Las grandes compañías americanas, entre las que se encuentran Microsoft y Amazon en el ámbito tecnológico, han azuzado a Donald Trump para que intervenga en la aplicación de la tasa digital que deberán pagar en muchos países, entre ellos España. Así, este gravamen digital que espera sacar adelante Pedro Sánchez una vez que forme Gobierno puede tener menos impacto del esperado.
La situación arranca porque 70 compañías estadounidenses, entre las que se incluyen gigantes tecnológicos como Cisco, HP, Amazon o Microsoft, han enviado una carta al Senado americano instando a que se aprueben y promuevan tratados bilaterales para abordar las tasas digitales que algunos países tienen pensado llevar al margen de acuerdos internacionales.
Esto, lógicamente, pone a España como uno de los principales focos de atención. Sobre todo para empresas como Microsoft o Amazon que tradicional ya han tenido tiranteces con los gobiernos de turno en materia impositiva.
Sobre el contenido de la carta, que se envió hace unas semanas al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell; y al presidente del comité de relaciones exteriores con el Senado, James Risch, no cabe lugar a la interpretación: piden apoyos y protocolos con acciones expeditivas para atajar la situación.
Las medidas irían encauzadas contra la posible doble tributación; es decir, el hecho de que ya pagan en cierta forma, aunque en muchas ocasiones bajo filiales que luego reportan a otros destinos; y, por otro lado, con las retenciones impositivas. No obstante, un informe de analistas de Bloomberg asegura que esta tramitación está siendo más lenta de lo esperado por atascos en el Senado. Lo bueno para estas empresas como Microsoft y Amazon es que, al menos en España, el proceso electoral vivido recientemente y la elaboración de Presupuestos Generales (PGE) también está haciendo que todo se retrase.
AMAZON Y MICROSOFT A LA ESPERA
Según aclaran los analistas de Bloomberg, Cisco, HP, Microsoft o Amazon estarían en un momento tenso de espera a la espera de la aprobación de las medidas pertinentes para que, de algún modo, escapen a la futura tasa digital. Al menos a la española, y en parte.
El miedo por parte de las compañías estadounidenses es que la propuesta que hay sobre la “tasa Google”, a veces llamada así por el gigante americano, crezca en intensidad una vez que se forme un nuevo Gobierno.
Actualmente el objetivo es cobrar a las grandes empresas con unos ingresos en nuestro país superiores a los 3 millones de euros y unos ingresos totales al año de 750 millones de euros. Estas empresas deberán pagar el 3% sobre la facturación de los servicios de publicidad online, intermediación en línea y de la venta de datos de la información de los usuarios. Quedando excluidas aquellas actividades minoristas de comercio electrónico.
La tasa digital es una de las medias recaudatorias que tiene pensado implantar el Gobierno de Sánchez
Por ahora, estas empresas como Microsoft o Amazon cuentan con el respaldo de la Administración Trump que, en más de una ocasión, ya ha expresado su oposición contra los países europeos que tienen intención de llevar a cabo un doble gravamen contra las compañías de ámbito tecnológico. Asimismo, en el pack de reclamaciones, según consta en el informe de Bloomberg, habría rebajas para repatriación de dividendos y plusvalías.
Otras empresas que han mostrado su apoyo, y que algunas son sospechas habituales en temas impositivos en España, son Medtronic, Airbnb y WeWork. Muchas de ellas con clásicas tributaciones repartidas por Europa, donde reportan desde las filiales a países como Irlanda u Holanda.
¿UNA PREOCUPACIÓN REAL?
La derivada de todos estos movimientos, y depende de cómo salgan, se sitúa en las represalias que puede tomar la Administración Trump con las empresas europeas. Así, el comisario de asuntos económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, ya ha dejado claro en más de una ocasión que el trato con el presidente americano a veces va por cauces distintos a la racionalidad.
En este sentido, desde Bruselas asumen que el principal objetivo en caso de que las tecnológicas americanas no queden bien paradas sería el sector automovilístico alemán. Así, en lo que afecta a España, podría tener impacto directo en las fábricas que ahora mismo tienen relación con Seat.
Y no debe sorprender. En la guerra comercial que en estos momentos mantiene Estados Unidos con China se están comprobando los daños colaterales. En este caso es el fabricante de tecnología móvil Huawei el que ha visto un veto masivo para que los proveedores estadounidenses no negocien con ellos. Por lo tanto, nadie descarta que si finalmente se aprueba una tasa digital y desde el Senado americano no son capaces de parar el golpe haya represalias contra intereses europeos.
EL GOBIERNO ESPAÑOL, DECIDIDO
Ante este escenario, el Gobierno español parece estar decidido y, sobre todo, cargado de razones. Su último asalto a la tasa digital se vio suspendido por la falta de acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales, ley en la que vendría incluida dicha tasa.
En su programa electoral estaba recogida la medida; así, es de esperar que Pedro Sánchez aplique esta “tasa Google” a los Microsoft, Amazon y todo aquel que cumpla con los requisitos. Además, en estos momentos existe una armonización que asume que estos impuestos deben cobrarse.
Los últimos cálculos oficiales de las grandes economías del mundo encuadradas en la OCDE datan de 2015 –aún está en elaboración un informe con cifras más recientes– y entonces se estimaban unas pérdidas de ingresos por esa problemática de elusión fiscal de hasta 215.000 millones de euros. Esa suma equivaldría al 10% de los ingresos de impuestos corporativos globales.
El problema es que ahora ese problema se ha demorado bastante por falta de coordinación, y empresas como Amazon o Microsoft no han sentido la presión. Sin embargo, fue en marzo de 2017 cuando los ministros de Finanzas del G-20 aprobaron la puesta en marcha para un “marco inclusivo”, que entregó su primer informe provisional en marzo de 2018 aunque solo se establecían ideas generales.
El resultado llega ahora, con vistas a que en el próximo encuentro ministerial del G-20 –previsto para los días 8 y 9 de junio en Fukuoka (Japón)– sea aprobada la nueva hoja de ruta, que a su vez sería refrendada por los líderes internacionales en la cumbre de los días 28 y 29 en la ciudad nipona de Osaka.
