Tras meses de informaciones sobre el caso Villarejo, la presión social y de los reguladores, la puntilla de Anticorrupción este miércoles ha obligado a BBVA a mandar un comunicado a todos los medios. En él, la entidad defiende que “la condición de investigado solicitada por la Fiscalía, y cuya eventual materialización es competencia del juez, no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito”.
En el escueto comunicado de tres párrafos, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha declarado que “quiero reiterar nuestro firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la justicia”.
En este sentido, ha añadido, BBVA ha venido aportando información a la causa desde su inicio, incluso con anterioridad a la apertura de la pieza nº 9. Posteriormente ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación ‘forensic’ encargada hace seis meses (a raíz de las primera publicaciones de MONCLOA.COM) a Garrigues, Uría Menéndez y PwC, información que no estamos autorizados a difundir públicamente dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial.
Por otro lado, el presidente de BBVA por fin ha querido mandar un mensaje a sus empleados sobre el caso Villarejo. No se había comunicado con ellos desde la carta enviada en enero. El pasado lunes estrenó un blog interno denominado The Pulse. Casualmente, dos días antes de que la Fiscalía Anticorrupción anunciara que ha solicitado la imputación de BBVA como persona jurídica en este turbio asunto.
En la primera entrada del blog, entre otros temas de actualidad, el máximo dirigente de la entidad habló de la mayor crisis institucional de BBVA desde su fundación en 2001. Carlos Torres explicó a sus empleados que “nuestra investigación del asunto avanza a buen ritmo, aunque no puedo comentar nada porque, como sabéis, está supeditada a la investigación judicial, todavía bajo secreto de sumario”. “Como era de esperar -añadió- hemos visto también que se van dando pasos en esa causa judicial, con la que seguimos colaborando activamente”. El presidente indicó que “mientras el asunto se resuelve tenemos que evitar prejuzgar hechos no constatados y, sobre todo, debemos mantener nuestro foco en nuestros clientes y trabajar conforme a nuestros valores para hacer realidad nuestro propósito y tener un impacto positivo en la sociedad”.
Carlos Torres ha pedido a los empleados del banco a través de un blog interno «evitar prejuzgar hechos no constatados»
En su primera comunicación con la plantilla después de que MONCLOA.COM publicara las primeras noticias sobre el caso Villarejo, Carlos Torres se mostró “escandalizado” y anunció que “de ser ciertas, se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables, diametralmente opuestas a lo que somos y a lo que todos nosotros representamos”.
LA FISCALÍA PIDE LA IMPUTACIÓN DE BBVA
Hasta la mañana del miércoles, la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para el espionaje masivo de empresarios, políticos y periodistas había sido un asunto de Francisco González y algunos directivos y ex directivos de BBVA durante su etapa como presidente del banco.
A partir de ese momento, la Fiscalía Anticorrupción ya apunta directamente a la entidad como persona jurídica implicada. Ha presentado un informe ante el Juzgado Central de Instrucción nº6 interesando la imputación “por hechos que sería constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, y que sea requerida para designar especialmente a una persona que la represente y comparezca en dicho condición”.
Tal y como ha comunicado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a través de la nota de prensa, “el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA acreditarían que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo Pérez, afectaron a varias áreas sensibles del Banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal”.
Dichas contrataciones, ha añadido el texto, habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial Grupo Cenyt con la condición de funcionario policial en activo de José Manuel Villarejo (delito de cohecho activo), y que, además, en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha apuntado en su informe que alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones (delito de corrupción en los negocios). De momento, el magistrado Manuel García-Castellón llamó a declarar bajo la calificación de “investigado” –lo que antes era imputado- a ocho directivos y exdirectivos de BBVA.
Estaban citados: al ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano; su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco, Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate, Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo; y al ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.
LOS CORPS DE FG, AL CORRIENTE
Los directivos citados por el juez García-Castellón se acogieron a su derecho de no declarar. Todos excepto Antonio Béjar González, en la actualidad consejero delegado de Distrito Castellana. Admitió que el banco contrató a la empresa del excomisario entre 2010 y 2013, pero para investigar en el patrimonio de clientes morosos con BBVA.
Sin embargo, algunas de las investigaciones publicadas desde enero en MONCLOA.COM dejan en evidencia que estaban al tanto algunos y otros eran un eslabón más de la cadena entre BBVA y José Manuel Villarejo. Varios ejemplos. El ex jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, mantenía un “acuerdo personal” con Villarejo más allá de los encargos para la entidad vasca. “Nosotros haremos nuestro acuerdo personal si el tema sale adelante”, le dice el comisario jubilado al exdirectivo. Por otro lado, Ángel Cano conocía los detalles sobre qué tipo de servicios prestaba Villarejo a la entidad presidida por Francisco González, tal y como ha quedado constatado en los audios publicados por MONCLOA.COM.
ARGUMENTO LEGAL CONTRA BBVA Y POSIBLES PENAS
Tras la no declaración de los antiguos responsables del banco ante el magistrado de la Audiencia Nacional, llega la imputación como persona jurídica de BBVA en la operación Tándem.
En el informe presentado, la Fiscalía analiza pormenorizadamente la concurrencia de los elementos que, con arreglo al art. 31 bis CP, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas a que se refieren los apartados a) y b) de su número primero y descarta por el momento que la Entidad BBVA pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, por lo que ha interesado que se desestime su solicitud de personarse en la causa como acusación particular.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas está prevista para todos estos delitos, por expresa indicación de los arts. 427 bis, 197 quinquies y 288 del CP. Más allá de las penas reflejadas en el Código Penal, que van desde una multa hasta la disolución de la persona jurídica, los abogados consultados por este medio ponen en duda la posible condena de BBVA. Jaime Juárez, abogado de PONS Compliance, señalaron recientemente a MERCA2 que la multa sería la pena “más normal” en caso de que el juez declarara culpable a BBVA como persona jurídica. El socio de Cremades & Calvo-Sotelo Juan Ortiz Úrculo calculó que “la multa máxima que se le podría poner es de 9,15 millones de euros salvo error que haya cometido”. “No supondría un gran perjuicio para el banco”, admitió Jaime Juárez.
La investigación sigue su curso, BBVA mantiene su presunción de inocencia y este grupo les informará de todas las novedades.
