son hasta diez los grandes inversores institucionales que se han dirigido a la CNMC alertados por las medidas arbitrarias, tomadas sin consenso alguno por el regulador que aún hoy preside en funciones José María Marín Quemada.
Destrucción de empleo, parálisis económica y caída de la financiación en España en materia de sostenibilidad energética son algunas de las consecuencias más graves derivadas de la propuesta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que mantiene en pie de guerra al sector del gas.
Así al menos lo califican los principales fondos de inversión en un dura misiva al regulador con copia a las ministras de Economía y Transición Ecológica a la que ha tenido acceso MERCA2.
El pasado mes de julio la CNMC abrió la caja de Pandora del sector energético al plantear el cambio de las bases de retribución, que antes se centraban en el número de clientes captados y a posteriori se retribuirían por la amortización de activos en el caso de la distribución de gas. Desde entonces la batería de circulares y reacciones enfrentadas a la institución ha sido constante.
Sobre todo, porque a pesar de que este nuevo modelo no está previsto que se inicie antes de 2021, las principales empresas del sector, ya se han visto castigadas por una pérdida de más de 6.500 millones en la bolsa.
Además, hace ya semanas que se comentó que algunos de los fondos que desembarcaron en empresas como Naturgas o Madrileña Red de Gas podrían acabar acudiendo a un arbitraje internacional por la vulneración de la protección de sus inversiones. Un país como España no puede permitirse esas situaciones en ningún caso, pero menos aún en un momento de clara desaceleración económica mundial, donde dependemos en mayor medida de la inversión exterior.
Este proceso podría convertirse en una segunda parte de la pesadilla de las renovables, donde España se enfrenta a multas por más de 7500 millones de euros. En la actualidad España ya afronta la sentencia de 8 laudos arbitrales que la condenan a más de 1.000 millones de euros por haber violado el Tratado Europeo de la Energía y en los tribunales de arbitraje se acumulan todavía 34 reclamaciones.
Pero no sólo esto, como advertimos ya hace unos días, la crisis de confianza en el sector que no se había producido ni en los peores momentos de la reforma eléctrica, se suma a una triste realidad que pone en jaque las inversiones y, lo que es más duro, destruirá empleo.
De hecho, ayer lunes se conocía que el convenio de Madrileña de Gas facilita el ERE si hay un recorte a las redes. Este acuerdo entre la compañía y sus trabajadores abre la puerta a los despidos en la empresa que preside Pedro Mielgo, que prevé unos recortes de ingresos superiores al 30 por ciento con la nueva regulación de los activos del gas y que, según señala, tendría muy fácil iniciar un ajuste de plantilla de acuerdo al convenio vigente aprobado por el actual comité de empresa.
Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y algunos técnicos de la CNMC han manifestado su preocupación por unos recortes que consideran excesivos, y más allá de los recortes consideran injustificado el cambio de modelo.
LITIGIOS Y DESEMPLEO FRENTE A LA REFORMA DE LA CNMC
“Desproporcionados e impredecibles”. Así tachan los cambios impuestos por el regulador presidido por Marín Quemada, al que en MERCA2 hemos bautizado hace años cariñosamente como “Superlopez” (jamás nadie tuvo tanto poder, ni manifiesta incapacidad para utilizarlo), que alargará sus funciones al frente de un organismo zombie al tener el setenta por ciento de sus consejeros cesados y en funciones.
Los gigantes de la inversión internacional que suscriben la misiva (Allianz, RealGaz, SwissLife, CVC, Gingko Tree Investment, GIP, IIF, LPP, PGGM y CPP Investment Board) son responsables de inversiones de decenas de miles de millones de euros en España. Sus inversiones futuras, no sólo en el sector energético, sino en general en el país, quedan ahora en revisión ante la falta de predictibilidad y seguridad jurídica que según ellos muestra esté comportamiento errático liderado por la CNMC. La pelota está en el tejado de Gobierno español que debe ver con enorme con preocupación la innecesaria crisis creada por el regulador.
Allianz, Real Gaz, SwissLife, CVC, Gingko Tree Investment, GIP, IIF, LPP, PGGM y CPP Investment Board muestran su preocupación por la falta de predictibilidad en las decisiones de la CNMC
Así los inversores han dirigido la carta a la CNMC, y los ministerios de Energía y Economía asegurando que de aplicarse la totalidad de la propuesta, «la caída de la retribución del sector sería como mínimo del 32 por ciento». E incluso más grave para algunas compañías. Por ello, el debilitamiento de la inversión, la destrucción de empleo en estas empresas y en todos los proveedores e instaladores así como el inicio de un «largo y costoso período de litigios legales» son el marco que auguran estas compañías a la última idea feliz defendida por Martín Quemada.
Y es que el desconcierto por la falta de transparencia y la ausencia de diálogo con los protagonistas es algo que deja de manifiesto y sale ya de los corrillos del sector, que hasta hace unos días, no habían conseguido ni una manifestación pública o privada por parte del organismo.
