La nueva legislatura que está a punto de comenzar puede provocar una revolución en la gestión de los residuos y el reciclaje que acabe con el monopolio de Ecoembes, conglomerado corporativo que actúa de intermediario entre más de 12.000 empresas y los ayuntamientos mediante el denominado sistema integrado de gestión (SIG). Según ha podido saber MERCA2 el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez quiere extender en España el modelo alternativo, el conocido como SDDR (sistema de depósito, devolución y retorno), que incentiva a los consumidores a reciclar pagándoles por envase entregado.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera confirman a este diario que “el SDDR es una posibilidad que está sobre la mesa” enmarcado en la Estrategia de Economía Circular que está a punto de presentar el Gobierno en la Legislatura que ahora comienza, junto con la Hoja de Ruta de Plásticos. Ambas iniciativas están respaldadas por las autoridades comunitarias. “Hay que ver la viabilidad del SDDR y cómo encaja en el marco de la estrategia global, por eso se está realizando un informe sobre cómo implantarlo y sus costes”, añaden las fuentes consultadas.
No es la primera vez que se estudia impulsar este modelo de gestión de residuos en España. Cuando Teresa Ribera era secretaria de Estado de Cambio Climático –cargo que ocupó entre 2008 y 2011 con el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– ya se planteó la posibilidad de potenciar el SDDR, aunque finalmente no salió adelante. Además, el 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley presentada por EQUO, Unidos Podemos y Compromís en el que se instaba al Ejecutivo a poner en marcha el SDDR como complemento y mejora del actual SIG.
Los defensores del SDDR llevan años solicitando estudios independientes e imparciales para calibrar la conveniencia de plantear este modelo para luchar contra la crisis de los residuos y la acumulación de basuras. “El sistema de devolución de envases permitiría avanzar hacia el modelo de economía circular del que ahora mismo estamos alejados. Las ventajas del SDDR se extienden también a la reducción de CO2 y a la creación de empleo verde”, señala Juan Antonio López de Uralde, fundador de EQUO y ex director de Greenpeace España.
Según los datos del Gobierno, existe riesgo de incumplimiento por parte de España respecto a los objetivos planteados por la Comisión Europea para 2020 en materia de reutilización y reciclado de residuos municipales. En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso MERCA2, el pasado enero el Ejecutivo mostraba su preocupación porque con los datos del año 2015 (tasa del 30% de reciclado, del 57% en vertidos y 13% de incineración) España no podrá alcanzar las metas exigidas por Bruselas, lo que podría generar una apertura de proceso de infracción.
¿QUÉ ES EL SDDR?
El SDDR es un sistema de gestión de residuos que asocia un valor/precio a cada envase para que éste sea devuelto por el consumidor para su reciclaje. La plataforma Retorna explica que “es un sistema paralelo a los SIG y que sólo va destinado a los envases de bebidas”, por lo que “los sistemas integrados de gestión que funcionan actualmente deberán seguir existiendo para multitud de envases que no están incluidos en el SDDR”, tales como latas de conservas, envases de productos lácteos, licores y vinos o bandejas de plásticos.
El funcionamiento es sencillo: los productores (embotelladores, importadores o distribuidores) pagan el depósito al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado. Y los comercios compran los bienes a los productores, abonando el precio del producto más el citado depósito por cada envase, que trasladan al precio de venta. La ventaja de este sistema para el consumidor es que cuando lleva el envase al comercio (una vez consumido el producto) se le devuelve del depósito. Es un modelo similar al que existía en España cuando se llevaban a las tiendas las botellas de cristal de las bebidas para obtener un descuento en la siguiente compra.
“Si el consumidor no quiere devolver el envase, la cantidad queda en el circuito y ayuda a financiar el sistema. Y el operador devuelve a los comercios lo que han pagado a los consumidores según recibe los datos de parte de éstos. Realiza la compensación entre los agentes que intervienen en ciclo. Además se encarga de gestionar la logística de los envases, la correcta recuperación de los materiales y controlar el flujo económico entre los diferentes agentes que intervienen. Por su parte la Administración Pública se encarga de controlar la transparencia de las estadísticas y datos de la gestión del operador y audita las cuentas de todo el sistema.”, explica Retorna.
ECOEMBES SOBRE EL SDDR: “NADA ES LO QUE PARECE”
Ecoembes no está de acuerdo en que el SDDR sea el sistema más adecuado para gestionar los residuos en España y cuestiona tanto su viabilidad económica como sus beneficios para el medioambiente. El hecho de que comunidades autónomas como Valencia o Baleares ya hayan realizado intentos para adoptar este modelo alternativo (o complementario) al SIG ha provocado que desde la empresa se haya iniciado una campaña bajo el lema “SDDR: nada es lo que parece”.
«Tras analizar en detalle el SDDR la conclusión es clara: es un sistema que no nos permite mejorar de manera determinante las cifras de reciclaje y, además, es peor para el ciudadano, el comercio y el medio ambiente. Las cifras de participación ciudadana en el reciclaje no para de crecer cada año; creemos que si seguimos como hasta ahora, reforzando el sistema, haciéndolo evolucionar y poniendo en valor la importancia de la educación ambiental y el compromiso ciudadano con el medio ambiente, seguiremos avanzando con paso firme hacia una economía circular 100% sostenible«, explica a MERCA2 un portavoz oficial de la compañía.
Por su parte la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se suma a los detractores del SDDR y en un informe elaborado en 2017 calcula que implantación de este sistema generaría una pérdida de ingresos de entre 78 y 88 millones de euros para los ayuntamientos. Además, indica que requeriría una inversión de casi 1.400 millones de euros con un coste neto anual de 1.980 millones, trece veces superior al sistema actual.
Asimismo, la FEMP concluye que la reducción de los residuos gestionados también tendría un impacto directo en el número de contenedores y en la frecuencia de la recogida que afectaría de forma directa a los ciudadanos y al servicio prestado. «Un aspecto que también sería determinante para las plantas de tratamiento y selección, que quedarían sobredimensionadas y deberían ajustarse a un cambio en la composición y características de los residuos de entrada.
¿INTERESES OSCUROS DETRÁS DEL SDDR?
Además de la oposición de Ecoembes –que se comprende por los intereses particulares que de mantener su monopolio amparado por la ley– y de la FEMP –también afectada por el fin del SIG- existe también un colectivo de especialistas medioambientales que cuestionan también el nuevo sistema que estudia el Gobierno y que ven intereses oscuros en que haya sido introducido en el debate político y social.
Según indican activistas agrupados en la plataforma SDDR.info este modelo alternativo “perjudica enormemente a consumidores, comerciantes y, lo que es peor, al medio ambiente” y tiene un único beneficiado: la multinacional noruega Tomra, que es quien fabrica las máquinas que se utilizan para realizar las devoluciones de los envases en los países donde está implantado este sistema.
