Uno de los grandes problemas del grupo Correos es el elevado coste estructural que soportan las direcciones territoriales y las jefaturas provinciales. Mientras se debate sobre la necesidad de eliminar rigideces en el sector postal y ajustar el cálculo del dinero público que recibe la empresa estatal para cumplir con sus objetivos sociales sin competir de forma desleal, resulta que existen casi 1.700 altos cargos que trabajan en los citados departamentos de dirección con un sobrecoste de 91 millones de euros.
Esta cifra equivale a la mitad del dinero que recibe la compañía de los contribuyentes cada año para cumplir las obligaciones derivadas del Servicio Público Universal (SPU). Y es parte de la grasa que según los técnicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) debe eliminar Correos para ser más eficiente.
El análisis teórico realizado por los economistas de la institución que preside José Luis Escrivá se enmarca en el proceso de revisión de gasto (denominado spending review), que ha incluido un apartado específico para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Hablamos de una empresa que “en el segmento postal convencional y antes de cualquier tipo de compensación recibida, presenta un déficit operativo negativo en los últimos cinco años que, además, es muy superior al del resto de operadores europeos”. Por ello la AIReF recomienda una reorientación estratégica completa para ser rentable.
Dentro de este replanteamiento general de la estructura de la empresa, aparte de los incentivos identificados en las actividades de admisión, clasificación y distribución de los envíos postales, la AIReF ve “potenciales ganancias de eficiencia en los servicios centrales a partir de la reducción de estructuras intermedias o la reducción de las principales partidas de gasto”. A este respecto, recuerda que “la disminución o supresión de funciones intermedias es una estrategia habitual en modelos de red en otros sectores como consecuencia de la digitalización de los procesos”.
En el informe final publicado por la AIReF no se desglosa el ahorro concreto que supondría eliminar las direcciones territoriales y las jefaturas provinciales de Correos, pero según el documento preliminar que no se ha hecho público –al que ha accedido MERCA2– el ahorro sería de 31 y 60 millones de euros, respectivamente. Y los empleados afectados serían 1.697, según expone el organismo en este gráfico que no ha sido incluido en la versión final del documento publicada este miércoles:
En cuanto al resto del análisis, el organismo independiente incide en cuestiones que ya han sido puestas de manifiesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: que el modelo de cálculo para fijar el coste público del SPU no es adecuado e incentiva el despilfarro (o si lo prefieren fomenta la mala asignación de recursos estatales), lo que genera pérdidas recurrentes distorsionando, a su vez, un sector como el postal que cada vez más competitivo. Y por el lado de los ingresos, la Autoridad Fiscal recuerda que las tarifas de Correos no cubren los costes a pesar de haberse subido en los últimos años, y denuncia que la irracional política de descuentos a las grandes empresas lastran la capacidad financiera de la compañía.
PLANTILLA Y JEFATURA SOBREDIMENSIONADA
Además de los altos cargos, el estudio también constata que el resto de la plantilla de Correos está sobredimensionada. Los operadores postales de otros países evaluados por la AIReF han sido más decididos que Correos en la reducción de costes en relación a la disminución del negocio experimentada en los últimos años. En concreto, la empresa pública española ha reducido su plantilla un 9% para hacer frente a una caída de volumen del 31% durante el periodo 2012-2017; frente a una bajada promedio del 11% para una rebaja de la actividad del 18% en el resto de territorios analizados.
“Desde el punto de vista de los costes de personal, a excepción de Deutsche Post – DHL que ha incrementado sus efectivos, el resto de los operadores han comenzado una estrategia de bajada de costes vía reducción de plantilla. No obstante, Correos ha realizado una reducción de plantilla inferior al promedio de los otros operadores pese a que la caída de la demanda ha sido mayor”, expone AIReF el informe final. La importancia de esta variable es indiscutible, ya que los costes de personal absorben siete de cada diez euros de gasto de la sociedad estatal.
Junto con el ajuste de personal la Autoridad Fiscal pide al Gobierno que “flexibilice las obligaciones de servicio público para disminuir el coste del SPU”, aprovechando la reforma para “simplificar la compensación estatal y se centre en el despliegue territorial de la red, incluyendo únicamente las zonas rurales o las áreas donde los volúmenes sean bajos y no permitan una rentabilidad adecuada”.
MENOS DÍAS DE REPARTO Y AJUSTE DE OFICINAS
En cuanto a la estrategia corporativa, el organismo independiente plantea “apoyar la transición de una empresa volcada en el sector convencional hacia mercados distintos y muy competitivos como el de paquetería urgente”, así como realizar un plan de eficiencia que permita reducir los costes actuales y “adecuar los volúmenes de cada una de las redes a la capacidad y al personal disponible”.
Esto implicaría reducir el número de días de entrega, en la zonas de menos densidad de población, como ha hecho por ejemplo Italia, afectando al 25% de la población del país. La AIReF pide al Gobierno que “revise si esta opción sería adecuada en algunas zonas donde no exista demanda suficiente para un reparto de cinco días, siempre y cuando se garantice la calidad del servicio público».
Por lo que se refiere al futuro de las oficinas de Correos que no son rentables, la institución recuerda que se puede compaginar el cierre de sucursales con el mantenimiento del servicio. En esta línea pone como ejemplo a Francia, país en el que se han externalizado los servicios postales de forma que comerciantes locales de las áreas menos pobladas sean los encargados de atender a los ciudadanos. Otra posibilidad sería acercarse al modelo británico, en el que las oficinas postales “prestan otros servicios como la captura de datos biométricos para el pasaporte o la distribución de lotería».
