Itínere, en mitad de una crisis reflejada por sus números rojos en 2018, aprobará este jueves a Juan María Nin como nuevo presidente no ejecutivo de la compañía. Nin, que fue consejero delegado de CaixaBank y que ocupa la presidencia no ejecutiva también en Habitat Inmobiliaria, afronta un reto complicado en una empresa herida.
La designación de Nin tiene lugar en tanto está abierto y pendiente de resoluciones judiciales el contencioso que mantienen los dos mayores accionistas de la compañía de autopistas por hacerse con su control.
Se trata del fondo Corsair, que tras comprar en los últimos meses participaciones de otros socios de Itínere, entre ellos la de Sacyr, suma un porcentaje del 60% en el capital de la empresa, y Globalvía, grupo de concesiones también controlando por fondos extranjeros, que cuenta con un 40,1%.
Precisamente, Globalvía, que ha visto rechazada su pretensión de entrar en el consejo de Itínere, actualmente recurrida en los tribunales, ha incluido un complemento al orden del día de la junta, en el que pide información sobre varios asuntos.
En concreto, el grupo que preside Juan Béjar pregunta sobre la adaptación de los túneles de las autopistas a la normativa europea, las eventuales sanciones impuestas a la autopista AP-9 Ferrol-Tui o el posible cambio de titularidad de esta vía.
En cuanto al resto de puntos del orden del día ordinario de la junta de Itínere figura precisamente el nombramiento de cuatro consejeros en representación de Corsair y su socio APG. Se trata de Hari Rajan, Rene Defize, Laurens-Jan Sipma y Arjan Reinders.
Además, se reelegirá a Francisco Javier Pérez Gracia como consejero delegado, y se designará a PwC como nueva firma auditoria de sus cuentas en sustitución de KPMG.
‘NÚMEROS ROJOS’ EN 2018
Itínere, segundo operador de autopistas del país, con vías que suman unos 500 kilómetros, presentará a la junta sus cuentas de 2018, que reportaron ‘números rojos’ de 25,75 millones de euros un 1,2% superiores a los de un año antes. La cifra de negocio se mantuvo en los 276,8 millones de euros.
Las cuentas del grupo del pasado año aún no se ven afectadas por la conclusión del contrato de concesión de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, toda vez que tuvo lugar el 30 de noviembre. No obstante, recogen el coste de 3,30 millones que supuso el ERE que aplicó a los 42 trabajadores de la vía vinculados al cobro de peajes.
En este sentido, Itínere aún está pendiente de cerrar formalmente la reversión al Estado de esta vía después de que se convirtiera en la primera del país que cumplía su contrato de concesión y pasara a ser gratuita.
La compañía calcula que a aún tardará un año en cerrarse el traspaso, dado que Fomento tiene aún en estudio «aspectos y documentos» de la infraestructura necesarios para cerrar el expediente para su reversión.
Durante el pasado año, la AP-1 generó ingresos por cobro de peajes, desde enero hasta que el 30 de noviembre se levantaron las barreras de cobro, de 67,03 millones de euros, el 24,2% del total.
