Rigor, independencia y transparencia. Estos son los tres principios que deberían regir los designios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pero que, a juicio de inversores, compañías del sector energético y consultores corporativos, brillan por su ausencia. Este organismo que, en teoría debería ser autónomo para servir de contrapeso a la injerencia procedente del ámbito político, está siendo utilizado por el Gobierno –aún en funciones– en su ofensiva ideológica que afecta gravemente a la seguridad jurídica. Al menos eso es lo que piensan quienes se juegan el capital en este sector hiperregulado.
Fuentes de las principales compañías energéticas españolas señalan a MERCA2 que puede, incluso, existir prevaricación en las últimas decisiones de la CNMC, sobre todo desde que Teresa Ribera es ministra para la Transición Ecológica. La razón de esta acusación se encuentra en el hecho de que su marido, Mariano Bacigalupo, es uno de los miembros de la Sala de Supervisión Regulatoria del organismo que dirige José María Marín Quemada. Un evidente conflicto de intereses al que, de momento, ni desde el Gobierno ni desde la propia CNMC, se le quiere poner fin.
Además de Bacigalupo, en la citada sala de supervisión –compuesta por cinco consejeros– se encuentran otros cuatro miembros, de los cuales dos son cercanos al PSOE (Bernaldo Lorenzo) y al PNV (Xabier Ormaetxea), partidos que se necesitan el uno al otro y que han hecho frente común tras el enésimo cambio de rumbo de la formación vasca, que pasó de apoyar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a ser uno de sus más férreos opositores.
“El problema es que el Gobierno tiene secuestrada la CNMC, un organismo que sólo puede realizar su actividad desde la más absoluta independencia, justo en un momento en el que la intervención gubernamental está en niveles máximos y en el que existe mucho temor a que los socialistas se contagien de sus socios comunistas”, explica un asesor de una gran compañía del Ibex afectada por las últimas decisiones de la institución.
La espita la abrió la CNMC al proponer un cambio en las retribuciones de las redes de distribución y transporte, tanto en el ámbito del gas como de la electricidad, que recortaría entre 5.000 y 6.000 millones de euros los ingresos de las compañías. Los nuevos modelos de cálculo que plantea el organismo en sus nuevas circulares han provocado fuertes caídas en las cotizaciones de las empresas energéticas y han puesto en alerta a los gestores de fondos internacionales.
«LOS INVERSORES TIENEN PAVOR A LA INSEGURIDAD JURÍDICA»
“Los inversores tienen pavor ante la inseguridad jurídica que se abre en España por el ánimo intervencionista con el que se presenta este Gobierno en funciones, y que puede acrecentarse si Pedro Sánchez cede a las pretensiones intervencionistas de sus compañeros de Podemos”, indica a MERCA2 un consultor financiero español que trabaja en la City londinense.
La propuesta de la CNMC ha provocado una guerra abierta entre las empresas generadoras de energía y el organismo que dirige Marín Quemada, aunque la gota que ha colmado el vaso ha sido la petición expresa que ha hecho Teresa Ribera a los inversores para que no destinen su capital a empresas de hidrocarburos. A través de las redes sociales, la ministra ha defendido que los planes de pensiones no inviertan en las grandes petroleras anglosajonas BP, Exxon y Shell. Es un posicionamiento político que ha estado a punto de generar un conflicto diplomático y que en clave interna deja en una posición difícil a Repsol, la gran petrolera española.
Los departamentos jurídicos de las empresas afectadas por las decisiones del matrimonio Gobierno-CNMC estudian acciones legales y no descartan que puedan sentar en el banquillo a la cúpula del organismo por prevaricación. No sería la primera vez que la institución que dirige Marín Quemada acaba en los tribunales, ya que sus resoluciones suelen ser recurridas y algunas de ellas acaban en manos del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Empresas como Repsol, Telefónica o Sacyr han visto como sus multas millonarias quedaban en papel mojado tras ser tumbadas por los jueces.
GUINDOS NOMBRÓ A MARÍN QUEMADA
En el seno del PP se observa con preocupación la deriva de la CNMC y también con algo de responsabilidad, ya que al presidente del organismo lo puso Luis de Guindos en 2013 cuando era ministro de Economía por ser un hombre de su confianza. “Si algo se puede decir en contra del actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) es que no tiene mucha fortuna con los nombramientos”, indican fuentes populares que recuerdan el revuelo que provocó Guindos al mantener al frente de la secretaria de Estado de Investigación a Carmen Vela, nombrada por el anterior Ejecutivo del PSOE.
Por si todo esto fuera poco, el Gobierno está preparando una reforma integral de la CNMC que previsiblemente verá la luz en esta legislatura que ahora comienza tras haber sido investido presidente Pedro Sánchez. La prioridad será renovar a una gran parte de los seis miembros del consejo cuyos mandatos vencen en septiembre (incluido el de Marín Quemada), para después acometer una “revisión del funcionamiento” de la institución volviendo al esquema original de separación de funciones entre regulador de los mercados y organismo de defensa de la competencia.
Para intentar mitigar el impacto de las decisiones que tome la CNMC en materia energética antes de que se produzca la renovación del consejo y de su estructura, la Cámara de Comercio de España ha pedido al organismo y al Gobierno la apertura de “una fase de diálogo constructivo” con las empresas del sector para desterrar en la medida de lo posible la incertidumbre legislativa. En un comunicado, la organización manifiesta «la necesidad de dar previsibilidad regulatoria a largo plazo para una actividad clave en la economía española, como es el sector energético».