Por otra parte, la sorprendente celeridad con la que se está abordando este proceso habiendo publicado la propuesta sin un trámite de elaboración previo transparente y que permita el diálogo con los implicados así como el hecho de que el período de alegaciones sea tan sólo de cinco semanas, genera mucha “preocupación” sobre la solidez del proceso, en opinión de las empresas gasísticas.
RECORTES SIN SENTIDO Y CONTRARIOS A LAS TESIS EUROPEAS
En el documento remitido al regulador critican a la CNMC, que no ha seguido las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre política y gobernanza y aseguran que la propuesta no se alinea tampoco ni siquiera con las orientaciones del Ministerio para la Transición Ecológica.
La falta de razones sólidas para la justificación de este nuevo modelo cuyo principal argumento es el alto precio del gas que paga el consumidor final es, en opinión de los inversores firmantes, más que evidente. Y lo es porque los costes de la distribución del gas representan únicamente el 10 por ciento del coste de la factura para los usuarios finales en España.
Para más INRI, según indican en su carta, España tiene hoy una de las retribuciones más bajas de Europa con 175 euros por punto de suministro frente a los 220 puntos de media.
Más allá de la diferencia entre las distintas economías europeas, parece claro que un recorte radical que dejaría en 119 puntos esta nueva retribución situando la tasa un 45 por ciento por debajo de la media en toda UE resulta, a lo menos, impactante.
“Los beneficios para los consumidores finales de la drástica reducción propuesta -32% media del sector- son desproporcionados en comparación con el daño que infringirían a la viabilidad futura del sector, suponiendo aproximadamente un ahorro medio de tan sólo un tres por ciento”, recalcan.
NEGOCIACIONES Y REACCIONES, CONSECUENCIAS PARA EL PAÍS
«Consecuencias negativas y duraderas para España». Esto es lo que anuncian los inversores si se implementan los cambios recogidos en la propuesta de la CNMC.
“Somos inversores internacionales de largo plazo, que representamos a fondos de pensiones, aseguradoras y firmas de inversión privada que han invertido miles de millones de euros en el sistema de distribución de gas español desde 2015 (…) y en su nombre nuestra inversión se basó en la existencia de una regulación estable y madura”.
Por ello, ante esta rotura de las reglas del juego las empresas auguran pérdidas, litigios y desempleo, pero sobre todo una desconfianza que deja en mal lugar a España y le resta rigor para crecer. Por ese motivo piden una reunión para debatir el futuro del gas en España y lograr un compromiso óptimo para todas las partes.
Consecuencias negativas y duraderas para España. Un largo periodo de litigios legales, causados por una reducción de la retribución imprevisible y sin precedentes en cuanto a su magnitud
«Estas situaciones llevarían a:
- La parálisis del sector del gas, con la consecuente suspensión de inversión futura en crecimiento del sistema con repercusiones relevantes en términos de generación de empleo, desarrollo económico y calificación crediticia de las compañías reguladas.
- La parálisis del sector llevaría a una significativa destrucción de empleo tanto en el sector del gas cómo en sus proveedores e instaladores.
- Un debilitamiento del interés inversor institucional internacional para financiar los ambiciosos planes de España en materia de sostenibilidad energética futura y en particular en sectores recientemente supervisados de forma más directa por la CNMC
- Un largo periodo de litigios legales, causados por la reducción de la retribución imprevisible y sin precedentes en cuanto a su magnitud»
«Somos inversores internacionales e institucionales de largo plazo, que representamos a un grupo amplio de fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos y firmas de inversión privada que han invertido miles de millones de euros en el sistema de distribución de gas español desde 2015, y han invertido un múltiplo de esa cantidad en la economía española en general. Nuestros inversores finales representan los intereses de millones de pensionistas, asegurados y empleados»
En este sentido, el presidente de la CEOE Antonio Garamendi volvía a tildar de “barbaridad” la reforma planteada por la CNMC durante la presentación de un informe en la Fundación Naturgy la semana pasada.
“Parece que nos vamos a cargar un sector de golpe” llegaba a afirmar el presidente de la CEOE que reclamaba también “predictibilidad y seguridad regulatoria” para evitar los altibajos de los mercados y la pérdida de empleo.
«España necesita energía de base, y la mejor actualmente es el gas”
El presidente de los empresarios no se ha echado atrás y ha criticado abiertamente que España quiera ir más rápido que el resto de la UE en materia de transición energética asegurando que “debemos transitar a la vez” y reclamando una vez más a la CNMC a «escuchar y valorar el análisis y puntos de vista de las empresas implicadas».
Porque no hay que olvidar que las empresas sólo invierten cuando hay seguridad jurídica y regulatoria. Y esta no puede estar en manos de un organismo en funciones, en el seno del cual hay importantes discrepancias entre sus consejeros que cada vez son más conscientes de las consecuencias para el país, para el empleo, para la inversión e incluso las legales que tienen sus decisiones.
Un toque de atención sin precedentes por parte de importantes inversores internacionales, que es realmente difícil de ignorar y no sólo por tratarse de un sector estratégico para el país que mantiene objetivos de inversión para los próximos años alrededor de los 270.000 millones de euros. ¡Cómo para prenderle fuego!
